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La ridícula censura ecuatoriana

Editorial Diario El Espectador

Rafael Correa, presidente de Ecuador. Foto archivo AFP/El Espectador

Expedidas supuestamente con intenciones altruistas, las regulaciones de prensa se convierten en herramientas de presión y fiscalización de la información.

La más reciente decisión bajo la ley mordaza ecuatoriana es una advertencia a todos aquellos que defienden las limitaciones legales a la libertad de expresión y libertad de prensa con nobles propósitos teóricos, sin tener en cuenta las consecuencias perversas que eso trae consigo. Los poderosos, sin importar su ideología, suelen sucumbir a la tentación del autoritarismo cuando tienen herramientas para censurar la libre difusión de ideas. Más aún cuando hacen parte de los aparatos del Estado.

El caso parece sacado de una sátira. La Superintendencia de Comunicación tomó la decisión de sancionar a los medios privados Ecuavisa, La Hora, Expreso, El Universo, Televicentro, Teleamazonas y al diario El Comercio por no publicar una noticia que cuestionaba los lazos de Guillermo Lasso, entonces candidato a la Presidencia por la oposición, con empresas fantasma fuera de Ecuador. La información original había sido publicada en el mes de marzo en el diario argentino Página 12. Otros medios ecuatorianos sí lo replicaron.

La Superintendencia dijo que esa noticia era de “interés público” y que, bajo la ley de comunicación, los medios tenían la obligación de difundirla. Por eso los multó con US$3.700 a cada uno. Carlos Ochoa, director de la Superintendencia, le dijo a BBC Mundo que “este tipo de multas sirven para castigar y, a la vez, incentivar la mejora de la práctica del periodismo”. ¿Qué tal? El Estado dando clases de periodismo.

Aunque el presidente electo, Lenín Moreno, pidió la revisión de la decisión, Rafael Correa, actual presidente, la celebró y dijo: “creen que como los medios de comunicación en su mayoría son negocios privados, pueden hacer lo que les da la gana”.

No es la primera (ni será la última) situación análoga en Ecuador. En el 2015, se sancionó al diario La Hora porque no cubrió un acto social de un alcalde en el sur del país. Esa noticia, según la autoridad, también era de “interés público” y su omisión una violación de la ley.

El debate aquí no es si los medios involucrados afectaron o no a su audiencia al abstenerse de publicar la información en cuestión. Ellos ya han expresado sus motivos y, como es natural, han entrado en la conversación con sus audiencias por la decisión editorial.

Que todos podemos trabajar para hacer mejor periodismo es algo que no está en discusión. Lo angustiante es que sea el Estado, a través de sus representantes, el autoproclamado juez sobre lo que es o no de interés público y sobre lo que deberían cubrir o no los medios de comunicación. No en vano los dos casos que mencionamos en este texto involucran directamente los intereses de quienes están en el poder: un alcalde y un ataque a la oposición al gobierno de Correa.

Esa es la esencia de los problemas con todas las regulaciones que buscan regular el libre flujo de ideas. Expedidas supuestamente con intenciones altruistas y por el bien general, se convierten en herramientas de presión y fiscalización de la información. Claro, dirán que depende de cómo los funcionarios apliquen las leyes, pero apelar a la buena fe de los operadores no es suficiente razón para darles tantos poderes. El resultado, como estamos viendo, es que los periodistas viven con miedo y hay incentivos para la autocensura. Eso, al contrario de proteger al pueblo, lo perjudica, pues genera complicidad con los discursos oficiales y margina las voces críticas, tan necesarias para las democracias y más aún cuando éstas son alteradas por la presencia de líderes todopoderosos y con ínfulas autoritarias.

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