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El empobrecimiento de los pensionados

Por Jorge Eliécer Castellanos M.

La esperanza de la pensión que se convierte en desesperanza. Foto Colprensa

Un país que cercena los derechos a la seguridad social carece de futuro cierto y está en vía de retroceso inevitable.

El camino jurídico, gubernamental y normativo para el empobrecimiento de los pensionados, en Colombia, es indetenible.

La iniciativa está en marcha. Consiste en una poderosa estrategia político-financiera que parte de los “connotados hacendistas” colombianos y particularmente se ha originado y despliega su rumbo inexorable, según autorizadas fuentes, desde Fedesarrollo, Asofondos, Fasecolda y las Administradoras de Fondos de Pensiones, entre otras instituciones del “blancaje”, nacional como decía el extinto Senador Víctor Renán Barco López.

En aras de mantener una “aparentemente” fundada sostenibilidad en materia presupuestal del sistema pensional, se están burlando los derechos causados y pagados de los pensionados y de quienes reciben asignación de retiro, tanto a nivel de las instituciones de seguridad social, la Corte Constitucional y las entidades del orden judicial que disparan fallos diarios desconociendo los mandatos, por ejemplo, de la vigente ley 33 de 1985, en cuanto atañe a la liquidación prestacional de los empleados públicos con el promedio del último año laborado. Qué horror…

Los vocablos “insostenibilidad”, “prospectiva” y “gravamen”, se han incorporado peligrosamente en el ámbito de la temática pensional y complementariamente el de “marchitar”, el régimen de prima media con prestación definida.

Sorprenden, verbigracia, las noticias de imponer gravámenes impositivos a las pensiones y nos asombra, con perplejidad brutal, que entidades serias como Fasecolda se hayan sumado a voces intencionadas de centros de investigación económica que a los cuatro vientos pregonan mancomunadamente también, sin escrúpulo alguno, que: “Los colombianos deberían pensionarse a los 69 añoscomo lo ha hecho recientemente Fasecolda, argumentando increíblemente que: “el envejecimiento en el país y el aumento de esperanza de vida han llevado a concluir que hay un desfase en la edad de jubilación de casi siete años”.

Los pensionados tienen que pagar, esta desbalance, a su ilustrado juicio.

Es más, históricamente la plática de los pensionados siempre ha sido codiciada en Colombia. Recuérdese los dineros que del ISS tomaron los gobernantes de la época, para financiar el IFI, el BCH y la Financiera Eléctrica Nacional, entidades que pocos años después desaparecieron inexorablemente.

Hoy, por mandamiento gubernamental, en los Fondos Privados de pensión, se invierten cuantiosamente como presupuesto para desarrollo de la infraestructura de las denominadas 4G.

Ahora bien, Hernán Avendaño Cruz, director de estudios económicos de Fasecolda sostiene que teniendo en cuenta el aumento programático en la expectativa de vida de las personas (de 15 años por cada 5), la edad de jubilación también se debería incrementar, para que el modelo sea sostenible.

Aduce el funcionario del sector privado que para determinar el momento en el que una persona pueda acceder a su pensión, se debería tener en cuenta el concepto de ‘edad prospectiva’, a partir del cual se comparan las edades en diferentes épocas, teniendo en cuenta el aumento en la esperanza de vida.

Valga anotar que las condiciones de vida de una persona de 40 años en el 2018 no son las mismas que hace 30 años y no serán las mismas en el 2050.  En ese orden de ideas, la investigación propone, sin tapujo alguno, que se establezcan mecanismos automáticos de revisión periódica de las edades mínimas para acceder a la pensión.

“Si los 62 años -edad en la que se jubilan los hombres en Colombia hoy en día- y los demás parámetros se dejan fijos, con el paso del tiempo y el aumento de la longevidad (…), los ahorros pensionales serán insuficientes para financiar la totalidad del periodo de jubilación o las pensiones tenderán a ajustarse continuamente a la baja; de igual forma, será necesario un monto cada vez mayor de transferencias para los ancianos pobres, lo que implica una mayor presión sobre las finanzas públicas”, reza el documento de la institución representativa de los aseguradores.

Cabe señalar que, según las proyecciones del Celade, en el 2050 habrá más adultos mayores de 65 años en Latinoamérica que jóvenes, y según el planteamiento de Avendaño -que fue basado en la edad prospectiva calculada por el Wittgenstein Centre for Demography- la edad de jubilación en ese momento sería de 74 años.

No obstante, Avendaño se atreve a señalar que aunque el futuro se encuentra en el terreno de la hipótesis, lo más probable es que la longevidad transforme las formas de trabajo que hoy existen.

¡Qué esplendoroso visionario”… dicen algunos pensionados en las calles cercanas al capitolio nacional, quienes nos han hecho caer en cuenta de la vil estrategia elaborada e implementada, a su parecer, desde los ángulos impositivos de la más recalcitrante generación de “heliotropos” nacionales.

Es creíble, entonces, que en el mismo sentido de la estrategia puesta en marcha, se proponga complementariamente, como paso inmediato a proseguir, el de gravar las pensiones.

El derrotero de empobrecimiento de nuestros mayores continúa avanzando, paulatinamente, esta vez en el congreso nacional.

Probablemente durante dos o tres años no se produzca la incorporación del gravamen pensional en el ordenamiento jurídico nacional, pero en poco tiempo después, ya será un hecho real pues las ideas se van madurando progresivamente, poco a poco, hasta alcanzar su cometido final, más aun cuando son fruto de un plan plenamente ideado e implementado.

Por ahora, se oyen voces para generar el debate impositivo procurando gravar los montos pensionales en razón de la cuantía, empero, posteriormente todas las pensiones irán al paredón del estatuto tributario.


Verbigracia, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, sostiene que “ese impuesto solo debería ser para las pensiones altas y subsidiadas del régimen público”.

El país no ha gravado las pensiones con impuesto de retención en la fuente teniendo en cuenta que cuando los pensionados fueron trabajadores activos, durante su desempeño laboral por más de dos décadas, por nómina se les descontó de su salario, mes a mes, la denominada retención en la fuente. Claro es que el poder adquisitivo de las pensiones se viene abajo todos los días.

 

Ciertamente, el factor que consecuencialmente deriva en la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones proviene de la ecuación que consagró el Artículo 14 de la Ley 100 de 1993 para su incremento, toda vez que se ordenó que con la finalidad de que las pensiones de vejez, jubilación, sustitución o sobrevivencia preserven su poder adquisitivo constante se reajustarán anualmente, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior y no con el incremento del salario mínimo.

 

Así las cosas, para el año 2018, a partir del 1 de enero, el salario mínimo mensual se incrementó en 5,9%, empero el monto de las pensiones se reajustó en el 4,09% que correspondió al IPC que certificó el Departamento de Estadística Nacional.

Con el incremento del IPC, en los últimas dos décadas, los valores de las pensiones se vienen reajustando por debajo del salario mínimo, situación que  se traduce en un acumulado para dicho período del 19,61%.

El experto Darío Angarita, al respecto ha subrayado públicamente que “Quiere esto decir que los pensionados, año a año, han venido perdiendo un porcentaje de su pensión comparado con el salario mínimo, deteriorándose así su ingreso y su capacidad de compra de bienes y servicios.

A lo cual agrega que “adicionalmente al aporte en salud, la pensión se ve afectada como consecuencia de los costos de las cuotas moderadoras, copagos y por los medicamentos que compra el pensionado toda vez que la mayoría de las veces no le son suministrados oportunamente por las EPS”.

Huelga traer a colación que generalmente un pensionado adquiere el derecho  con el 75% o menos de su ingreso mensual, cifra a la cual se descuenta el 12% para salud, en consecuencia, la pensión tiene un porcentaje de retorno del 63%, y si a esta cifra le restamos el 19,61% de lo que frente al salario mínimo se ha perdido en los últimos 20 años por concepto de reajustes de pensión, se aprecia que la pensión se ve reducida a un 44,61%” revela dramáticamente Angarita.

Un pensionado que logró antes del 2000 una pensión de 19.8 salarios mínimos mensuales vigentes, hoy solo alcanza un porcentaje inferior a 14 salarios mínimos y progresivamente irá menguando su valor, inevitablemente. En este orden llegará en el 2030 a menos de 10 salarios… si vive par contarlo.

A nadie le importa la delicada situación que sufren los pensionados, ni el impacto social que derivan las medidas para lograr su empobrecimiento y el de su cobertura familiar, panorama que será más dramático si se considera que en los años venideros, un porcentaje inferior al 10% de la clase trabajadora no alcanzará pensión y que quienes hoy la reciben tendrán apenas un rezago de la misma.

Claro está que cuando se graven las pensiones, la situación de los viejos se hará insostenible y, desde luego, las consecuencias sociales aumentarán su gravedad, sin perjuicio de que los adelantados “hacendistas” sigan desarrollando su estrategia de mantener la “sostenibilidad” del sistema general de pensiones y el marchitamiento hasta el desaparecimiento total del Régimen de Prima Media con prestación Definida; este último, remoto sistema de esperanza para pensionarse hoy que veremos encallar, progresiva y finalmente.

                  jorgecast06@yahoo.com

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