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El momento más confuso para la paz

Por Hernando Gómez Buendía (director razónpublica.com)

reproducción razónpublica.com

 

Presionado porque su tiempo se agota, el presidente metió el acelerador y llegó casi a la firma del Acuerdo. Pero lo hizo con premuras y torpezas que agravan la confusión y que podrían acabar en embutidos o en saltos insensatos al vacío.

En la puerta del horno

Todo lleva a pensar que la paz está hecha:

Tanto el presidente de la República como el jefe de las FARC se comprometieron públicamente a firmar el Acuerdo final en un plazo de seis meses;
En un comunicado conjunto, las partes resumieron el contenido de su acuerdo sobre justicia transicional, sin duda el punto más difícil de la agenda;
Las operaciones armadas están prácticamente suspendidas desde hace varios meses, y la violencia del conflicto está en el punto más bajo de los últimos 30 años;
Timochenko ordenó suspender el entrenamiento militar de los guerrilleros y reemplazarlo por cursos de formación política;
La “dejación de armas” de la FARC comenzará dos meses después de suscribirse el acuerdo, según anuncio conjunto de las partes;
Colombia recibió la felicitación internacional, comenzando por Ban Ki moon y John Kerry, y
La encuesta Ipsos indicó que el porcentaje de quienes creen que habrá paz es más alto que nunca, que para 55 de cada cien colombianos el acuerdo sobre justicia es “positivo”, y que la imagen favorable de Santos pasó de 29 a 42 por ciento a raíz de su visita a La Habana.
Y sin embargo el proceso de paz con las FARC se encuentra en un momento sumamente delicado porque

la mesa de negociación fue desbordada o pudo quedar desbordada como el espacio exclusivo para llegar a acuerdos,
eso se da precisamente cuando faltan los puntos o “detalles” realmente decisivos del proceso, y
cuando los tiempos políticos exigen que las negociaciones concluyan muy rápidamente.
Los dos peligros

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Delegación de Paz del Gobierno Nacional en La Habana, Cuba.
Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

El peligro en cuestión es doble, y en ambos casos es grave:

Está el riesgo paradójico de una ruptura del proceso resultante de los desacuerdos, no ya sobre los temas de la agenda sino sobre la existencia misma o sobre el alcance sustantivo de los acuerdos supuestamente ya definidos en la mesa. Este es el tipo de asuntos que de por sí desbordan el espacio de la mesa y que podrían dar al traste con cualquier negociación, porque sería necesaria otra instancia para precisar si el acuerdo se dio o no se dio.
Trasladando el punto capital de las desde la mesa de adversarios donde estaba empantanado, a otra mesa entre colegas profesionalmente dedicados a estudiar las finezas de la justicia transicional.
Es la disputa que de hecho ya surgió alrededor de la justicia transicional, cuando el jefe negociador de las FARC dice que el tema quedó “cerrado” y que el gobierno no cumple “su palabra”, mientras el jefe negociador del gobierno replica que “las FARC faltan a la verdad” porque se trata apenas de un texto en construcción, que necesita “ser terminado y precisado”.

Por ahora el asunto fue devuelto a la subcomisión jurídica, y es probable que allí se llegue a un acuerdo porque a estas alturas ambas partes estarían más allá de su punto de retorno – o sea que sus costos al romper las conversaciones serían simplemente inaceptables-. Pero aún entonces -y en el mejor de los casos- se está sentando un precedente nefasto para la fase de implementación de los acuerdos: ¿será que van a cumplirse, quién vigila que se cumplan, qué pasa si no se cumplen?

No menos preocupante –y más probable- es el peligro de la improvisación o, peor, del “manotazo” por parte de los vivos que aprovechan la confusión acerca del espacio donde se esté decidiendo y el afán de concluir el proceso para introducir sus “micos”- expresiones o parágrafos que después nos salgan caros o causen grandes trastornos (por ejemplo un cambio abrupto y no explícitamente previsto en la Constitución o en el sistema político)-.
Es lo que puede pasar –y en mi opinión ya pasó- con el acuerdo sobre justicia transicional, que lleva trazas de ser un código penal alternativo de 75 artículos y que además faltaría “terminar y precisar”.

Y es lo que puede pasar, como Juan Carlos Palou explicó en esta revista, con las leyes “exprés” que adoptaría el Congreso y con las facultades extraordinarias que tendría el presidente para la “implementación” de los acuerdos – los dos pilares del proyecto de reforma constitucional que a las carreras presentó el gobierno-.

Contra reloj

La explicación sencilla de esta nueva y peligrosa situación es el afán del presidente Santos.

La Constitución (por fortuna) no permite sino ocho años de gobierno, y a Santos se le fueron sus primeros cinco en sentarse a negociar y en lograr acuerdos sobre tres temas (y medio) que sin duda son difíciles pero eran impersonales y por eso, digamos, menos difíciles que el de la cárcel (o no cárcel) y el de la dejación (o la entrega) de las armas de quienes están sentados al otro lado de la mesa.

De hecho había transcurrido más de un año desde el último acuerdo sustantivo ( los “diez principios” en materia de víctimas), y mientras tanto en Colombia pasaron muchas cosas, incluidas las emboscadas y las voladuras, la cantaleta de Uribe y el procurador, los dislates del fiscal, la caída del gobierno y el proceso en las encuestas, la llegada de elecciones regionales, la disputa por suceder a Santos y la conciencia de que un gobierno agonizante ya no está para firmar acuerdos ni mucho menos para poner en marcha las reformas que implicaría ese acuerdo.

Por eso la insistencia creciente del gobierno en airear y acelerar el proceso:

Por una parte la búsqueda de fórmulas para blindar su legitimidad política, que comenzó con la ley estatutaria para que el referendo pueda llevarse a cabo el mismo día de elecciones, e incluyó la propuesta (insensata) de una “papeleta” en la votaciones del próximo 25 de octubre, o la (tramposa) idea de que la gente votara por un plazo a las negociaciones (tramposa porque un “sí” al plazo implicaba un falso “sí” a la paz negociada).
El saldo neto de estas malas ideas fue reafirmar el compromiso unilateral del gobierno con la “refrendación popular” del Acuerdo, un sinsentido conceptual, jurídico y político que podría desbaratar todo cuanto se logre avanzar en el proceso (como creo haber demostrado de manera verbal y por escrito)

Por su parte la presión para anunciar nuevos acuerdos y agilizar el trabajo de la mesa tuvo un pico a raíz del atentado de Tumaco (junio 16) en el anuncio conjunto de medidas para “des-escalar el conflicto” del pasado 12 de julio.
En este mismo anuncio se incluyó el de un cambio en “la metodología por la de un trabajo técnico, continuo y simultáneo sobre los puntos centrales de la Agenda, a la vez que se construyen acuerdos en la Mesa”. Con esta frase inocente se estaba trasladando el punto capital de las negociaciones –castigo o perdón para los exguerrilleros- desde la mesa de adversarios donde estaba empantanado, a otra mesa informal o entre colegas profesionalmente dedicados a estudiar las finezas de la justicia transicional. Y estos colegas, como era de esperarse, se dedicaron a redactar un código que por supuesto ha sido saludado por sus otros colegas de aquí y del exterior.

Pero con todo y eso el reloj seguía avanzando, tanto que un día Santos mandó a su hermano Enrique a decirle a Timochenko que estuviera tranquilo porque “podemos arreglar para que ustedes no vayan a la cárcel…Ustedes podrían quedarse aquí en Cuba, hasta podría ser en (la playa de) Varadero”. Y así siguió aumentando la impaciencia, hasta que el 23 de septiembre al presidente le dio la ventolera de subirse a un avión para hacer lo que vimos en La Habana.

Despacio, que estoy de prisa

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Timoleón Jiménez e Iván Márquez en La Habana, Cuba.
Foto: FARC-EPaz

Dije ya que la agitada ceremonia de La Habana fue el paso más importante – y el más espectacular- que el presidente y el jefe de Las FARC han dado para llegar a la paz negociada.

El plazo implica que el más interesado – en este caso el gobierno- haga más concesiones para lograr con rapidez la firma.
Pero en los hechos resulta que las cosas estaban a medio cocinar o “casi cocinadas” -y otras cosas, me temo, estaban “cocinadas” pero en el mal sentido-:

Está en primer lugar el plazo de seis meses, que Santos requería categóricamente y Timochenko aceptó a regañadientes. El plazo era un imperativo político derivado del ciclo electoral – y acrecentado por el oportunismo de nuestros “estadistas” de derecha e izquierda–. Y es también un absurdo en un proceso de negociación: ¿quiere decir que volveremos a la guerra si el 23 de marzo falta por acordar algún detalle? Más de fondo: el plazo implica que el más interesado – en este caso el gobierno- haga más concesiones para lograr con rapidez la firma.
Está el acuerdo sobre justicia transicional, con lagunas (conocidas) y tan serias como quién va a escoger a los jueces de estos nuevos tribunales, si en La Habana se puede decidir sobre justicia para expresidentes y militares, o si el secuestro extorsivo es un delito no amnistiable de toma de rehenes.
Y con la mancha, que para mí es peor, de extender así no más el perdón o la sanción con “palmaditas” a “todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado”. Al revés de la justicia de verdad, la justicia transicional consiste precisamente en no tratar igual a todos los criminales sino en cerrar los ojos a cambio del compromiso abierto con la paz; ¿pero acaso los paramilitares, agentes del Estado, empresarios y políticos se han sentado a negociar con la amenaza de proseguir su “guerra” es decir, de seguir asesinando si no se les concede esta justicia especial?

Pero volviendo a tierra hay que decir que en el tema esencial del acuerdo con las FARC hemos quedado exactamente en el peor de los mundos:

Con el pan en la puerta del horno,
Con la evidencia plena de que el “sapo” que habremos de tragarnos es enorme,
Con un gran alboroto de por medio,
Con la conclusión de que en efecto y simplemente no hay acuerdo entre el gobierno y las FARC sobre el punto central del Acuerdo, y
Con la presión de un plazo inexorable.
En conclusión y en resumen, diría yo que la presión militar es lo que obliga a las FARC a negociar, y la presión del tiempo es lo que obliga a Santos a firmar. Así no sea muy claro lo que vaya a firmarse.

Es el camino extraño y turbulento de la paz que Colombia necesita, y el coletazo de este conflicto tan extraño y turbulento de Colombia.

* Director y editor general de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic en este enlace.

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