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El mejor general para el posconflicto

Por Cecilia Orozco Tascón, Diario El Espectador, Bogotá

General Alberto Mejía F. Foto El Tiempo

Muchas realidades se superponen al proceso de La Habana y habrá que atenderlas todas simultáneamente o Colombia fracasará, otra vez, en este nuevo intento, el que más lejos ha llegado en el camino de la terminación de la guerra interna: el Gobierno decide, de manera unilateral, indultar a 30 insurgentes “puros” (condenados solo por rebelión) para reducir el nivel del conflicto, mientras el fiscal general anuncia que llamará a declarar a los exintegrantes del M-19, perdonados por el Gobierno de turno hace 30 años; se prepara un sistema de justicia especial para un tratamiento suave de los líos penales de los subversivos y la situación judicial de los generales Montoya y Gallego empeora por el avance de las investigaciones sobre los hechos delictivos cometidos en desarrollo de la operación Orión (‘rescate’ de las comunas de Medellín, bajo dominio guerrillero); se propone la liberación y regreso al país de ‘Simón Trinidad’ y, al mismo tiempo, la Corte Suprema se ve obligada a confirmar o negar, en estricto derecho, la condena a 30 años de prisión del coronel Plazas Vega hallado culpable de las desapariciones del Palacio de Justicia… Y así, podríamos seguir con una lista enorme.

Si alcanzamos el estadio del posconflicto, el mayor obstáculo para una era pacífica y productiva sería el de dejar vivos los resentimientos de una de las partes, tal como ocurriría si una de ellas fuera tratada, institucionalmente, con mayor dureza o laxitud que la otra. O, peor aún, si no siendo cierto que se le discrimina, una de las dos logra victimizarse a ojos de la opinión, ocultando su piel de lobo bajo la de una mansa oveja para tener la “legitimidad” de rearmarse en la clandestinidad, antes, durante o después de la firma de la paz. Algo de este entramado se escucha en los reclamos habaneros sobre “el desmonte de paramilitarismo” que pusieron como condición las Farc para continuar en la negociación, condición que a muchos nos pareció, en principio, desmesurada, pero que, al final, podría tener argumentos parcialmente válidos. Al tema del paramilitarismo se refirió el viejo guerrillero Joaquín Gómez cuando, sin ningún tino político, aseguró que su agrupación “no entregará” los fusiles si el gobierno Santos no “garantiza” que no habrá más bandas criminales (Bacrim). Como si Santos tuviera una varita mágica, ¡por favor!, a la que le pudiera pedir el milagro de esfumar la delincuencia del territorio nacional. Bailaríamos de la dicha, todos a una.

Las Bacrim tienen exparamilitares en sus filas, pero no son, ni de lejos, una organización armada con unos jefes únicos y una subordinación estricta como la que armaron Carlos Castaño y sus hermanos. Sin embargo, hay que admitir que ese fenómeno no desapareció del todo, como pretende el expresidente Uribe. Y también hay que examinar si hoy, unos grupos militares del Estado, incentivados por civiles de ultraderecha con mucho poder y mando, se mueven en esa dirección. Lo que sí se puede afirmar es que Santos encontró, por fin, al oficial más adecuado para estar a la cabeza del Ejército en este período de culminación de una etapa brutal de la historia y de iniciación de otra más civilizada. El general Alberto Mejía Ferrero tiene hoja de vida de ranger y comando y también de estudioso de las artes marciales, motivo por el cual sabe valorar la paz. Es civilista y estratega. Nadie mejor para entenderse, lealmente, con las Farc.

A Mejía, no obstante, le espera una tarea ardua: generar cultura pacifista en las filas guerreristas, de un lado. Y, del otro, convencer a los militares que delinquieron, así fuera en defensa de una mal entendida “patria”, que confiesen sus culpas, digan la verdad, pidan perdón a sus víctimas civiles inocentes y acepten, a cambio de ello, penas reducidas y justicia de transición. Si no, quedarían excluidos de las exigencias de la reconciliación.

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