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LARGO & ANCHO: Máximo show del Mínimo

Por Rubén Darío Barrientos G. Diario El Mundo, Medellín

Anualmente se reune el Consejo de Concertación Laboral que no logra acuerdos entre empresarios y los dirigentes sindicales sobre el salario mínimo. Foto eltiempo.digital

El actual salario mínimo en Colombia, -fijado unilateralmente por el gobierno nacional-, es de $689.455. Con respecto al 2015, tuvo un ajuste del 7%. Comenzando el año, se vino una andanada de ataques legales contra su monto porque se argumentó que, de acuerdo con revelaciones del Dane, el costo de vida dentro de la población de bajos recursos al cierre de diciembre de 2015, se había situado en el 7.26%, valga decir, estaría faltando un 0,26% de incremento de cifra.

El 6 de enero de este año que ya huele a natilla, se armó el primer tierrero porque el exmagistrado José Gregorio Hernández aseguró desde su prisma de jurista que ese decreto con el que el gobierno había fijado el nuevo salario mínimo para 2016, era inconstitucional y demandable. Acicateadas por semejante concepto, la Cut, la Cgt y la Ctc se lanzaron a demandar el decreto ante el Consejo de Estado, no obstante el exmagistrado Hernández advirtió que el peligro era que este alto tribunal determinara la nulidad del decreto y tumbara la cifra actual, reviviendo la anterior de $ 644.350.

Entre otras cosas, el exmagistrado Hernández es el célebre ponente de la sentencia C-815, que en 1999 ordenó que los ajustes de los salarios tenían que garantizar que se mantuviera el poder adquisitivo de la gente. Había un antecedente en Colombia, para modificar un salario mínimo decretado: en diciembre de 2010 se divulgó un incremento de 3,4% que regiría para el salario de 2011, pero luego se supo que la inflación para la población de ingresos bajos (el argumento precisamente de los que discuten el actual mínimo) fue de 3,58%, razón por la cual el 11 de enero de 2011 se expidió un segundo decreto, con un alza del 4%.

Resulta que el lunes de esta semana, se conoció periodísticamente que el Consejo de Estado en treinta días, entraría a decidir acerca de las demandas de nulidad instauradas que pretenden tumbar el salario mínimo que ha sido cubierto durante todo este 2016. De inmediato, vino el chillido de la representante del Ministerio del Trabajo (abogada Constanza Duarte), quien expresó que no debería accederse a esta pretensión porque se generaría un caos económico en el país, toda una afectación macroeconómica.

Desde los puntos de vista del sentido común y de la sensatez, es absolutamente risible que en treinta días, cuando estemos ad portas de ingresar a la zona festiva de diciembre y estén sentados sobre la mesa los negociadores del salario para el 2017, el Consejo de Estado disponga fallar la validez de un salario mínimo para el transitado 2016. Dicho en otras palabras, es ridículo que a un mes de finalizar la presente anualidad se divulgue una decisión tan trasnochada y fuera de contexto. No entiende uno cómo un sustrato tan urgente, no es abordado con la velocidad que merece la trascendencia de tumbar o no un salario mínimo que ya está cansado de pagarse.

Esa es la dinámica de nuestra exasperante justicia, que nos acostumbró a que destituimos funcionarios cinco años después de que finalizan su mandato o que pulverizamos inhabilidades, tras diez o quince años de ser invocadas. Con la misma paquidermia que sabemos, aguardamos un fallo a deshoras bajo los lloriqueos gubernamentales de que no modifique el estado de cosas porque sería todo un manicomio económico. De milagro no se aseveró que la decisión se daría para el 2017, para completar ese cuadro de lo cómico y peripatético.

No creemos que pase nada distinto a acomodarse con una decisión que evite lo traumático: es que en nombre de la cordura, toca cuidarse a esta altura con un fallo que por sensible no admite otra cosa diferente que confirmar el actual salario mínimo. El solo pensar qué pasaría si se cae el salario actual vigente ya es todo un estropicio. Y aquí en este show solo cabe lo fácil: hacerse los locos.

rdbarrientos@une.net.co

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