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El negocio redondo de las Cajas de Compensación

Por Juan Carlos Martínez Castro, Digital Jumper/El Tiempo

Las cajas de compensación familiar más "notables". Foto nuevaeps.com

Las Cajas de Compensación son grupos económicos privados que se enriquecen con recursos públicos. Muchas personas aún tienen la idea romántica de que son entidades cooperativas que pertenecen al pueblo, pero en realidad se trata de grandes conglomerados que a pesar de su carácter privado, “administran” a su conveniencia el dinero de los trabajadores colombianos.

En la pasada “Reforma Tributaria” se modificaron los aportes parafiscales afectando al ICBF y al SENA e incomprensiblemente dejándolas intactas, razón por la cual siguen recibiendo el 4% del salario mensual de cada trabajador por parte de su respectivo empleador, lo que en términos monetarios suman aproximadamente 5 billones de pesos al año. El ICBF y el SENA pasaron al nuevo sistema que recauda según las utilidades que reporte la empresa. La pregunta es: ¿por qué unos sí y otros no?

Actualmente les están adjudicando una serie de responsabilidades que no deberían tener pues son funciones propias del Estado. Ejemplo de esto son los programas de vivienda de interés social y prioritario y los subsidios de desempleo del gobierno de Juan Manuel Santos. Lo grave es que también están comercializando con los derechos a la salud y a la educación de los colombianos y eso es muy preocupante.

En cuanto a la vivienda, las Cajas de Compensación han comercializado por años unidades de interés social que más parecen cajetillas de fósforos, donde los trabajadores se vieron sometidos a sistemas neoliberales como el extinto UPAC. El gobierno a través del Vicepresidente Germán Vargas Lleras, del Ex-Ministro de Trabajo Luis Eduardo Garzón y de su antecesor Rafael Pardo; cometió el error de adjudicarles parte de la administración de las 100.000 viviendas “gratis” que pagamos todos los colombianos. Muchos han criticado no el otorgar un techo a los más pobres sino el hacerlo a través de tan cuestionadas organizaciones.

Los subsidios al desempleo reglamentados por el Ministerio del Trabajo de la cual es adscrita la Superintendencia que supuestamente las vigila, buscan que quienes pierdan su empleo sean apoyados con orientación y capacitación y puedan seguir cotizando al sistema de salud, pensiones y subsidio familiar durante seis meses. Sin embargo, estas contribuciones que vienen siendo lo mismo que las cesantías, podrían canalizarse a través del sistema financiero ganando intereses a favor del cotizante. Además, existe una especie de chantaje porque sólo es otorgable a quienes hayan contribuido a las Cajas con 6 meses de antelación y únicamente se hace por un periodo igual así se haya abonado por más tiempo.

Adicional a esto, el gobierno estableció que todas las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico se afilien a las Cajas de Compensación de forma obligatoria. Pero como sucede desde que implementaron la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), es imposible contribuir por menos de un mes ya que se exige que se abone como mínimo por este periodo. Esto ocasiona que muchos empleadores no coticen al sistema por una persona que sólo trabaja por días o por horas. Asimismo, el personal de servicio doméstico no gana lo suficiente para disfrutar de los servicios que ofrecen las Cajas porque son muy costosos.

Lo peor es que ahora las Cajas de Compensación pretenden extender sus tentáculos a la población rural sin tener la infraestructura para eso pues ni siquiera cubren con eficiencia al total de sus afiliados urbanos. Esto sólo les daría más poder y dinero a las 43 Cajas existentes, cuyos ingresos totales ya superan los $12 billones de pesos anuales incluidos los 5 billones que reciben de parafiscales; pero en ningún momento se garantizaría que los beneficios lleguen a los ciudadanos que viven en esas zonas pues allí se presenta una gran informalidad laboral y además están localizados de forma muy dispersa.

Otro negocio al que se dedicaron las Cajas es al de las EPS, con el cual ya se apropiaron de la cuarta parte del sistema de salud colombiano pues se calcula que tienen un 25.2% del total de afiliados. Contando sólo el régimen contributivo concentran el 31% del mercado. En cuanto al régimen subsidiado, hasta hace poco su participación era del 19.5%. Lo grave es que al parecer el Estado les permite realizar integración vertical en esos negocios. Además, algunas de estas compañías cuentan con grandes cadenas de droguerías en todo el país, monopolizando así la distribución de los medicamentos.

Imagen brandyenergy.com.co

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Recientemente, los supermercados de una de las Cajas de Compensación más grandes del país pasaron a ser operados por una famosa cadena de almacenes. Esa transacción sumó $122.219 millones de pesos. Por su parte, la cadena de almacenes le vendió a la Caja las droguerías que eran de su propiedad por $39.549 millones. Igualmente, acordaron la enajenación por parte de la cadena de almacenes y a favor de la Caja de las droguerías ubicadas en otra de sus cadenas distribuidoras por $35.254 millones de pesos.

La educación que también es un derecho, está siendo comercializado por las Cajas que tienen desde colegios hasta fundaciones universitarias donde los estudiantes pagan matrículas elevadas, desproporcionales a la calidad ofrecida y de poco acceso a sus afiliados. Lamentablemente, el sistema educativo colombiano permite que todos los días entren en funcionamiento institutos de dudosa calidad académica que en realidad son verdaderas fábricas de diplomas y lo peor es que están utilizando al ICETEX para sus fines.

Hace poco fue inaugurado un lujoso hotel en Cartagena por una Caja de Compensación que paradójicamente tiene su sede administrativa en Bogotá. Quienes se beneficiarán sin duda alguna serán sus directivos, los turistas extranjeros y alguna gente de la Región Caribe. Los verdaderos afiliados como siempre, no podrán utilizar sus servicios porque se escapan a su realidad económica y geográfica.

Otras modalidad de negocio de las Cajas son los clubes recreo-deportivos, los cuales tienen tarifas muy altas que no están al alcance de los trabajadores. Es injusto que una persona que gana escasamente un SMLV le toque pagar desde la entrada hasta cada servicio que utiliza sin mayor diferencia con lo que cancela un particular. Es así que estos lugares son frecuentados en su mayoría por personas distintas a los afiliados, convirtiéndose en unas instalaciones pagadas por muchos pero disfrutadas por pocos.

De hecho, algunos de estos clubes han sido tan mal manejados que su administración ha estado por mucho tiempo en manos del personal de vigilancia, cometiéndose de ese modo una serie de arbitrariedades y abusos de poder en contra de sus propios trabajadores, proveedores y afiliados. Además, estos clubes se han convertido en una especie de premio a personajes apadrinados que sin tener las competencias, terminan operando dichas unidades de negocio y haciéndose llamar dizque gerentes.

Las concesiones representan otra irregularidad dentro de las Cajas de Compensación. Muchos comerciantes han mal-invertido en esos espacios viendo sus capitales sometidos a una serie de prácticas anti-comerciales en las cuales siempre terminan perdiendo. Existen casos impresentables donde trabajadores de esa modalidad de negocio han sido víctimas de abusos administrativos e inclusive han sido denunciados de manera infame y desproporcional por abogados tinterillos que trabajan para las Cajas sólo por reclamar sus derechos a nivel laboral, comercial y personal.

Imágenes slidescdn.com

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El sector financiero tampoco ha escapado a las garras de las Cajas de Compensación. Los préstamos que conceden tienen intereses similares a los de un banco y muchas veces son colocados para consumir sus propios servicios. Los centros comerciales son otro negocio de estos grupos económicos, algunas Cajas han adaptado sus instalaciones para este fin y alquilan a terceras compañías locales por grandes sumas de dinero en contratos que no concuerdan con su objeto social.

Otro asunto que no se ha inspeccionado lo suficiente es la subcontratación que realizan las Cajas a terceras compañías. Se deberían investigar todos los contratos que estas organizaciones han realizado y establecer su cuantía y forma de adjudicación. Si manejan dineros públicos, lo más correcto es que sus proveedores hayan licitado en igualdad de condiciones y no hayan sido escogidos con preferencias. En ese sentido, también se deberían investigar todos los procesos de outsourcing.

Para mejorar su imagen, algunas Cajas despilfarran el dinero de los trabajadores y de los empresarios en costosos espacios televisivos y radiales, medios impresos y hasta patrocinan equipos profesionales de fútbol. Sólo es recorrer algunas ciudades del país para ver todas sus vallas y avisos publicitarios. Lo más absurdo es que también están entregando premios a la ciudadanía, ignorando que no existe ningún mérito en recibir una medalla o una copa de una organización burocrática.

También se presumen inversiones en Ecopetrol, bancos, fondos privados nacionales y extranjeros, terrenos y otros negocios diferentes a lo que se supone se deberían dedicar; lo que no tendría nada de malo si las Cajas de Compensación no administraran dineros provenientes de los parafiscales, los cuales deben ser destinados exclusivamente para el bienestar de los trabajadores más pobres. Es inaceptable desde cualquier punto de vista que semejantes recursos públicos estén manejados por grupos económicos privados y que ni el Estado ni las empresas ni los trabajadores hagan algo para terminar con tan descarada burocracia.

El país mira con gran indignación que mientras el SMLV que devenga la mayoría de colombianos escasamente supera los $600.000 pesos, los salarios de los concejales de Bogotá y de los congresistas de la República sobrepasan los 27 millones de pesos mensuales más las primas y otros conceptos por los que también ganan. Pero si se compara con los exorbitantes salarios de los directivos de las Cajas de Compensación, nos daremos cuenta que algunos de esos personajes ganan más que el mismo Presidente de la República y que llevan décadas en sus cargos.

Ya que manejan dineros públicos, lo más correcto es que el país conozca el monto de los salarios del personal directivo y administrativo de las Cajas de manera que rindan cuentas públicamente y respondan entre otras cosas por qué llevan tantos años en el mismo puesto, cómo llegaron allí y cuáles han sido los resultados de su gestión. También se debería conocer la totalidad de sus bienes y cómo fueron adquiridos al igual que el importe de sus cuentas bancarias. Del mismo modo, es necesario hacer un balance entre lo que estas organizaciones han recibido desde que las crearon, lo que han gastado y lo que tienen ahora. Es hora de que el país haga cuentas.

Otro aspecto es la idoneidad de los directivos de las Cajas y demás personal administrativo a quienes les encanta que les llamen “doctores” aunque no tengan título de doctorado. Se debería comprobar si dichos personajes cumplen con los requisitos académicos para los cargos que ocupan y comparar los resultados con los escalafones que se le exigen a los funcionarios del sector público y determinar de ese modo si es justo que los colaboradores de las Cajas ganen más, aún cuando en muchos casos no tienen las competencias y sus nóminas se paguen con parafiscales que claramente son dineros públicos.

Las Cajas de Compensación son intermediarios innecesarios, costosos e ineficientes que los colombianos no debemos mantener ni un día más. Son como enormes dinosaurios burocráticos que caminan gracias a los aportes de los trabajadores pero no a su competitividad. Su jerarquía organizacional se quedó en el siglo pasado bajo el modelo de la administración clásica. Prueba de ello es que sus directivos llevan mucho tiempo gozando de privilegios a costa de todos los colombianos y de forma arrogante, tomando decisiones arbitrarias con recursos que no son suyos, posando como empresarios o ministros según les convenga.

Por su parte, la Superintendencia de Subsidio Familiar no hace una adecuada vigilancia y control debido a que las Cajas tienen diversos negocios que no son de su competencia. Es por esto que en algunos casos deben ser vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio, en otros por la Supersalud y así en cada sector económico en los que tienen presencia, lo que ocasiona que muchas veces no se intervengan. No obstante, es importante reiterar que la Superintendencia del Subsidio Familiar nunca ha ejercido un adecuado control al punto que también es necesario suprimir a esa Entidad debido a su ineficacia.

El país está en mora de acabar con esta retrógrada figura creada a mitad del siglo pasado e importada desde Chile. Debemos tomar conciencia de que las Cajas de Compensación deben desaparecer porque el Estado no debe mantener a ningún grupo económico privado, mucho menos si se trata de grandes conglomerados que tienen presencia en casi todos los sectores de la economía y que se lucran a costa de todos los trabajadores y empresarios colombianos.

No es aceptable que se siga realizando un desvergonzado lobby para continuar con ese anacrónico modelo, el Estado tiene el deber de combatir la corrupción y la burocracia. Asimismo, el Estado colombiano tiene la capacidad de asumir las funciones de las Cajas de Compensación bien sea mediante adquisición o utilizando su propio aparato estatal. Lo que se necesite del sector privado debe contratarse de manera democrática por licitación pública donde participen diferentes empresas en las que bien podrían concursar, pero no se les debe seguir asignando semejantes recursos de forma tan privilegiada e irresponsable.

Si queremos modernizar el país y tener un modelo económico competitivo, lo correcto es que estas organizaciones se sostengan por sí mismas debido a su carácter privado. Que además se esfuercen por ser productivas, competitivas y que liciten en igualdad de condiciones con otras compañías. Pero sobre todo, se debe procurar que las Cajas de Compensación nunca más administren recursos públicos y que dejen de enriquecerse a costa del Estado.

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