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La clase dirigente colombiana no quiere pensionados

Por Octavio Quintero y William Giraldo

Al gobierno tampoco le interesan los colombianos viejos. Foto Fundación Defensa Ciudadana
NO ESPERARON SINO QUE PASARAN LAS ELECCIONES PARA EXPEDIR LA SENTENCIA NEGANDO LA REDUCCIÓN DE LOS APORTES DE LOS PENSIONADOS A SALUD.
¡QUÉ INFAMES!
CALCULARON BIEN EL GOLPE SIN QUE YA NO SE PUEDA REACCIONAR EN LAS URNAS.
DENTRO DE CUATRO AÑOS, VOLVEREMOS A VOTAR A LOS MISMOS CON LAS MISMAS.
Esta airada expresión la hizo Octavio Quintero editor del diario virtual El Satélite, al conocer la noticia de última hora del Diario El Tiempo el miércoles 20 de junio:

La Corte Constitucional encontró fundadas las objeciones del Ejecutivo a la sanción de la polémica que el año pasado fue aprobado por el Congreso y que bajaba del 12 al 4 por ciento los aportes de salud de los pensionados del país.

Según el fallo, la aprobación de la norma violó las reglas de trámite legislativo según las cuales las leyes que tienen impacto fiscal deben contar con el visto bueno del Ejecutivo.

Durante el trámite, el Ejecutivo se opuso argumentado que su implementación le costaría al menos 3,7 billones de pesos al Ejecutivo. 

Pensionados
Foto El Tiempo

La conclusión clara es que a la clase dirigente, incluidas las centrales obreras CGT, UTC, CTC y CUT, nada le importa la suerte de los trabajadores cuando pasan a retiro.
Los pensionados de hoy aportaron durante su vida económicamente activa no solo al crecimiento de la economía y al mejoramiento social sino que pagaron anticipadamente los servicios de salud por los cuales el Estado les descuenta actualmente el 12% de sus ingresos mensuales y que según el propio gobierno, significa que los pensionados aportan anualmente a las finanzas públicas $3 billones 700 mil millones.
Antes que los dirigentes políticos César Gaviria y Alvaro Uribe introdujeran con la complacencia de los congresistas las reformas al régimen laboral y a la seguridad social, los trabajadores  y los empleadores aportaban el 12 %  de los salarios al Instituto de Seguros Sociales, ISS, para el cubrimiento de las pensiones y la prestación de los servicios de salud a través de clínicas, consultorios odontológicos, farmacias, etc con las respectivas dotaciones técnicas y profesionales.
Los trabajadores afiliados al Régimen de Prima Media (Sistema Público de Seguridad Social) aportaron el 4% de sus ingresos para la salud y no tienen por qué asumir, ahora de manera obligatoria y de sus menguadas mesadas, la afiliación a las EPS.
Hoy no se sabe con certeza qué pasó con los  activos: clínicas, edificios de oficinas administrativas, equipos quirúrgicos y las llamadas “Reservas Pensionales” que mantenía invertidas el ISS para garantizar el pago de las pensiones. Las clínicas están en manos de cooperativas de profesionales de salud (?) y empresas particulares que atienden los pacientes de las Empresas Promotoras de Salud, EPS cuya eficiencia han enjuiciado no solo sus afiliados sino las altas cortes y el propias autoridades creadas por el gobierno para vigilarlas.
El principio fundamental de la democracia es la ética pública, pero si en Colombia el portaestandarte de la moralidad pública es el actual ministro de hacienda Mauricio Cárdenas, apagá y vámonos.
 

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