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En Cintura

Por Carlos Alberto Ospina M.

Imagen consumer.wordpress.com

Es básico que la mayoría de los asuntos de la vida están sometidos al tamiz de la ambigüedad conceptual. Por un lado, la modernidad es inatajable con sus facilidades e impactos. Y por el otro, es un deber ciudadano cumplir con las normas de cualquier carácter legal y constitucional. En ese ámbito de lo incierto y dudoso entra a jugar un papel preponderante las iniciativas para prohibir algunas aplicaciones móviles con efectos, tanto de largo como de ancho, entre los límites del derecho individual y los ineludibles controles institucionales. ¡El mundo cambió! A la par, los modelos de negocios que durante décadas monopolizaron el mercado, concentrando la inversión y el flujo de capital, se encuentran enfrentados a nuevo leviatán neoliberal, la integración tecnológica.

La pugna tiene un enfoque equivocado de raíz, considerar al otro como enemigo y usurpador de los derechos adquiridos; en lugar, de abrir la perspectiva de la complementariedad. La economía de la competencia parte de rotular que hay un mercado para todos, aunque en éste sólo subsistirán los mejores, aquellos que se adapten a los diligentes cambios y sean capaces de observar el perfil del consumidor por fuera de la zona de confort comercial.

Varias Aplicaciones móviles (App) son un negocio lucrativo que se sustenta en la ausencia de cargas impositivas u obligaciones prestacionales, alcanzando inmensas utilidades con base en la “plata del gringo”, cero depreciaciones y mínimo compromiso económico. Estos desarrollos surgen, no por generación espontánea, sino por las falencias en la prestación de un servicio, la cartelización de tarifas o la facilidad de acceso debido las distancias geográficas. En los países en vía de desarrollo, el transporte público de taxis y buses, raya con la informalidad en razón a que los conductores adolecen de las mínimas garantías de vinculación laboral, horarios ajustados a la jornada legal y salarios equitativos. ¿Quiénes se quedan con los excedentes? Los propietarios de la flota. En Colombia más del 90% de los taxistas no son dueños de los vehículos. Trabajan largas y extenuantes jornadas para obtener pírricos ingresos, después de liquidar, dejar el carro full de combustible y lavado. ¿Cuánto de este dinero es declarado a la Dian por parte de los empresarios del transporte? Ahí queda la evidente pista para los husmeadores de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

La ley no puede ser para los de ruana, es obligación del Estado respetar y velar por la libertad de empresa, pero también es su deber exigir garantías mínimas, tanto a los concesionarios, como a los informales. La inteligencia del negocio de Uber está en que adquiere el derecho de usufructo de un activo o patrimonio particular, aprovechando los vacíos del espectro electromagnético y la banda ancha, para montar esa “plataforma” a partir de una aplicación interactiva de datos e internet. Es la red de transporte más grande del mundo, sin un vehículo propio. Allí donde campea el desempleo, la imposibilidad de alcanzar una pensión o cubrir las necesidades básicas de una población productiva, se halla el nuevo explotador de las miserias humanas, Uber. Desde el año anterior, esa startup, opera vehículos autónomos en San Francisco y Pittsburgh. ¿En qué va la legislación colombiana sobre estos avances que son una realidad ineludible? En pañales.

La fortaleza de las aplicaciones consiste en prometer una experiencia individual o grupal que supuestamente cambia la existencia por medio del ahorro de dinero que se podrá destinar a la lúdica y a la diversión sin límite. Airbnb teje su telañara de seducción a partir de la denominada Parahotelería, ofreciendo apartamentos y habitaciones a turistas a precios más bajos que el sector formal. ¡Vuelve y juega! Este Marketplace no tiene nada de novedoso, sí bien surgió hace 9 años al interior de un proyecto emprendimiento e incubadora de empresas en San Francisco, California; en Colombia, es una práctica ancestral desde la época de la Colonia. La diferencia radica en el concepto del negocio: poner a rentabilizar el inmueble a través del alquiler vacacional, eludiendo el pago de impuestos y las respectivas tasas turísticas estipuladas por las normas legales vigentes. La App es un caníbal comercial que infringe las leyes que rigen la industria hotelera, utilizando la pantalla de economía colaborativa.

Hemos pasado del volante primitivo en papel periódico y la cartelera escrita con marcador, ofreciendo el alquiler de habitación a un estudiante foráneo, a una aplicación móvil que efectúa 3.5 millones de reservas al año y opera en más de 192 países. Quebec, New York, Amsterdam, Barcelona y Miami han implementado controles para prohibir a los dueños o “anfitriones” el alquiler de sus propiedades por períodos inferiores a 30 días, previo el pago de un impuesto de registro que oscilan entre US250 y US 500 mensuales. Éstas ciudades pretenden poner en cintura los denominados hoteles transitorio realizando operativos, controles de licencias, falsas reservas, inspección de registros inmobiliarios, drásticas multas y hasta agentes encubiertos.

Detrás o al frente de la Parahotelería existe un tema de riesgo comprobado: el camuflaje de prostitutas, drogadictos, expendedores de metanfetamina, vendedores de armas, traficantes de órganos y delincuentes de distintos pelambres. Es evidente el riesgo de alojar un extraño en la residencia o apartamento familiar, dejando expuesto el patrimonio al eventual uso o abuso por parte del huésped. La industria hotelera corre esos mismos peligros, con la diferencia de poseer los mecanismos y los medios que proporciona la economía formal.

Las aplicaciones móviles llegaron para quedarse y avanzar; no a costa de la inversión privada y pública, a lo mejor, para que varios sectores despierten del adormecimiento y el confort que brinda la condición predominante.
Pie de página – Enfoque crítico. Las aplicaciones móviles, no se deben ni se podrán prohibir, y menos restringir. Otro asunto muy diferente es la obligación de pagar impuestos con destinación específica a proteger a los dueños de los vehículos, a los “anfitriones” y a los sectores del transporte público u hotelero. Es un derecho de piso para poder operar y participar en una economía libre, pero regulada.

Las App tendrían que asumir el costo del soat, el seguro hotelero y un porcentaje de entre el 3% y el 5% por concepto de depreciación anual del bien
o el vehículo registrado en su red. ¿Quién las ponga en cintura?
Las tendencias prohibicionistas se estrellarán contra la oferta y la demanda, tal como sucede con las aerolíneas de bajo costo, las cuales coexisten y operan sin restricción.

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