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Indiferencia

Por William Giraldo Ceballos

Poquitos electores el 2 de octubre. Foto expreso.ec

El plebiscito del 2 de octubre ratificó la indiferencia del 62.7 por ciento de los colombianos frente a lo que haga o deje de hacer la clase política, indiferente a los problemas reales del país.

El 37 y pico por ciento de los colombianos que votaron por la paz de una manera o de otra, es la inmensa minoría que aún tiene la esperanza de que las cosas cambien.

Los medios de comunicación, los partidos políticos y las encuestadoras quedaron en el piso. Los primeros fueron nuevamente la caja de pandora de una clase dirigente desacreditada por sus acciones del pasado y del presente.

Los partidos políticos han alimentado y traicionado el optimismo de los colombianos con soluciones sociales que nunca se cumplieron y que cuando las hubo, tenían de por medio el veneno de la corrupción. En la medida en que se construye un acueducto, una carretera, una escuela, hay dos o tres nuevos ricos entre los que contratan y los que ejecutan las obras con los dineros públicos.

Los partidos políticos que siempre han participado con sus “fichas” en la administración pública, miran para otro lado cuando los órganos de control (Contraloría, Procuraduría, Fiscalía) y los periodistas descubren las fechorías de servidores públicos y particulares patrocinadores de sus campañas electorales.

De los 34 millones de colombianos que podían votar, unos 21 millones hacen parte de las estadísticas oficiales de la indiferencia que dicen que más del 50 por ciento de los habitantes del país no han logrado superar la pobreza y que el 55 por ciento de la fuerza laboral está ubicada en la informalidad, vendiendo cigarrillos, libros piratas, bebidas de marcas y cachivaches o pidiendo limosna en los semáforos y en las aceras de las ciudades.

Los pobres y los informales no pueden ser consultados por las encuestadoras porque, ¿a donde los llaman?

Entre esos 21 millones de abstencionistas, hay por lo menos 6 millones de campesinos desplazados por la violencia, que hoy viven en la miseria que rodea las ciudades grandes y medianas de Colombia

El delito común avanza a la misma velocidad de la corrupción, pero los partidos políticos solo miran hacia la policía en la búsqueda de respuestas represivas cuando los problemas son sociales y de ética pública.

Y los ejemplos cunden: la semana pasada fueron apresados el alcalde anterior y su sucesor en la ciudad de Girardot por haber desviado los dineros de la salud y de otras inversiones sociales para financiar sus campañas electorales. Ambos obtuvieron el aval de su partido.

Cambio Radical, (me demoré en corregir el entuerto, pero es lo mismo, son liberales avergonzados de su partido) dirigido por Rodrigo Lara niño – hijo del mártir  Lara Bonilla- y por el actual candidato presidencial Germán Vargas Lleras, guarda silencio por las picardías de sus discípulos, cuando bien se sabe que para obtener el aval, debieron informar sobre el origen de los dineros con los cuales iban a financiar sus campañas.

Los partidos Liberal y Conservador no han cambiado su tradicional complicidad ante los delitos de cuellos blancos de sus representantes, sus cuotas, en la administración pública.

El Polo Democratico ha guardado “prudente silencio” frente a las pilatunas de Ivan y Samuel Moreno Rojas con el presupuesto público para la construcción de vías en Bogotá y Cundinamarca.

También hay silencio sepulcral de las autoridades frente al escándalo de los Papeles de Panamá y de otros paraísos fiscales que no solo ocultan fortunas bien habidas, amenazadas por el sentido alcavalero de la DIAN, sino las de prestantes miembros de la  “alta sociedad” provenientes de la corrupción y la especulación.

En cada campaña electoral los partidos, sus dirigentes y sus candidatos prometen al pueblo lo que no harán. El 37 por ciento que vota, mantiene la esperanza de que algunas migajas caerán de la mesa en que se servirá el banquete de los ganadores.

A la mayoría, el 62 y pico por ciento de los colombianos que no votó, le da lo mismo que haya paz o no la haya mientras persista  la indiferencia de la clase dirigente para dar y no para prometer soluciones sociales y económicas  bajo principios de una ética pública de todos los funcionarios del Estado.

 

 

 

 

 

 

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