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Las propuestas de los candidatos. La Justicia

Por Jorge Iván Cuervo R.* (razonpublica.com)

Todos prometen reformarla, pero la mayoría de las propuestas son vagas, o irrealizables, o inconvenientes. Y las ideas más crudas son las de los candidatos que encabezan las encuestas.

Lugares comunes y propuestas dispares

Cuando se habla de propuestas en temas de justicia, hay dos lugares comunes en los que todos los candidatos incurren con frecuencia:

  • Atar el cambio a una reforma constitucional, cuya viabilidad siempre está en duda, como lo pudo ver el presidente Santos en sus dos gobiernos;
  • Olvidar que buena parte de las medidas necesarias corresponden a las políticas judiciales que sigue siendo responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura y en relación con las cuales los gobiernos tienen muy poco margen de maniobra.

Mucho de lo que proponen los actuales candidatos no depende del gobierno ni del ministerio de Justicia y la mayoría de sus iniciativas requerirían de reformas constitucionales.

Con su fallo sobre la reforma de equilibrio de poderes (sentencia C-285/16), la Corte  prácticamente cerró la puerta de una reforma constitucional a la justicia por vía ordinaria,  de modo que las propuestas de los candidatos inevitablemente implicarían una asamblea constituyente.

El diagnóstico de la mayoría de los candidatos no es riguroso, ni está respaldado en cifras. Salvo Vargas y De La Calle, los candidatos no proponen acciones concretas y practicables, sino que se limitan a enunciados vagos y genéricos.

Germán Vargas

Elecciones presidenciales.
Elecciones presidenciales.
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Es la propuesta más estructurada: un documento que parte de un diagnóstico adecuado, se basa en cifras confiables y actualizadas y propone reformas sustanciales.

El diagnóstico alude a la ineficiencia de la administración de justicia, la congestión, la alarmante impunidad y la falta de seguridad jurídica, así como el clientelismo y la politización de la rama judicial, especialmente en las Altas Cortes.

Los análisis sobre congestión e ineficiencia apelan a cifras actualizadas e informes internacionales como el Rule Of Law Index o el Doing Business, lo cual sugiere su buen nivel  técnico. Este texto subraya la necesidad de una política nacional de justicia pero llama la atención que para ello no haga referencia al Plan Decenal de Justicia.

La propuesta se ordena en torno a cuatro pilares:

  • Descongestión y acceso
  • Seguridad jurídica
  • Administración y gobierno de la rama judicial
  • Lucha contra la corrupción
Mucho de lo que proponen los candidatos no depende del gobierno y la mayoría de lo que proponen debe hacerse por reforma constitucional.

Vargas se compromete con metas concretas como disminuir la duración de los procesos a un año (lo cual es poco realista), un plan de choque para poner la justicia al día en dos años, para lo cual no sería necesario reformar la Constitución sino apoyar con recursos al Consejo Superior de la judicatura. Como el resto de los candidatos, Vargas no dice cuánto cuesta su reforma ni de dónde saldrían los recursos.

Entre las propuestas más novedosas y más debatibles se cuentan:

  • Las funciones judiciales a notarios y registradores;
  • La figura del juez a tiempo parcial – abogados que en jornada de medio tiempo podrían llevar procesos judiciales-;
  • Limitar la segunda instancia y en general el abuso de los recursos: estos solo se concederán cuando la ley expresamente lo establezca;
  • Expediente electrónico, incluso en tribunales de arbitramento;
  • Limitar la tutela contra sentencias;
  • Negociación entre las partes para suprimir de común acuerdo algunos pasos dentro del proceso;
  • Crear la jurisdicción comercial;
  • Alejar al juez de actividades administrativas;
  • Eliminar los procuradores judiciales en lo penal y usar estos recursos para aumentar el número de jueces;
  • Establecer el precedente judicial como fuente de derecho al mismo nivel de la ley;
  • Crear el derecho fundamental a la seguridad jurídica;
  • Sancionar el abuso en el ejercicio de la tutela, y
  • Eliminar los recursos de queja y súplica y limitar aún más el de casación.

En materia de gobierno judicial se propone crear nuevo órgano que remplace al Consejo Superior de la Judicatura, sin explicar cómo se integraría. Habría también un tribunal especial de aforados para funcionarios de alto nivel, pero ambas medidas exigirían una reforma constitucional y, por lo tanto, una asamblea constituyente.

La reforma más significativa consiste en que el Fiscal General sea elegido directamente por el presidente de la República. Aunque no se afirma que el Fiscal quedaría adscrito a la rama ejecutiva, eso parecería ser lo más probable porque, según el documento, la reforma pretende una mayor coherencia entre la política criminal y las políticas de seguridad.

De ser así, habría que ponderar los riesgos de un fiscal al servicio del presidente, para lo cual sería necesario blindar este diseño con elecciones por período fijo sin posibilidad de remoción, un sistema similar al de los codirectores del Banco de la República.

Humberto De La Calle

El diagnóstico del candidato liberal coincide con el de Vargas. Pero De La Calle agrega cifras tomadas de la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas, un instrumento para medir los problemas de acceso a la justicia. Es una novedad que un programa de gobierno incluya ese tipo de mediciones.

Llama la atención que De la Calle reconozca las dificultades de una reforma que no tenga el apoyo de la rama judicial y que por tanto llame a la Corte Constitucional para que admita la necesidad de reformar la justicia en aras del superior interés nacional – una dosis de realismo que no está presente en las demás propuestas-.

Con el fallo sobre la reforma de Equilibrio de Poderes de la Corte Constitucional, las reformas de los candidatos implicarían necesariamente una asamblea constituyente.

Otras propuestas son comparables a las ya mencionadas:

  • Planes de descongestión;
  • Expediente digital;
  • Fortalecimiento de la carrera judicial y de la formación de los jueces como garantía de autonomía e independencia;
  • Políticas de productividad que incluyen reducción de las licencias y permisos para jueces para estudio y docencia;
  • Eliminar barreras de entrada al sistema de justicia;
  • Reducir costos de transacción al litigio;
  • Un sistema de indicadores de gestión judicial;
  • Nuevas especialidades en la jurisdicción ordinaria;
  • Apoyo irrestricto a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Sorprende que en la propuesta de un candidato liberal y artífice de la Constitución de 1991 se incluya la cadena perpetua para violadores de menores.

Sergio Fajardo

Con la propuesta de la Coalición Colombia se pretende alcanzar un justicia eficaz, independiente, transparente, accesible y cercana al ciudadano. Pero aquí no se parte de ningún diagnóstico ni se presentan cifras de sustento, lo cual le resta fuerza al documento.

Fajardo destaca la necesidad de adaptar el sistema de justicia a las especificidades regionales, sin decir cómo se haría. Habla también de una mejor financiación de la justicia, pero sin precisar el valor o las fuentes de los recursos adicionales. A falta de cifras -por ejemplo, sobre la proporción del gasto en justicia sobre el PIB o el presupuesto- no hay metas claras ni compromisos que pudieran exigir los electores.

Se propone eliminar las funciones electorales de las Altas Cortes sin que se explique cómo serían remplazadas. También se plantea un nuevo modelo de gobierno judicial sin especificar cómo se haría o en qué consistiría y la creación de un Tribunal de Aforados, lo cual, como ya se dijo, supone una reforma constitucional, bloqueada por la vía ordinaria.

Hay una importante declaración en favor de proteger la tutela, las acciones populares para la defensa de los derechos y las consultas populares. Más que un programa, se trata de una declaración de intenciones, todas ellas lugares comunes en  materia de justicia.

Iván Duque

Las propuestas del candidato que encabeza las encuestas son las menos elaboradas de todas.

Se trata de ideas genéricas, cómo mejorar el talento humano en la justicia, disminuir la brecha salarial en la rama judicial, unificar criterios jurisprudenciales de las Altas Cortes, todo eso sin que se especifique cómo se haría y cómo ello no afectaría el principio de autonomía e independencia del juez.

También se propone fortalecer la justicia penal militar y al igual que De La Calle, Duque propone la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores.

La elección de los magistrados —y de otros altos funcionarios del Estado— sería confirmada en audiencias públicas de las comisiones constitucionales del Senado (tal como ocurre en Estados Unidos). Si a ello se suma la propuesta de una sola Corte, queda la duda de si esto implicaría destituir a los actuales magistrados y proceder a la escogencia de los nuevos titulares mediante este mecanismo alternativo.

Más que un programa, la propuesta de Duque es una serie de lugares comunes que no están respaldadas en cifras ni desarrolladas en un plan de acción concreto atado a metas y tiempos.

Gustavo Petro

La propuesta de Petro en materia de justicia es la más incipiente.  No está basada en un diagnóstico ni en cifras y no precisa cómo se llevaría a cabo cada idea.  Es un discurso de campaña.

La mayoría de los candidatos no proponen acciones concretas que puedan materializarse, sino que se limitan a dar enunciados vagos y genéricos.

Petro menciona los siguientes objetivos, en los cuales coinciden casi todos los candidatos:

  • Mejorar el acceso a la justicia;
  • Más transparencia y efectividad en el sistema;
  • Disminuir morosidad en los procesos;
  • Reducir la congestión y corregir la falta de equidad en el acceso;
  • Fortalecer la independencia y autonomía judiciales;
  • Eliminar la politización de la justicia y la ausencia de meritocracia;
  • Mejorar la gerencia del sistema judicial.

De aquí se pasa a proponer una “reforma estructural” de la justicia, sin detallar en qué aspectos o cómo se haría.  Pero sí se enuncian algunas medidas, como

  • Suprimir el Consejo Superior de la Judicatura sin especificar qué órgano lo reemplazaría.
  • Elegir por méritos a los magistrados de las Altas Cortes sin participación del Congreso ni del gobierno (lo cual implicaría un cambio radical en la escogencia de los magistrados de la Corte Constitucional);
  • Crear un tribunal de aforados,
  • Apoyo a la oralidad.

Como no parten de algún diagnóstico, las propuestas de Petro acaban siendo lugares comunes, que no marcan una diferencia respecto de lo que llamaríamos los candidatos del establecimiento.

Viviane Morales

Candidatos Presidenciales.
Candidatos Presidenciales.
Foto: Twitter Humberto de la Calle – @DeLaCalleHum

En el capítulo Recuperar la confianza en las Instituciones se incluyen algunas ideas genéricas sobre la reforma a la justicia, con la advertencia de que estas se harían en el contexto de una asamblea constituyente, única candidata que habla de manera expresa sobre el tema.

Sin diagnóstico y sin cifras, se plantean algunos temas de manera general:

  • Una verdadera gerencia de la Rama Judicial;
  • Eliminar las funciones electorales de las Cortes;
  • Modificar el sistema de juzgamiento de los aforados, sin decir de qué manera se haría;
  • Modificar el procedimiento de elección de los Magistrados de las Altas Cortes, sin explicar cuál sería el mecanismo;
  • Limitar la competencia de la Corte Constitucional para que no pueda revisar de fondo las reformas constitucionales bajo la teoría de la “sustitución de la Constitución”.

Como propuestas concretas se habla de un juez en cada municipio, sin aclarar en cuántos municipios faltan jueces, qué tipo de jueces llegarían, de dónde saldrían los recursos – y sin considerar que esto le compete al Consejo Superior de la Judicatura-.

Así mismo, Morales propone modernizar la infraestructura física y tecnológica de la rama judicial, digitalizar los expedientes, y facilitar el acceso mediante el fortalecimiento de los Tribunales Superiores y Administrativos – aunque para aumentar el acceso a la justicia importan más los jueces de proximidad que los tribunales de segunda instancia-.

Al igual que Duque, Morales pide corregir la brecha salarial y prestacional en la rama judicial, sin explicar en qué consiste ni cómo se haría. Al igual que De La Calle y Vargas, la candidata propone revisar el papel de las facultades de derecho y plantea un debate sobre la ética del abogado, un tema que no parece en las propuestas de los otros candidatos.

* Profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, columnista y autor de numerosas publicaciones.

 

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