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Financiación de las campañas: una mano invisible y sin control

Por Camilo Vargas Betancourt* (razonpublica.com)

Un cálido saludo ofrece el Presidente Juan Manuel Santos a un pequeño estudiante de la Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes, una de las 8 sedes educativas construidas por el Fondo Adaptación en este municipio.

Incertidumbre por dineros utilizados en la campaña de Santos.

El escándalo por el presunto ingreso de dinero de Odebrecht a las presidenciales del 2014 es muy grave, pero más grave aún es no saber con certeza de dónde salieron 628.000 millones de pesos para las campañas de los 18.637 funcionarios de elección popular en 2014 y 2015

Un sistema cerrado

El llamado “sufragio censitario” era un rasgo de los sistemas electorales del siglo XIX y parte del siglo XX, donde solo disfrutaban del derecho al voto los integrantes de un “censo” restringido de personas que cumplieran con ciertos requisitos educativos (saber leer y escribir) y/o económicos (tener propiedades inmuebles o un cierto patrimonio).

Hoy los datos demuestran que Colombia, a pesar de haber instaurado el sufragio universal para los hombres en 1936 y para las mujeres en 1954, sigue teniendo un sistema electoral censitario, no porque se requiera un cierto estatus social para poder votar, sino para poder ser elegido.

En las elecciones para el Congreso del 2014, solo el 12 por ciento de los 2.324 candidatos que compitieron ganaron una curul. Pero esa décima parte victoriosa tuvo el 46 por ciento de la financiación total.

En el caso del Senado, para dar unos ejemplos:

Los 21 senadores elegidos por el Partido de la U (22 por ciento de la lista de 96 candidatos) se gastaron el 69 por ciento del costo total de la campaña del partido (en promedio 500 millones de pesos cada uno).
Los 9 senadores de Cambio Radical (9 por ciento de la lista de 95 candidatos) se gastaron el 51 por ciento del dinero de la campaña del partido (550 millones cada uno).
Los 5 senadores del Polo Democrático (8 por ciento de su lista de 65 candidatos) se gastaron el 63 por ciento del dinero del partido en la campaña (en promedio 443 millones cada uno).
Es decir que hay una relación directamente proporcional entre el dinero invertido por un candidato para hacer campaña y la probabilidad de resultar elegido. Si se hace campaña con ideas, pero sin dinero, no es probable ganar las elecciones.


Campañas electorales en pueblos, generan cuestionamiento financiero.
Foto: Gobernación de Boyacá

Sin dinero no hay curul

El artículo 40 de la Constitución del 91 consagra el derecho fundamental a elegir y ser elegido, pero en la vida real este derecho está limitado a aquellos que tienen plata.

Paradójicamente, los legisladores han sido conscientes de este problema y han consagrado herramientas para contrarrestar esta desigualdad. Si no se tiene dinero propio para empezar la campaña, la ley permite acudir a la financiación pública mediante anticipos girados por el Estado; y si no se quiere recurrir al dinero público, también se permite financiar la campaña con créditos bancarios.

Pero en la vida real, el acceso a estas ayudas del Estado y del sector bancario es bastante inequitativo.

Para apreciar mejor la situación, hay que tener en cuenta que durante un ciclo electoral como el de 2014-2015 (elecciones legislativas en marzo de 2014, presidenciales en mayo y junio de 2014 y locales en octubre de 2015) los ciudadanos eligieron a los titulares de 18.638 cargos de elección popular (1 presidente, 102 senadores, 166 representantes, 32 gobernadores, 418 diputados, 1101 alcaldes, 12.063 concejales y 4.755 ediles).

Por la cantidad de candidatos, las campañas electorales más costosas son las locales. En ellas 111.707 candidatos se gastaron 479.000 millones de pesos en 2015. La campaña al Senado en 2014 costó en total 99.000 millones (entre 773 candidatos), la de Cámara 97.000 millones (con 1551 candidatos) y la presidencial 85.000 millones de pesos (gastados entre 5 candidatos).

En total, entre 2014 y 2015 se gastaron 760.000 millones en campañas electorales, distribuidos como se indica la gráfica siguiente:

 

Las ayudas financieras a través de créditos bancarios y dinero del Estado (en forma de anticipos) alcanzaron, sumadas, un valor de 132.000 millones de pesos (el 17 por ciento del costo de las campañas), y se distribuyeron de la manera que indican las Gráficas 2 y 3.

 

Campañas electorales

Estas gráficas muestran claramente que aunque las elecciones locales sean las que más recursos necesitan, la financiación estatal y los créditos bancarios fluyen en una mayor proporción hacia las elecciones de autoridades nacionales.

Además, como la financiación estatal y bancaria cubre solo el 17 por ciento del costo de las campañas, queda un 83 por ciento (628.000 millones de pesos) que son financiados con los recursos propios de los candidatos, los de sus familiares y con aportes y préstamos de actores privados. Lo cual implica que en la vida real las elecciones en Colombia son financiadas casi totalmente con recursos privados.


Proceso electoral y de campañas.
Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

Los problemas de la financiación privada

1. La debilidad de la arquitectura electoral

Los datos que resumí más arriba han sido obtenidos gracias a Cuentas Claras, la aplicación desarrollada por la ONG Transparencia por Colombia y cedida al Concejo Nacional Electoral para que pudiera llevar el control (al menos saber el monto) del dinero usado en las campañas electorales.

Este hecho tan simple es sintomático de uno de los grandes problemas de la financiación de las campañas. No existe una arquitectura institucional electoral capaz de controlar la financiación. La experiencia de Cuentas Claras demuestra que el Consejo Nacional Electoral no tiene la capacidad de hacer seguimiento a la financiación de las campañas. Aun hoy, con el aplicativo funcionando, la máxima autoridad electoral no tiene cómo confirmar la veracidad de los reportes de los candidatos, ni puede calcular con certeza cuánto dinero en realidad se están gastando los políticos en campaña.

2. La irresponsabilidad política de los partidos

Los defectos del sistema electoral producen incentivos perversos para los partidos políticos, a los cuales casi nada les impide avalar candidatos criminales o incluso inhabilitados. Desde la Misión de Observación Electoral hemos señalado que en enero de 2017, apenas un año después de comenzar su período, 20 alcaldes ya habían sido capturados por delitos electorales, corrupción e incluso lavado de activos. Cinco de ellos lo fueron antes de las elecciones de 2015 (y aun así habían sido avalados por los partidos y fueron elegidos por los ciudadanos).

Uno de los casos más conocidos es el de La Guajira, donde desde 1992 no se ha elegido a ningún gobernador que no acabe implicado en procesos penales, disciplinarios o electorales. Y muchos son los partidos que han avalado a los gobernadores guajiros en estos 25 años, sin hacerse responsables por las sanciones que estos reciben.

3. La irresponsabilidad política de los las empresas privadas

En tercer lugar, hay una irresponsabilidad total de los financiadores privados. Sin control estatal ni partidista, distintos grupos económicos son quienes en realidad definen la conformación del poder político en Colombia.

Y lo peor: pese a ese inmenso poder, los aportantes pocas veces salen a la luz y, al igual que los partidos, nunca dan la cara por los crímenes de sus representantes políticos. Lo que hoy vemos con Odebrecht no es sino una manifestación superficial de un problema estructural y extendido de nuestro sistema político.

4. La irresponsabilidad política de los ciudadanos

A esta cadena de fallas sistémicas e irresponsabilidades políticas se suma la piedra angular: el ciudadano. Aunque es una creencia común que un voto no marca la diferencia y que las elecciones están arregladas, la realidad es que los ciudadanos sí deciden la conformación del poder público. Y lo deciden cuando pecan por omisión.

En el último ciclo electoral:

18 millones de colombianos que pudieron haber votado se abstuvieron de elegir al Congreso de la República.
19 millones más no quisieron votar por el presidente en primera vuelta, de los cuales solo 2 millones estuvieron motivados a votar en la segunda.
En las elecciones locales de 2015, cuando los candidatos están más cerca que nunca a los ciudadanos en cada municipio del país, todavía persistieron 13 millones de colombianos en la abstención.
Así que es claro que el voto de quienes se abstienen sí podría marcar la diferencia. En cuanto a los ciudadanos que sí votan, se encuentran con el mar de recursos financieros que fluye todas las elecciones para corromper la voluntad de votantes y funcionarios públicos.

En resumen, para quien sabe que robar al Estado es buen negocio, tenemos un sistema electoral que les sirve el dinero público en bandeja de plata. Por ello, el intento actual de reformar el sistema electoral es una oportunidad de oro para pensar y decidir cómo empezar a solucionar estos problemas.

* Politólogo e internacionalista de la Universidad del Rosario, máster en Sociología de lo Político y de la Acción Pública del Instituto de Estudios Políticos (Sciences Po) de Bordeaux, coordinador del Observatorio Político-Electoral de la Democracia de la Misión de Observación Electoral (MOE).

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