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Los bonos Carrasquilla: ¿una captura del Estado para beneficio propio?

Por Helena Villamizar* (razonpublica.com)

Por donde se le mire parece que el ministro Carrasquilla faltó a la ética al influir en una reforma constitucional que acabó beneficiándolo. ¿Otro caso de captura del Estado (es decir, corrupción desde dentro del poder)?

Un plan maquiavélico

Como ministro de Hacienda de Álvaro Uribe, Alberto Carrasquilla ejecutó numerosas accionesque tuvieron grandes costos para el país. Y después de ser ministro siguió  profundizando su legado que ha empobrecido a numerosos entes territoriales.

Carrasquilla fue el gestor de los llamados “bonos de agua”, que el diario El Tiempo calificó como una “pesadilla para 117 municipios”, pero que resultaron sumamente exitosos para sus diseñadores.

Según el periodista Alberto Donadío en este proyecto “solo existió un ganador, los señores de Konfigura (llámese Patrimonio Autónomo Emisor y Prestamista, llámese Alberto Carrasquilla y Andrés Flórez, llámese grupo estructurador)”. Durante unos cinco años su intermediación en los créditos a los municipios les produjo aproximadamente catorce mil millones de pesos anuales.

Así explicaba Carrasquilla su diseño: “Por un lado, juntamos municipios que comprometan los recursos que el Sistema General de Participaciones les destina para invertir en agua potable y saneamiento básico (…). En el otro lado hay inversionistas que, sobre la base de la predictibilidad de las transferencias, ponen su plata. Yo recojo los recursos y los entrego a los municipios, que tienen veinte años para pagar el servicio de esa deuda. Desde el punto de vista del inversionista son bonos y para los municipios son crédito”.

Durante unos cinco años su intermediación en los créditos a los municipios les produjo aproximadamente catorce mil millones de pesos anuales..

Pero esta sencilla explicación omite ciertas características que convirtieron este sistema de financiamiento en un calvario para numerosos municipios. El diablo está en los detalles, dice el refrán. Por ejemplo, mientras las tasas de interés del mercado estaban alrededor del ocho por ciento, las de estos créditos estaban entre el once y el diecisiete por ciento.

Por otra parte, no había opción de renegociar ni de pre-pagar estas deudas, como era normal en las finanzas municipales, lo que obligaba a los municipios a seguir pagando esos altos intereses —y aun teniendo los recursos para cancelar la deuda—. Tan perverso resultó el esquema que Ana Lucia Villa, jefe de la Unidad de Apoyo Fiscal del ministerio de Hacienda, aconsejó a algunos municipios adelantar acciones judiciales debido al “marco legal ligero” que sustentaba la operación de referencia.

Había otra  condición para hacer posibles dichos bonos, según lo admite su gestor: “Hasta la Ley 1176 del 2007, que reglamentó las transferencias, era difícil decirle a un inversionista que interviniera, porque no había un compromiso estatal con el sector de agua potable y saneamiento básico. Eso marcó la diferencia”.

Gran diferencia, sin duda. Como explica el senador Jorge Enrique Robledo: “La Ley 358 de 1997, con buen criterio, no permitía que la plata de los municipios proveniente del Situado Fiscal —luego Sistema General de Participaciones (SGP)— se pignorara para operaciones financieras de futuros. Pero el ministro Carrasquilla, muy acucioso, tramitó en el Congreso una reforma constitucional que ordenó lo que sería la Ley 1176 de 2007,  estableciendo que en adelante sí se podría”. El artículo 11 de la citada Ley, firmada dos años después por su sucesor, introdujo la “innovación” que permitiría estas transacciones financieras. Como dice sin tapujos Carrasquilla: “todo porque hay garantía de pago, con las transferencias”.

Los defensores del ministro aducen que sus actuaciones fueron legales. Pero esta legalidad se debe directa y exclusivamente a la reforma de la Constitución que él mismo promovió como ministro.

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Graves consecuencias

Bonos de Agua.
Bonos de Agua.
Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

El resultado de estos bonos de agua fue tan malo que de los 117 municipios a quienes fueron desembolsados quinientos mil millones de pesos para acueducto y alcantarillado, solo treinta culminaron las obras, lo cual dejó en riesgo cuatrocientos mil millones de pesos. Esta situación ya había llevado a una sonada disputa entre el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, y el exministro Carrasquilla, y a la denuncia que interpuso el primero ante los órganos de control para establecer los responsables del descalabro.

Dichos créditos no solo fueron excesivamente costosos, sino que en varios casos correspondieron a proyectos sin supervisión, e inclusive a la adquisición de deudas sin que existieran diseños previos. Según Henao, Carrasquilla los llenó de derechos de petición, lo que obligó a que los giros se hicieran directamente, sin permitir que el ministerio revisara los proyectos.

Así, mientras Carrasquilla se beneficiaba, algunos municipios ni siquiera podían costear subsidios para los más pobres. Ante semejante descalabro, el gobierno tuvo que intervenir comprando los bonos a través de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter).

Pero no solo los municipios salieron damnificados. También numerosos ahorradores e inversionistas en fondos de pensiones acabaron convertidos en tenedores forzosos de estos bonos, pues no existía mercado secundario para ellos dada su mala reputación.  Cabe señalar que parte de los bonos fueron intermediados por la firma Interbolsa, cuyas acciones ilícitas para conseguir la licencia de creador de mercado de TES (fuente principal de su gran enriquecimiento), conocidas por Carrasquilla desde 2003, no derivaron en su cierre ni en el retiro de su licencia.

Como señaló El Nuevo Siglo: “El error es que (sic) se permitió que pese a tales irregularidades al descubierto siguiera funcionando, cuando hasta en los casinos de Las Vegas, si se descubre que hacen trampas, se les retira la licencia y se procede al cierre”.

Por otra parte, Carrasquilla demostró su inclinación a beneficiar los intereses del capital financiero por encima del bienestar de los colombianos al afirmar que “era un muy mal mensaje para los inversionistas extranjeros que se rumorara que las condiciones de estos bonos iban a ser flexibilizadas”. En efecto, sus rígidas condiciones, según Ana Lucia Villa, se convirtieron en un obstáculo insalvable para pre-pagar o cancelar los costosos créditos municipales. ¿Desconocía el “técnico” Carrasquilla estas implicaciones de su modelo financiero para los municipios?

¿El resultado? “Durante cinco años los municipios pagaron intereses desproporcionados, nunca se realizaron abonos a capital y el dinero obtenido a través del plan de Carrasquilla finalmente no se empleó según lo propuesto, pues el seguimiento y la socialización para tal efecto fueron deficientes o nulos por parte de los estructuradores”.

Cuentas pendientes del pasado

Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla.
Ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla.
Foto:  Ministerio de Hacienda

Cabe preguntarse si este caso es una captura del Estado, denominación que los organismos multilaterales dan a una forma de corrupción en economías en transición “donde los intereses privados influyen significativamente en los procesos de toma de decisiones de un Estado para su propio beneficio”. En otras palabras, “procesos de corrupción desde la misma generación de las normas y las políticas públicas”.

En su respuesta a los cuestionados bonos, Carrasquilla falta a la verdad. Aducir que la constitución de la empresa Navemby Investment en Panamá se debió a la prohibición de mantener cuentas en dólares aquí y a la necesidad de ingresar dólares al país para los inversionistas estadounidenses es, según José Roberto Acosta, falso y sospechoso, pues dichas operaciones no requieren mantener cuentas en dólares ni entrar y salir “por esa tierra de elusión tributaria”.

Los bonos Carrasquilla no fueron solo un “error” de un negocio privado, como dicen los defensores del ministro. Además de la captura del Estado que permitió configurar el pernicioso plan financiero, las recientes revelaciones del periodista Daniel Coronell muestran graves faltas a la ética y a la transparencia que deben regir las actuaciones de todos los funcionarios públicos.

Carrasquilla carece de las cualidades de gran “técnico” que le atribuyen y de la estatura moral para desempeñar una alta investidura del Estado.

Según dice Coronell, a raíz del escándalo de los Papeles de Panamá y los cuestionamientos del BBVA Perú sobre la solvencia moral de Konfigura, fue necesario revelar los verdaderos propietarios de esta sociedad, cuyo socio principal Navemby Investment (con el 98 por ciento de las acciones) había sido constituida con acciones al portador y por lo tanto sus dueños eran secretos. Así se develó que Carrasquilla y Andrés Flórez no tenían apenas el 1 por ciento de las acciones cada uno, sino que eran dueños por partes iguales de Konfigura, junto con Lia Heenan Sierra, otra exfuncionaria ligada al ministerio de Hacienda en los tiempos de Carrasquilla.

Carrasquilla carece de las cualidades de gran “técnico” que le atribuyen y de la estatura moral para desempeñar una alta investidura del Estado. Tan solo los bonos de agua, que empobrecieron a numerosos municipios, y su monumental “error” al otorgar la mayoría accionaria en la ampliación de la Refinería de Cartagena a Glencore, una multinacional sin ninguna experiencia en el campo, bastarían para inhabilitarlo para regir las finanzas nacionales.

Entre sus tempranos anuncios el nuevo ministro ha dicho que “hay que reformar el Sistema General de Participaciones para favorecer la asignación para educación”. En caso de que sus acciones pasadas no lleven a su destitución, los colombianos debemos estar muy atentos para que el nuevo diseño que tenga en mente no termine otra vez enriqueciéndolo a él o sus amigos del capital financiero.

 

*  Economista de la Universidad de los Andes y DEA en Economía del Desarrollo de la Universidad de Paris I Panteón–Sorbona. Blog: helenavillamizar.blogspot.es

 

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