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¿El proceso de paz está en manos del Fiscal General?

Por Medófilo Medina* (razonpublica.com)

Néstor Humberto Martínez lleva en el cargo de Fiscal General de la Nación un poco más de dos años, y durante este tiempo ha desplegado una acción persistente contra el proceso de paz.

Entre fiscales

Martínez Neira se posesionó como fiscal el 1 de agosto de 2016 y apenas un mes después se reunió con Loretta Lynch, la Fiscal General de Estados Unidos. Luego de su reunión, Martínez abogó públicamente por reanudar las fumigaciones aéreas en Colombia.

El primer golpe que Martínez Neira le dio a los Acuerdos de paz fue declarar que la erradicación manual era un fracaso en el país. Era sabido que la eliminación manual de los cultivos ilícitos era prioridad en el Acuerdo de Paz.

Cabe preguntarse dos años después, a la luz de las acciones del fiscal, a qué acuerdos llegaron los dos fiscales en aquella reunión y con qué contraprestaciones.

El choque del fiscal con los pequeños cultivadores

Cultivo de coca.
Cultivo de coca.
Foto: Policía Nacional de Colombia

Según Martínez Neira, el tratamiento diferencial a cultivadores erosionaría la políticaantidroga. Por eso, el fiscal decidió retardar el proyecto al hacer caso omiso de las condiciones que se fijaron para su aplicación: (1) la posibilidad de los pequeños cultivadores a comprometerse con la erradicación del cultivo y (2) a la aceptación de un plazo de 45 días para hacerlo.Con gesto dramático, el fiscal se declaró aterrado a finales de octubre de 2017 por el proyecto de ley impulsado por el gobierno que contemplaba un tratamiento penal diferenciado para los pequeños cultivadores.

Martínez Neira gastó sus energías en enredar y dilatar el trámite de la ley que reglamentaría la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el Congreso de la República.

Cualquiera que juzgara de buena fe el proyecto de trato diferencial a los cultivadores, lo tomaría como una medida para apoyar la erradicación voluntaria y manual. No es el caso del Fiscal, quien ya había proclamado total obediencia a la política gringa de las fumigaciones aéreas.

Dilatar trámites

Martínez Neira gastó sus energías en enredar y dilatar el trámite de la ley que reglamentaría la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el Congreso de la República.

Luego de largas reuniones con el Ministro de Justicia y con los ponentes, el Fiscal se presentó como el gran triunfador cuando el Gobierno aceptó varias recomendaciones de la Fiscalía para la JEP.

Al menos así era presentaba la situación por la Revista Semana cuando señalaba que gracias a la presión del Fiscal: “(…) testaferros, disidentes, desertores y quienes sigan dedicados al narcotráfico perderán los beneficios de la justicia especial y serán competencia de la justicia ordinaria”.

Sin embargo, esas condiciones en realidad formaban parte de las normas que se habían creado para la JEP. Presentarlas como novedades ajenas a las intenciones de la JEP sólo tenía la intención de debilitar a las instituciones de la justicia transicional ante la opinión pública.

La Fiscalía estaba manteniendo a la JEP en un limbo jurídico con un fin: ganar tiempo para habilitar a la justicia ordinaria como posible encargada de la administración jurídica del Acuerdo de Paz.

Al tiempo que la Fiscalía dilataba el proceso de reglamentación de la JEP, el mismo fiscal veía la posibilidad de conseguir para la Fiscalía la capacidad de intervenir en investigaciones reservadas a la JEP mediante la práctica de interrogatorios, testimonios y otras pruebas.

Los shows del fiscal

En febrero de 2018, de manera atropellada, la Fiscalía declaró la expropiación de tres empresas comerciales: Supercundi, Merkandrea y Mercafusa bajo la acusación a sus propietarios de incurrir en testaferrato para las FARC.

La expropiación de estas empresas solo dio lugar a revueltas y saqueos, pues han pasado seis meses y la opinión pública no ha conocido aún las pruebas del testaferrato como tampoco se sabe qué pasó con la expropiación anunciada de “5 sociedades, 60 establecimientos de comercio, 70 cuentas bancarias, 7 casa lotes y 4 predios que no aparecen en inventario”.

Para la Fiscalía la capacidad de intervenir en investigaciones reservadas a la JEP.

Sin duda los grandes shows de Néstor Humberto Martínez Neira pasan por verdades ante el público cuando van acompañados de cifras.

Pero ese público tiene el derecho, y también la obligación de hacer seguimiento y pedir información a la Fiscalía que pretende hacer gala de transparencia en el ejercicio del cargo.

El golpe al proceso de paz

Acuerdos de Paz con las FARC.
Acuerdos de Paz con las FARC.
Foto: Presidencia de la República

El 9 de abril de 2018, Seusis Pausivas Hernández, conocido por su nombre de guerra como Jesús Santrich, fue capturado con fines de extradición. Quien dio la orden fue la Fiscalía con el apoyo de la Inteligencia estadounidense. Jesús Santrich fue acusado de haber pactado un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Esta jugada de la Fiscalía fue el golpe más grave que se ha podido dar contra el proceso de paz en la etapa del posconflicto.

No pasó mucho tiempo para que la Misión de Verificación de la ONU previera las consecuencias negativas en el orden político y jurídico que tendría para la Paz la captura de Santrich. La Fiscalía no puede tomar estas decisiones a la ligera.

Particularmente, la Misión de Verificación de la ONU señaló que las disidencias se fortalecerían por miedo a la extradición. Tanto Pastor Alape como Timochenko han destacado la inseguridad jurídica en la que han quedado los dirigentes y mandos medios de las Farc.

En los reportajes hechos a Alape y a Timochenko, ambos hacen un llamado a aquellos dirigentes que se han retirado de la escena pública para que vuelvan a ella. Además, se refieren con toda claridad al impacto que ha provocado la amenaza de extradición de Santrich en el partido.

La Fiscalía actúa de mala fe

La Fiscalía está actuando de mala fe, pues las FARC han cumplido a cabalidad con la entrega de las armas. El fiscal no sólo ha escamoteado la justicia transicional, también la ha negado abiertamente.

El sistema de justicia transicional fue diseñado concienzudamente en La Habana y fue presentado como paradigmático por las instancias exigentes de la Justicia Internacional.

El fiscal concentra su ofensiva en poner en duda las competencias de la JEP frente a la justicia ordinaria. No es posible ocultar la posición política de la acción del fiscal contra la paz.

Esta jugada de la Fiscalía fue el golpe más grave que se ha podido dar contra el proceso de paz en la etapa del posconflicto.

La Justicia Especial para la Paz asegura el Sistema Integral de Verdad Justicia y Reparación y No Repetición. Si se hubiera decidido que la negociación transcurriera sobre la base de la Justicia Ordinaria el proceso de paz no se hubiera siquiera iniciado.

Las partes en La Habana acordaron la Declaración de Principios sobre las Víctimas y coincidieron en que no iban a intercambiar impunidades. Esa fue la voluntad que orientó la formación del sistema de Justicia para, por un lado evitar que a toda costa los crímenes y la violación a los derechos humanos quedaran impunes y sin las penas correspondientes y, por otro lado reconocer con toda claridad los derechos de las víctimas del Conflicto Interno.

¿Y las pruebas?

A pesar de que la Corte Constitucional avalara las Facultades de la Fiscalía para continuar el proceso de extradición, le ordenó al fiscal el 27 de junio pasado enviar el expediente completo con el trámite de extradición de Santrich.

Si bien el cometido de la JEP es el de establecer si el presunto delito de Santrich se cometió antes o después del 1 de diciembre de 2016, no puede decidir a ciegas o apoyada en simples videos con los que el Fiscal abrió un show mediático.

Mediante un Auto del 12 de septiembre pasado, la JEP le pidió a la Fiscalía de manera inmediata el envío del expediente completo para conocer las pruebas documentales contra el exguerrillero.

La Fiscalía no respondió de inmediato la urgente solicitud de la JEP que estaba apoyada en la autonomía que le confirió el Acto Legislativo 1 de 2017. Después, su respuesta demostró la grave lesión que tiene nuestra soberanía nacional, pues las pruebas contra Santrich de la versión de la Fiscalía están en una corte de los Estados Unidos.

Que las pruebas no estén en las manos de la JEP obliga que la opinión pública, los partidarios de la paz y las corrientes democráticas de la sociedad civil deban aceptar las declaraciones ‘de buena fe’ tanto de la Fiscalía, como de la Justicia y la Administración estadounidense.

¿Continuaremos volteando la mirada?

El verdadero motor de acción del Fiscal es su interesado propósito de fortalecer las relaciones de la Fiscalía, cada vez más politizada, con la DEA.

No debemos dejarnos impresionar por el cinismo de la decisión de El Tiempo de declarar a Néstor Humberto Martínez como personaje del año en 2017.

La declaración de El Tiempo fue una  estrategia para lavar la cara del Fiscal, ensuciada por las salpicaduras que recibió en los escándalos de corrupción de Odebrecht, como lo denunció en el Congreso el senador Jorge Enrique Robledo y por supuesto por la responsabilidad de Martínez Neira en el nombramiento de Gustavo Moreno como fiscal anticorrupción.

La opinión pública está más allá de esos apremios de la higiene facial.

El verdadero motor de acción del Fiscal es su interesado propósito de fortalecer las relaciones de la Fiscalía, cada vez más politizada, con la DEA.

Diversos sectores políticos han levantado una especie de cordón político sanitario frente a los excombatientes. Hemos llegado al punto en que buena parte de la opinión pública no quiere enterarse de la forma como la Fiscalía ha llevado el caso Santrich ni de cuáles son los alcances de este capítulo del posconflicto.

El precepto constitucional según el cual la Paz es un derecho y un deber debe aplicarse. Si lo hacemos, evitaremos que los colombianos y colombianas miren para otro lado mientras el fiscal avanza sin resistencia contra la paz.

Si volteamos la mirada, avanzará el fortalecimiento de la Fiscalía con aquellos sectores trastornados por la nostalgia de la guerra.

*Cofundador de Razón Pública. Para ver su perfil haga clic aquí

 

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