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FRONTERA VENECOLOMBIANA : Solo previa autorización podrán reunirse tachirenses en cinco municipios

Por Elvia Gómez, El Universal, Caracas

(FOTO tvn-2.com)

Tareck El Aissami precisó el contenido del Decreto 1.950 que suspende las garantías previstas en seis artículos de la Constitución. se suspende el libre tránsito de personas y bienes, el porte de armas, la inviolabilidad de las comunicaciones, entre otros aspectos.

Caracas.- El gobernador de Aragua, Tareck El Aissami (PSUV), en su condición de miembro del Puesto de Comando Presidencial, leyó la noche del sábado el contenido del Decreto 1.950 mediante el cual el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó la suspensión de las garantías constitucionales previstas en los artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112.

“El Presidente podrá dictar otras medidas de orden social, económico o político que estime conveniente”, afirmó el portavoz presidencial, que justificó la medida por la importancia que el Gobierno nacional da a “la supremacía de los Derechos Humanos”. Los ministros de Interior, Justicia y Paz; Defensa y Economía y Finanzas quedan encargados de la ejecución de este decreto, indicó el gobernador.

Desde el patio del palacio de Miraflores y trajeado con indumentaria deportiva, El Aissami precisó que en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Independencia y Libertad del estado Táchira, las garantías constitucionales estarán suspendidas durante 60 días, prorrogables por otros 60 días, contados a partir de la publicación del texto en la Gaceta Oficial. Indicó que en cumplimiento de lo establecido en la ley el texto será remitido a la Asamblea Nacional y a la Sala Constitucional del TSJ.

Precisó El Aissami que el Gobierno nacional y los organismos facultados por éste para el cumplimiento del Estado de Excepción, podrán realizar registros y allanamientos sin orden judicial, podrán realizar requisas de equipajes y vehículos, restringir la movilización de personas y bienes. Queda, asimismo, suspendido el porte de armas, con excepción de los organismos de seguridad del Estado.

Además, El Aissami precisó que “no se permitirán reuniones públicas que no hayan sido autorizadas por el funcionario a quien se delegue” el cumplimiento del Decreto. Indicó el gobernador de Aragua que el derecho a manifestar sólo será autorizado previa solicitud del permiso con 15 días de antelación.

El Aissami leyó el decreto completo, contentivo de 18 artículos. Entre los considerandos comunicados como justificación destacan las “circunstancias delictivas y violentas vinculadas a fenómenos como paramilitrarismo, narcotráfico y contrabando de extracción organizado a diversas escalas”. El gobernador denunció “intención deliberada de generar alteraciones del orden público” en la zona fronteriza, pero se refirió a la situación delictiva como “coyuntural” y “sobrevenida”. Reiteró la denuncia sobre un “atentado” contra la moneda venezolana y el “tráfico ilegal de mercancías producidas o importadas por Venezuela”.

El vocero indicó que es interés del Gobierno proteger a los venezolanos frente a cualquier amenaza “haciendo efectivo el orden constitucional, el restablecimiento de la paz social y garantizar el acceso oportuno a bienes y servicios básicos así como el acceso de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad”.

Según el Decreto, “el responsable de las acciones de índole estratégico militar que se deban ejecutar”, es el comandante de la Zona de Defensa Integral (ZODI) del Táchira, General de División José Morantes Torres. Mientras, el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora (PSUV), “será coordinador responsable y garante de la ejecución de las medidas”, precisó El Aissami.

Aunque no lo comentó El Aissami durante la lectura del decreto en las prohibiciones que expresamente dijo se activan, también se podrán intervenir las comunicaciones telefónicas sin orden judicial, al quedar suspendida la garantía del “secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas”.

También, según la medida de suspensión de garantías “el Ministerio de Finanzas podrá establecer límites máximos de ingreso o egreso de moneda de curso legal” así como “poner limites a transacciones comerciales o restringir al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país”.

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