Al instante

Las plagas que están desangrando a La Guajira

Diario El Tiempo, Bogotá

El 32 por ciento de su población no tiene acceso al agua potable. Foto: Archivo El Tiempo

La sequía no es la única culpable: la corrupción y el narcotráfico también hacen parte del problema.
En el norte de La Guajira, hace casi tres años no cae una gota de agua. Los cultivos de pancoger están secos desde el 2013, y el pastoreo de cabras y ovejas, tradicional en la región, es hoy un negocio marchito porque los animales se están muriendo.

Esta sequía casi bíblica es una de las causas del drama que se vive en la península por la muerte de 12 niños por física hambre y que ha puesto, por fin, los ojos del país y del Estado sobre una de sus regiones más ricas, pero también más abandonadas a su suerte.

Pero la falta de agua no es la única razón de este oscuro panorama. Una ubicación estratégica que desde hace siglos puso a La Guajira en la ruta de las mafias, la corrupción desbordada que ha permeado a dirigentes locales y a autoridades, factores culturales que ponen lo ilegal como modelo y la falta de presencia del Estado son los ingredientes de un coctel que amenaza con hacer inviable al departamento.

De hecho, si los niños en las rancherías se están muriendo por desnutrición y sed, el clima no es el único culpable. Su dirigencia política tiene mucho que explicar sobre el uso dado a millonarias partidas que no se han visto materializadas en el bienestar de sus casi un millón de habitantes.

Tan solo entre el 2012 y el 2014, el departamento manejó regalías por 678.225 millones de pesos. Y aunque el 32 por ciento de su población no tiene acceso a agua potable, inexplicablemente las gobernaciones de turno decidieron destinar tan solo el 2,71 por ciento de ese dinero a obras de infraestructura para acueductos, pozos y tanques. Y si bien hubo un repunte en la inversión durante el 2015, por 114.000 millones de pesos, aún no es suficiente.

El viernes, la Contraloría General de la República reveló que tiene bajo la lupa la construcción de un acueducto en el corregimiento Camarones, en donde la Alcaldía de Riohacha invirtió 10.858 millones de pesos de regalías sin tener siquiera los títulos de propiedad del predio en donde se proyecta la obra. Y hace apenas 72 horas, hombres encapuchados y con fusiles atracaron una escuela wayú en zona rural de Manaure, y entre los elementos que se robaron está un tanque con capacidad para 10.000 litros de agua y 11 mercados destinados a los niños.

El ente de control también lanzó la voz de alerta sobre otros cuatro contratos, por 7.190 millones de pesos, que invirtió la Gobernación en alimentación y trasporte escolar, y en compra de semovientes para las rancherías, sin que se conozca a los beneficiarios.

Según investigadores de los organismos de control, donde se escarba en materia de contratación pública aparecen irregularidades.

La educación es otro boquete. Las autoridades investigan contratos para la construcción de 59 colegios que se negociaron por 90.000 millones de pesos en el 2009, y que fueron adicionados hasta llegar a los 135.000 millones de pesos. Lo que hasta ahora se ha encontrado es que el contratista subcontrató las obras y pagó por ellas menos de la mitad. Hoy, muchos de esos colegios están sin terminar.

Fuentes de la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía señalaron que hoy están vigentes 665 investigaciones por presuntos hechos de corrupción en La Guajira, la mayoría relacionadas con temas de salud.

“Uno de los mayores riesgos que se han detectado son los altos índices de corrupción y las alianzas de autoridades, políticos y grupos ilegales”, dijo un fiscal asignado a esas investigaciones.

Eso contribuye a que todos los indicadores de eficiencia de ese departamento se encuentren en rojo, entre ellos el índice de pobreza, que se sitúa por encima del promedio nacional.

Y aunque no hay duda de que los wayús son las principales víctimas de la miseria en la que vive La Guajira, los que conocen el departamento también les atribuyen parte de la responsabilidad de lo que sucede.

A algunos equipos de ayuda humanitaria que intentan sacar de las rancherías a los niños con cuadros de desnutrición les exigen el pago de un ‘rescate’ por cada menor. Por ejemplo, el secretario de Salud de Manaure, Yelkin Velásquez, contó esta semana que, para poder llevar a un hospital a un bebé de 4 meses con desnutrición, tuvo que trasladar un carro cisterna cargado de agua hasta la comunidad donde el menor de edad vive y pagarle a un médico tradicional para que dictaminara que sí estaba enfermo.

Para José Armando Pulido, presidente de una IPS indígena y delegado de la mesa de diálogo del pueblo wayú para Riohacha, una de las razones por las que los padres no permiten que sus hijos sean llevados a los centros de salud es que esta etnia es muy reacia a separar a hijos y madres.

“Prefieren que estén todos en la casa y, muchas veces, que se les muera la persona que esté enferma, porque al hospital se van cuatro o cinco y allá no los reciben”, explica. Por eso plantea que la asistencia médica de las comunidades debería hacerse en su entorno y dejar la clínica solo para casos extremos.

Según el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), una mujer wayú suele tener entre 5 y 15 hijos, y ahora las niñas de esa etnia se empiezan a casar por obligación desde los 13 años.

Pero, según el antropólogo Weildler Guerra –para quien los wayús están en el límite de la subsistencia–, no es del todo cierto que su cultura sea un factor que agrave la crisis. De hecho, Guerra invita a que haya un mayor diálogo con esa etnia para saber cómo enfrentar la situación.

El obstáculo con el que se ha topado el Estado es que hay 227 asociaciones de autoridades tradicionales con las que se deben transar las soluciones. Algunas de estas no llegan a las bases y hay líderes que funcionan como mafias: acaparan las ayudas, controlan los contratos y, en la alta Guajira, hasta cobran ‘peaje’ por dejar transitar.

El cierre de la frontera con Venezuela, que completa seis meses, se convirtió en otro azote para la región. Filas de wayús atravesaban a diario por la alta Guajira y, por efectos del cambio, con 20.000 pesos hacían mercado para dos semanas. Ahora, por cuenta del desabastecimiento en Venezuela y las restricciones a la movilidad impuestas por el gobierno Maduro, esa puerta se cerró.

La directora del ICBF, Cristina Plazas, y el guajiro Alfredo de Luque, presidente de la Cámara de Representantes, coinciden en ese diagnóstico.

“Los wayú vivían más atentos a Venezuela que a Colombia. Mientras en el lado venezolano hay una carretera que comunica el territorio guajiro venezolano con el resto de ese país, en Colombia esto no existe. Incluso iban hasta Maracaibo a buscar trabajo, pero hoy no es así”, explica De Luque.

Además, el tráfico de gasolina venezolana, que hasta el 2015 era uno de los negocios más lucrativos, está de capa caída y es ahora un factor de conflicto. El negocio, que en la época de ‘Jorge 40’ fue infiltrado por los paramilitares a través de una cooperativa indígena, quedó en manos de los herederos de Marquitos Figueroa, el temido capo indígena ligado al narcotráfico y a los crímenes por los que hoy está llamado a juicio el exgobernador de La Guajira Francisco ‘Kiko’ Gómez. Ese mercado está restringido, dando lugar a disputas entre los traficantes y disparando la inseguridad en la región.

La inoperancia de la justicia también tiene buena parte de la responsabilidad de lo que pasa en la zona. A pesar de que, durante más de una década, ‘Jorge 40’ y Hernán Giraldo impusieron candidatos y mandatarios, la única investigación por ‘parapolítica’ que tomó impulso se inició apenas en el 2012, y es la que tiene preso a ‘Kiko’ Gómez.

Ese manto de impunidad es otra de las explicaciones de por qué las llamadas nuevas bandas han consolidado su poder en esa zona. No es casualidad que La Guajira sea uno de los cinco departamentos en donde se concentrará la ofensiva de la Policía y de la Fiscalía contra esos nuevos grupos, determinantes en delitos como el narcotráfico, el contrabando, la vulneración de derechos indígenas y hasta la violencia sexual.

Hoy se busca a los responsables de esta crisis en entidades del orden nacional como el ICBF y las carteras de Educación y Vivienda. Pero en La Guajira exigen que también salgan a responder los partidos que se han turnado el poder y que apadrinan desde Bogotá a los gobernadores que han pasado por el palacio de La Marina.

Una riqueza que no se ve

El presupuesto aprobado para La Guajira en el 2016 asciende a 415,2 mil millones de pesos para una población de 957.797 habitantes, de los cuales cerca de la mitad (45,2 %) viven en el área rural, donde casi todos, 91,9 % tienen necesidades básicas insatisfechas (NBI).

Se trata de una región rica, pues es una de las que más recibe regalías y donde se explota el carbón en el Cerrejón.

Con corte a 30 de septiembre del año pasado, según Planeación Nacional, tenía 51 proyectos aprobados por 455.000 millones de pesos, de los cuales 430.000 millones corresponden a regalías.

Pero, según reciente auditoría de la Contraloría General, de 50 hallazgos con presunta incidencia fiscal, por 30.846 millones de pesos en el Caribe, 14 eran de La Guajira, por 19.868 millones, lo que convierte al departamento en peor librado de la región.

No hay vías suficientes

La falta de vías de acceso a las comunidades de la media y la alta Guajira hace más difícil la atención para los indígenas. Subir a estas zonas desde Riohacha toma más de cinco horas y trasladarse entre comunidades, más de una hora. Además, no hay puntos de captación de agua suficientes, aun cuando la Gobernación cuenta con 40 carros cisterna de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en Desastres y otros 25 del departamento.

“Estamos rediseñando una ruta para que se puedan conectar a los microacueductos de Uribia, pero estos funcionan con ACPM y gastan más de 4.500 millones de pesos mensuales. Estamos pidiendo que se conviertan a energía eólica o solar”, dijo la gobernadora, Oneida Pinto.

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on FacebookPrint this page