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Libertad de información es derecho fundamental de doble vía, explica la Corte Constitucional

Legis al Día

Imagen ecopetrol.com
Así procede la rectificación ante información errónea, parcial e imprecisa
(Corte Constitucional, Sentencia T-022 – 1/23/2017)
La Corte Constitucional explicó que la libertad de información es un derecho fundamental de doble vía, dado que su titular no es solamente quien emite la información, como sujeto activo, sino quien la recibe, como sujeto pasivo.

En esa medida, exige responsabilidades y deberes específicos de quien difunde la noticia, lo que significa que esta información sea “veraz e imparcial” y, además, evite vulnerar los derechos fundamentales de terceros, particularmente a la honra, al buen nombre y la intimidad.

En virtud de ello, precisó que cuando estas noticias no cumplen dichos parámetros la persona que se siente perjudicada por informaciones erróneas, inexactas, parciales e imprecisas puede ejercer su derecho de rectificación ante el medio respectivo, para que se realice la respectiva corrección conforme a sus intereses, si hay lugar a ello.

Según el fallo, este derecho procede cuando a través de un medio de comunicación se ha difundido una información que no corresponde a la verdad o que presenta una visión parcializada o incompleta de los hechos. Finalmente, afirmó que la garantía efectiva del derecho a la rectificación en condiciones de equidad implica que la corrección tenga un despliegue comunicativo similar al inicial que se haga dentro de un tiempo razonable y que el medio de comunicación reconozca su error (Magistrado Ponente. Luis Guillermo Guerrero).

revistacorrientes.com publica los apartes pertinentes de la sentencia transcrita por Legis al Día,  debido a la extensión del fallo:

6. Caso concreto

6.1. Tal y como se expuso en los antecedentes de esta providencia, Roberto Eladio Espriella Fernández le atribuye a Ecopetrol S.A. la vulneración de sus derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y al trabajo, como consecuencia de haber publicado, en su sitio web oficial, información relacionada con los hechos que motivaron su despido de esa empresa y que, en su sentir, lo relaciona con grupos armados al margen de la ley y actos de corrupción, sin que ello sea cierto.

Con relación a lo anterior, en su escrito de tutela el actor manifiesta que la violación de sus derechos proviene no solo del boletín de prensa publicado por la demandada el 19 de febrero de 2015, sino también de la recopilación de información inexacta divulgada por diversos medios de comunicación que, sin  ningún tipo de aclaración, hizo pública también en su página web. Sin embargo, la Sala encuentra que esta última afirmación carece de sustento probatorio, toda vez que no se aportó ningún tipo de documento o cualquier otro elemento de juicio que permitiera evidenciar la existencia de tales publicaciones; en contraste, la demandada allegó copia impresa del referido boletín de prensa y certificación expedida por el jefe de la Unidad de Comunicaciones Corporativas de la entidad, mediante la cual informa que “el único comunicado de presa publicado por la Empresa en su página de Internet www.ecopetrol.com.co, que hace referencia al señor Roberto Eladio Espriella, es el fechado el 19 de febrero de 2015”.

Adicionalmente, luego de realizar la correspondiente búsqueda en internet, la Sala constató que los titulares de prensa a los que hace referencia el demandante se encuentran publicados en los sitios web oficiales de los diarios El Tiempo y La República, así como de la W Radio, sin que, en esta oportunidad, la acción de tutela se haya dirigido también contra dichos medios de comunicación.

6.2. Una vez dilucidado este aspecto, para efectos de resolver el problema jurídico propuesto, la Sala se centrará en el análisis del contenido del boletín de prensa publicado por Ecopetrol S.A. el 19 de febrero de 2015, con el fin de verificar si, en ejercicio de la libertad de información, dicha entidad vulneró los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y al trabajo de Roberto Eladio Espriella Fernández.

Bajo ese contexto, el presente caso plantea, de entrada, un conflicto entre el derecho fundamental a la libertad de expresión e información y los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. Por consiguiente, la Sala se aparta del planteamiento hecho por el juez de segunda instancia, quien abordó la cuestión desde el punto de vista del derecho al habeas data, toda vez que la discusión no se centra en información recopilada en bases de datos o archivos de que trata la Ley 1581 de 2012, sino en información de contenido periodístico, ámbito exento del régimen de protección de datos personales regulado en dicha ley.

6.3. Como ya se mencionó en la parte considerativa de esta providencia, debido al impacto que puede generar en la formación de la opinión pública, el ejercicio de la libertad de expresión conlleva claros deberes y responsabilidades para su titular que, por expreso mandato constitucional, se traducen en que la información que se transmita sea “veraz e imparcial”, es decir, que sea cierta o, cuando menos, verificable razonablemente, y no mezcle hechos y opiniones sin que se advierta al receptor del mensaje. En consecuencia, cuando se difunde, a través de medios masivos de comunicación, informaciones falsas, erróneas o inexactas sobre una persona que distorsionen el concepto público que se tiene de ella, afectado su reputación y su imagen, se vulneran los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre.

6.4. Con base en dichas reglas, para efectos de establecer la posible violación de los derechos fundamentales del actor, debe la Corte analizar el contenido

del boletín de prensa emitido por Ecopetrol S.A. Dicho boletín es del siguiente tenor:

“La empresa termina contrato a funcionario que recibió pagos de un contratista

La decisión se adoptó por violaciones al Código de ética, el Reglamento Interno de Trabajo y el Código Sustantivo del Trabajo.

Ecopetrol S.A. informa que ante las evidencias presentadas hoy por un medio de comunicación sobre consignaciones de Francisco Elizondo, directivo de la firma Sicim a una cuenta personal del señor Roberto Espriella, ingeniero de la gerencia de soluciones integrales de transporte y logística de Ecopetrol, la empresa tomó la decisión de dar por terminado de forma inmediata su contrato de trabajo.

La determinación se produjo luego de que el funcionario fue llamado por la empresa esta mañana a presentar descargos. En la diligencia el señor Espriella reconoció la existencia de dos transferencias hechas por Francisco Elizondo a una cuenta personal.

La recepción de dinero de un trabajador de Ecopetrol por parte de un contratista es un hecho reprochable que viola el Código de Ética, el Reglamento Interno de Trabajo y el Código Sustantivo de Trabajo.

Desde el pasado 4 de febrero cuando se conoció la información pública sobre la supuesta relación de la empresa Sicim con grupos al margen de la ley, Ecopetrol puso en conocimiento de la Fiscalía estos hechos.

Posteriormente, el 11 de febrero, Ecopetrol solicitó a la Oficina de Control Disciplinario iniciar una investigación interna por la información pública en la que se mencionaba a Roberto Espriella en este caso. Con base en la información obtenida hoy, Ecopetrol ampliará la denuncia ante la Fiscalía.

Ecopetrol rechaza todo acto de corrupción y está atenta a prestar toda su colaboración a las autoridades para que se aclaren los hechos y se castigue a los responsables”.

Del citado boletín titulado: “La empresa termina contrato a funcionario que recibió pagos de un contratista”, la Sala encuentra que el mismo se basa en una narración suscita de los hechos que motivaron la terminación unilateral del contrato de trabajo de Roberto Eladio Espriella Fernández con Ecopetrol S.A. y de las acciones subsiguientes adelantadas por esa empresa. En efecto, (i) inicia señalando que “ante evidencias presentadas por un medio de comunicación –no identifica cuál pero está probado que se trata de la W Radio (f. 125-126)– sobre consignaciones de Francisco Elizondo, directivo de la firma Sicim, a una cuenta personal del señor Roberto Espriella, la empresa tomó la decisión de dar por terminado de forma inmediata su contrato de trabajo”; (ii) seguidamente, explica que la terminación del vinculado laboral se produjo luego de que fuera llamado a rendir descargos y en dicha diligencia reconociera la existencia de dos transferencias de dinero hechas por Francisco Elizondo a una cuenta personal –hecho cierto que se encuentra plenamente acreditado en virtud del acta de diligencia de descargos aportada al trámite de tutela (f. 129-130)–; (iii) continúa el comunicado indicando que “la recepción de dinero de un trabajador de Ecopetrol por parte de un contratista es un hecho reprochable que viola el Código de Ética, el Reglamento Interno de Trabajo y el Código Sustantivo de Trabajo” –situación objetiva que no amerita discusión alguna–; (iv) posteriormente, menciona que, “cuando se conoció la información pública sobre la supuesta relación de la empresa Sicim con grupos al margen de la ley, Ecopetrol puso en conocimiento de la Fiscalía estos hechos” –aseveración igualmente cierta, toda vez que en la noticia divulgada por la W Radio y a la cual tuvo acceso esta Sala, se señaló a Francisco Elizondo de haber pagado extorsiones a la guerrilla del ELN durante la construcción del Oleoducto Bicentenario. A su vez, obra dentro del expediente comunicación del 4 de febrero de 2015 (f. 132), mediante la cual Ecopetrol S.A. informa a la Fiscalía General de la Nación tales hechos; (v) luego, revela que “el 11 de febrero, Ecopetrol solicitó a la Oficina de Control Disciplinario iniciar una investigación interna por la información pública en la que se menciona a Roberto Espriella en este caso. Con base en la información obtenida hoy, Ecopetrol ampliará la denuncia ante la Fiscalía” – situación que también resulta cierta, como quiera que está demostrado, conforme con la constancia expedida por la Unidad de Control Disciplinario de Ecopetrol S.A. (f.134) que, contra el actor, se iniciaron dos investigaciones disciplinarias internas, cuyo resultado fue dado a conocer a la Fiscalía General de la Nación, mediante comunicación de ampliación de denuncia del 19 de febrero de 2015 (f. 133); y, finalmente, (vi) concluye el comunicado declarando que “Ecopetrol rechaza todo acto de corrupción y está atenta a prestar toda su colaboración a las autoridades para que se aclaren los hechos y se castigue a los responsables”.

6.5. Así las cosas, analizado el contenido de la publicación realizada por Ecopetrol S.A. en su página web, la Corte observa que la información que allí se transmite resulta veraz e imparcial y, por tanto, no vulnera los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del demandante, toda vez que, a través de ella, Ecopetrol S.A. solo se limita a dar a conocer a la opinión pública, de modo cierto, las acciones emprendidas por la empresa con motivo de la conducta desplegada por el actor, luego de que se difundiera en varios medios de comunicación noticias periodísticas relacionadas con conductas irregulares presuntamente cometidas por este, quien, en el marco de un proceso disciplinario iniciado en su contra, terminó reconociendo la transferencia de dineros a una cuenta personal por parte de un contratista.

 

Además de ser veraces cada una de las afirmaciones que se hacen en el referido boletín de prensa, de ninguna manera encuentra la Sala que las mismas hayan sido presentadas de modo tal que induzcan al lector a conclusiones falsas o erróneas, así como tampoco se basan en críticas, valoraciones u opiniones personales.

6.6. Adicionalmente, contrario a lo manifestado por el actor en su demanda de tutela, la publicación en ninguno de sus apartes lo relaciona con alias La gorda, presunta miembro del ELN, ni señala que el dinero que le fue transferido a su cuenta personal haya sido a título de soborno, pues al margen de la comisión de la falta disciplinaria que originó su despido, deja en manos de la autoridad judicial competente la investigación de presuntas conductas delictivas.

6.7. En ese orden de ideas, es menester traer a colación lo expuesto en las consideraciones generales de esta providencia acerca de que, difícilmente, pueden considerarse lesionados los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre cuando es la persona, con sus propias acciones, quien le ha impuesto el desvalor a su conducta y ha perjudicado su imagen ante la sociedad, tal y como sucede en el presente caso.

6.8. Ahora bien, en lo que respecta a la presunta vulneración del derecho al trabajo, la Sala coincide con los jueces de instancia en cuanto reflexionaron que no se acreditó dicha vulneración, como quiera que los correos electrónicos aportados por el demandante no evidencian nada distinto a la intención de una firma de reclutamiento de profesionales de concretar una cita virtual con él para discutir una vacante laboral.

6.9. En virtud de las consideraciones precedentes, la Corte revocará el fallo de segunda instancia proferido el 7 de julio de 2016, por la Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá, dentro de la presente acción de tutela, y, en su lugar, confirmará la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá el 16 de mayo de 2016, que negó el amparo de los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y al trabajo de Roberto Eladio Espriella Fernández.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

PRIMERO.- REVOCAR, por las razones expuestas en esta providencia, el fallo de segunda instancia proferido el 7 de julio de 2016, por la Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá, dentro de la acción de tutela instaurada por Roberto Eladio Espriella Fernández contra Ecopetrol S.A.

29

En su lugar, CONFIRMAR la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Treinta y Cinco Civil del Circuito de Bogotá el 16 de mayo de 2016, que negó el amparo de los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y al trabajo de Roberto Eladio Espriella Fernández.

SEGUNDO.- Líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

Cópiese, notifíquese, insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Magistrado

ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado
Con impedimento

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General

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