Por: Salomón Kalmanovitz
Cada vez que se desata una ola invernal, otra avalancha, la temporada de huracanes que dejan cada vez más devastación a su paso, el Gobierno sale a poner paños de agua tibia y a solicitar el apoyo de la ciudadanía para financiar las nuevas necesidades. El presidente viaja, se está dos días en el sitio de la tragedia, se le ve afanado, descargando cajas y repartiendo ayudas entre los afectados ante las cámaras. Promete que volverá pronto y que en cien días máximo habrá una reconstrucción plena. Cuando las cámaras se apagan hace mutis por el foro.
Afloran entonces las campañas de “Solidaridad por Colombia”, “Donar te hace bien” —aunque humilla al que recibe agradecido— y aparecen los números de unas cuentas bancarias de cuyo manejo nadie se responsabiliza ni es verificable. La primera dama implora donaciones del “sector privado”, al que previamente este mismo Gobierno le devolvió más de $10 billones en la contrarreforma tributaria de 2019. Donan $50 millones acá, $200 millones allá, pero tienen capacidad de pagar cientos de miles de millones en impuestos. Lucen generosos, pero sus aportes son insuficientes frente a la magnitud de las necesidades.
Los presentadores de televisión ponen caras contritas ante las escenas de dolor de los damnificados y nos miran a los ojos, implorando nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Al cabo de un tiempo, las ayudas se acaban, pero la tragedia permanece. ¿Dónde están las pruebas para detectar el COVID-19 entre la población de Providencia y San Andrés? Su ausencia puede empeorar la precaria condición de los destechados, que tienen que hacinarse en refugios; por eso, prefieren recurrir a sus familiares.
Se revela así de nuevo la debilidad e incapacidad del Estado colombiano para enfrentar las necesidades regulares de los ciudadanos y, además, las calamidades que azotan la sociedad. Es cierto que somos un país pobre, pero otros con un nivel similar de ingresos cuentan con Estados más grandes y de mejor desempeño. Estamos lejos de contar con un aparato administrativo eficiente y bien dotado, financiado con impuestos que debieran pagar los que más ingresos tengan.
No solo eso: se requieren reglas que dificulten la corrupción, que está engranada en la forma como se financian las campañas políticas, pues son los contratistas y los mafiosos —los ñeñes y las pinto— quienes compran los votos que les otorgan el poder a los políticos. Un sistema basado en la competencia abierta de los partidos y el financiamiento público de las campañas ayudaría a sanear el aparato estatal. Un servicio civil escogido por mérito, bien pago y estable garantizaría una gestión eficiente del Estado. Unos órganos de control independientes del presidente —que especialmente en este gobierno han sido puestos descaradamente a su servicio.
Todas estas condiciones que permiten la fortaleza y el manejo transparente del Estado no existen en Colombia. Por eso, las tragedias siempre nos cogen con los pantalones abajo. Nunca se hicieron refugios, no se almacenó agua ni se pensó en plantas de energía que estuvieran disponibles en caso de colapso, ni en canales de comunicación resistentes a los fenómenos naturales que son previsibles. Esto es cierto no solo en San Andrés, sino en toda la periferia empobrecida del país: el Chocó y todo el Pacífico, La Guajira y casi todo el Caribe. Hay que construir un Estado central, pero más aún, estados regionales con mejores bases gravables y más transferencias.
