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La disputa por la narrativa histórica

Por Daniel Mera Villamizar, Diario El Espectador, Bogotá

Fotocomposición de trochandosinfronteras.info

Lo que está detrás del afán con la reforma política y la para nada inocua prohibición constitucional del paramilitarismo.

Como es normal, a los contemporáneos nos resulta difícil imaginar un momento de nuestro pasado tan crucial como este de 2016 a 2018. Crucial en el sentido de cruce de caminos, de un rumbo u otro nítidamente diferenciados.

Tal vez el periodo entre la Constitución federalista de 1863 y la Carta centralista de 1886 sirva de parangón. Hacia 1880 era claro que el movimiento regenerador de Núñez implicaría una reorientación de la nación colombiana.

En una época en que las ideas eran el motor de la política (y de las guerras civiles, genuinas), es fácil imaginar que el corazón se les aceleraba a los radicales, independientes y conservadores al pensar el alcance de lo que iba a pasar en la política.

Hoy a la mayoría de políticos lo que los mueve es el dinero (siempre gobiernistas), pero hay un segmento que preserva la responsabilidad intelectual de la política, que palpita por las ideas y entiende sus enormes consecuencias prácticas.

Este segmento sabe, junto a no pocos formadores de opinión en los medios y las redes sociales, que se está tratando de configurar un nuevo relato, esto es, una nueva comprensión de nuestra historia contemporánea conforme al acuerdo con las Farc.

Sabe que de la comprensión histórica que tenga la gente dependerá la legitimidad, es decir, la aceptación de muchas decisiones e instituciones. En últimas, de un rumbo determinado de la nación.

Esta disputa por la narrativa histórica que domine puede reducirse a dos preguntas interrelacionadas: i) ¿era necesaria la guerra que hicieron las Farc?, y ii) ¿se justificaba?

Dependiendo de las respuestas, nuestro futuro nacional estará amarrado a, o libre de, una parte sustancial de las determinaciones tomadas en La Habana por fuera de nuestra democracia.

La forma de establecer si “era necesaria” la guerra revolucionaria (y terrorista) es ver qué consiguió que de otro modo no habría sido posible. Naturalmente, no cuentan los múltiples beneficios para los propios insurrectos.

Por eso hay que aprobar una “reforma política” por fast track, cualquiera sea su contenido, para poder decir que ahora somos una “sociedad más democrática y más incluyente” (minInterior Rivera).

Y la reforma agraria que ve al campesino atado a la tierra por generaciones venideras para decir que seremos una “sociedad más justa”, como si la justicia social en la Colombia rural solo se pudiera alcanzar con el enfoque comunitarista de las Farc. Etc.

Todos ellos saben que la “revolución por contrato” no funciona, pero el Gobierno se prestó para cuadrar simbólicamente la respuesta a “¿era necesaria la guerra?” y nos puso en el riesgo de reformas mal diseñadas y tramitadas en déficit de democracia.

Para la pregunta “¿se justificaba la guerra de las Farc?”, es decir, las vidas, libertades y bienes arrebatados, y un sinnúmero de males para la sociedad, el esfuerzo ha sido amplio y profundo.

Comenzó con la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (paritaria), sigue con la JEP, incluye la futura Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, y quiere dejar falaz constancia constitucional de que el paramilitarismo sí se permitía, por lo que las guerrillas constituyeron defensa legítima. Todo para armar un “sí se justificaba la guerra de las Farc”.

Así que en las elecciones de 2018 una coalición querrá tener los mejores argumentos para decir, no directamente: “sí se justificaba la guerra de las Farc, sí era necesaria; sigamos el rumbo de las 310 páginas del acuerdo, aceptando su rango supraconstitucional”.

La coalición de la oposición dirá directamente: “no era necesaria la guerra de las Farc, no se justificaba, y por eso el pueblo rechazó el acuerdo en el plebiscito; el rumbo de la nación tiene que ser independiente de esa camisa de fuerza ilegítima”.

La posverdad del sí tiene que enfrentar al menos tres “evidencias y hechos”, como anoté en la respuesta a Martha Nussbaum: 1) en medio siglo, esta ‘guerra’ no involucró identidades extendidas en la población (no fue guerra civil); 2) no fue contingente, sino planeada por los grupos insurgentes, lo que explica la duración; y 3) la población en general rechazó sistemáticamente el motivo de la insurrección (tomarse el poder para cambiar el modelo de sociedad).

Lo que hace comparable el momento histórico actual con el del federalismo versus centralismo de 1863 a 1885 es que los “liberales radicales” de hoy saben que el movimiento que encabeza uno salido de su partido, como Núñez, puede llevar a un ajuste extendido y profundo de las ideas que son dominantes en la acción del Estado en la sociedad desde 1991, en parte por no haber sido serios con la defensa del aspecto civilista, liberal y democrático de la personalidad histórica de nuestra nación.

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