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La desprotección de los líderes sociales: entre el desdén estatal y la insuficiencia judicial

Por Paola Hurtado Sánchez * (razonpublica.com)

Aumentan los homicidios y las amenazas, pero las nuevas medidas que va anunciando el gobierno son tan exiguas como desalentadoras.

Nada ni nadie protege a los líderes

El asesinato de 78 líderes sociales en seis meses es prueba de la insuficiencia de la política de protección personal. La proliferación de leyes, decretos y resoluciones no les defiende como por arte de magia, y defiende aún menos a las comunidades.

Por eso se necesitan una decisión urgente y una estrategia eficaz para atender los problemas de fondo.

A la Fuerza Pública le corresponde recuperar la legitimidad, depurando sus filas y procedimientos para superar la historia de corrupción y violencia que ha marcado su relación con la mayoría de las comunidades rurales y urbanas empobrecidas.

El Estado debe por asumir en serio el compromiso de desmantelar el paramilitarismo y, consecuentemente, de proteger los liderazgos comunitarios y sociales.

La falta de acciones por parte del Estado y especialmente de las entidades del Gobierno encargadas de la protección implica una responsabilidad ética, política y legal.

Por eso -y por ejemplo- resulta inaceptable la celeridad de la Fiscalía General  en la judicialización arbitraria de Sara Quiñones—lideresa del Consejo Comunitario de Altomira y Frontera—si en cambio presenta una ausencia sistemática en lo relativo a investigar y sancionar a los responsables de amenazas y posteriores asesinatos de líderes y lideresas

¿Qué estamos perdiendo?

Líderes sociales asesinados.
Líderes sociales asesinados.
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica

Según el informe de monitoreo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) entre el primero de enero y el 7 de julio del año en curso han sido asesinados 78 líderes y lideresas en el país, o sea casi cuatro a la semana. Y a esto hay que sumar un promedio de 140 personas que cada día solicitan medidas por parte de la Unidad Nacional de Protección.

En el último informe de CODHES y el Centro Nacional de Consultoría en el que se incluyen los siguientes resultados de la encuesta adelantada entre un grupo de 100 líderes acerca del impacto de las amenazas y asesinatos:

  • El 92 por ciento de ellos considera que la subsistencia o continuidad de las organizaciones que dan en tela de juicio, y
  • El 85 por ciento considera que sus actividades se ven seriamente afectadas.

En el informe también es visible lo difícil que es renovar un liderazgo, pues puede tardar entre uno y cuatro años, lo cual implicaría que tan sólo en este año hemos perdido más de 200 años de trabajo para formar nuevos liderazgos. El proceso de convertirse en líder o lideresa toma tiempo, pues esto implica construir relaciones de confianza tanto con la colectividad que él o ella representa como con el Estado.

Renovar un liderazgo, puede tardar entre uno y cuatro años, lo cual implicaría que tan sólo en este año hemos perdido más de 200 años de trabajo para formar nuevos liderazgos.

Las agresiones contra líderes tienen impacto sobre las comunidades y organizaciones que representan por diferentes razones:

  1. Ocasiona miedo y desincentiva el surgimiento de nuevos activistas;
  2. Las organizaciones y comunidades no están preparadas para renovar liderazgos, y
  3. La formación de líderes y lideresas implica alta motivación, bastante tiempo, buena capacitación y construcción de redes.

Aunque la intimidación se ha recrudecido a lo largo de todo este año, julio comenzó con la muerte de diez líderes en la primera semana –un número tan grande de asesinatos como el que se produjo durante los 30 días del mes pasado-

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Fuente: Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento – SISDHES. CODHES.

La revisión de CODHES muestra que este año se han afectado principalmente liderazgos que adelantaban procesos relacionados con la defensa territorial y la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

En particular, el escaso avance de la  Restitución de Derechos Territoriales (seis sentencias en seis años, en comparación con más de 3000 sentencias para restituir tierras de campesinos de manera individual), quiere decir que persiste la inseguridad jurídica de muchas comunidades indígenas y afrodescendientes en un escenario de violencia que se ha acentuado durante el último semestre. Del total de líderes asesinados, 44 por ciento eran indígenas o afrodescendientes.

Entretanto, el 22 por ciento de los afectados en 2018 estaban vinculados con procesos de sustitución de cultivos ilícitos. La violencia contra estos liderazgos se enmarca entre la ofensiva de la política de drogas—que implica el uso de la fuerza de militares y policías contra campesinos y campesinas que incluso contaban con acuerdos de sustitución—y la violencia de los grupos armados ilegales, cuya financiación depende de estos narcóticos.

El seguimiento de CODHES deja claro que la recurrencia de los homicidios en regiones específicas pretende acabar con la movilización local en los territorios que ha sido agente de cambio y que se enfrenta a poderes económicos, políticos y sociales.

Puede leer: Los asesinatos de líderes sociales: la suma de todos los miedos.

Una compleja tragedia humanitaria

Funcionarios del Gobierno capacitando a líderes sociales.
Funcionarios del Gobierno capacitando a líderes sociales.
Foto: Defensoría del Pueblo

Y allí no se detiene la tragedia humanitaria: durante el año al menos 67 líderes han sido amenazados de manera personal y directa, lo que significa que su riesgo es mayor.

Respecto de los responsables, hay una tendencia que merece más análisis:

  • El 55 por ciento de las amenazas provienen de grupos herederos del Paramilitarismo,
  • El 43 por ciento proviene de actores desconocidos, y
  • El uno por ciento, de las disidencias de las FARC y de otros grupos guerrilleros.

Por otro lado, la incertidumbre sobre esos asesinatos es manifiesta:

  • El 83 por ciento de los casos son perpetrados por grupos armados sin identificar,
  • El 8 por ciento por grupos herederos del paramilitarismo,
  • El 5 por ciento por disidencias y por otros grupos guerrilleros, y
  • El 4 por ciento por la Fuerza Pública.

Aunque el Estado debe proteger la vida e integridad de quienes están en riesgo, su incapacidad le impide abarcar la complejidad del problema y encontrar una solución que frene los asesinatos y las amenazas.

Los pronunciamientos desacertados del Gobierno respecto de la situación profundizan la estigmatización de los liderazgos y revelan desdén frente a la gravedad de los hechos. Basta con ver lo dicho por el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que califica los homicidios como “líos de faldas”, o la forma cómo se señaló a Ana María Cortés, la lideresa  de la Colombia Humana asesinada el 4 de julio, de supuestos vínculos con redes de apoyo del Clan de Golfo por los cuales era investigada.

Así, mientras que el 18 de julio comenzaron a circular por lo menos dos panfletos de las Águilas Negras donde amenazaban a diferentes líderes de la campaña de Colombia Humana, en la primera semana de julio tres de los asesinados fueron promotores locales de dicha campaña. Lo anterior da cuenta de dos equivocaciones:

  1. Pensar que los grupos herederos del paramilitarismo no persiguen un ideal político y no defienden por la vía armada una idea de país.
  2. Pensar que no existen elementos que contribuyan a esclarecer los homicidios, cuando en la mayoría de los casos había amenazas previas.

Todo lo anterior se suma a un escenario donde convergen 112 eventos de desplazamiento masivo y más de 30.000 personas afectadas, tres masacres y el aumento acelerado de la confrontación armada.

El recrudecimiento de la violencia es producto de los múltiples actores violentos y de su capacidad de hacer daño. También, de la incertidumbre acerca de la puesta en marcha del Acuerdo de paz, producto de la falta de dirigencia y voluntad política del Gobierno.

¿Por qué no es posible avanzar?

Paramilitar.
Paramilitar.
Foto: Inclupaz

De las solicitudes que CODHES ha realizado a la Fiscalía General en relación con el estado  de las investigaciones por agresiones ocurridas entre 2011 y 2017, se identificaron por lo menos tres problemas que han impedido avanzar más allá de las medidas de protección personal desde una perspectiva de protección integral y, especialmente, de prevención frente al homicidio:

Aunque la intimidación se ha recrudecido a lo largo de todo este año, julio comenzó con la muerte de diez líderes en la primera semana –un número tan grande de asesinatos como el que se produjo durante los 30 días del mes pasado.
  1. Al parecer la Fiscalía no cuenta con información centralizada. La solicitud sobre los  casos se envió cada año en listas separadas que recibieron (cuando no silencio)  respuestas desde las seccionales y no desde el centro.

En la más reciente solicitud -hecha en septiembre de 2017- hasta el 7 de julio de 2018, en el 74 por ciento de los casos no hubo respuesta alguna por parte del ente investigador y en el restante 26 por ciento solamente se conoció la remisión de la solicitud de CODHES a la Seccional que tiene el caso, lo que nos permite inferir que existe algún proceso.

  1. Aparentemente no existen experiencias exitosas. Es decir, no hay información sobre casos que resulten en la condena de los responsables.

Solamente sobre 7 de los 275 casos de los cuales se pidió información, enviaron una respuesta que contenía información sobre el proceso de investigación. De estos, 4 casos estaban en etapa de investigación y otros tres estaban inactivos debido a la “imposibilidad de encontrar o establecer” al responsable.

  1. Con el tiempo hay menor claridad respecto del estado de los casos. Cuando se compara esta información con la solicitada en 2014 se esperaría que hubiera un avance considerable, pero parece que en 2014 hubo mayores avances que ahora.

Para entonces, se solicitó información sobre 90 casos y para estos hubo una respuesta única con la información del 81 por ciento de los casos. Ahora bien, la respuesta con información efectiva sobre la etapa procesal fue del 76 por ciento de los casos y el resto del contenido fueron remisiones de solicitudes a fiscalías seccionales.

Era un panorama más alentador que el actual en términos de rendición de cuentas y centralización de la información.

*Coordinadora del Área Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento (SISDHES) de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).

 

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