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¿El candidato habilitado del Uribe-Conservatismo?

Por Cecilia Orozco Tascón, Diario El Espectador, Bogotá

Fernando Londoño Hoyos y Alvaro Uribe Vélez. Foto hacer.org

Mientras varios subalternos del senador Uribe se pelean entre sí por el dudoso honor de representar su facción política en las elecciones presidenciales de 2018, el jefe tendría otros proyectos.

En efecto, no sería raro que él hubiera estructurado un plan A, B y Z con otro nombre: Fernando Londoño Hoyos, conservador de partido y uribista de ideas y métodos extremistas. Un obstáculo se interpone: la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 15 años que la Procuraduría del año 2004 le impuso a Londoño por la falta gravísima que cometió cuando abusó de su autoridad de alto funcionario y cuando actuó como tal, a pesar del conflicto de interés en que estaba incurso. Esa sanción, aún vigente, impide que el ministro del Interior del primer gobierno Uribe pueda ejercer cargos oficiales hasta el 2019, es decir, un año después de las elecciones. Pero en el país sin límites éticos que es Colombia todo tiene solución.

Un magistrado del Consejo de Estado que le debe su carrera a la tierra de Londoño (Caldas), y que se identifica con su línea política y la de Alejandro Ordóñez —el mejor amigo del cuestionado exministro—, proyecta anular la decisión de 2004 con razonamientos insostenibles en el campo de la defensa de los bienes públicos. William Hernández, quien, para más señas, es el reemplazo de Alfonso Vargas Rincón (exsubalterno de Ordóñez), sostiene en su ponencia que Londoño “nunca estuvo en conflicto con el interés general”. El consejero también argumenta que la gestión que el disciplinado desplegó en su calidad de ministro del Interior para favorecer a un antiguo cliente particular suyo, un consorcio italiano que le sacó a la Nación alrededor de $20.000 millones, no merece ningún reproche porque “entre el mandato del año 1998 (de Londoño Hoyos, como apoderado del consorcio Recchi GLF) y los oficios enviados en el año 2003 (por Londoño Hoyos, como ministro) a favor de su exrepresentado, transcurrieron más de cinco años”.

¡Moral con tiempo de caducidad! Hay que remontarse a la historia para entender la magnitud del cinismo de su tesis: el abogado Londoño, en su condición de litigante privado, fue apoderado de Recchi que tuvo un contrato con Invías para la construcción de un tramo de la carretera a Villavicencio. Más adelante hubo diferencias entre los contratistas y el Gobierno. El apoderado Londoño sugirió dirimirlas en un tribunal de arbitramento el cual falló, en 2001, contra la Nación: esta tenía que pagarle a Recchi $14.000 millones. Pese a que se retiró antes, el apoderado de la firma recibió $74 millones por sus honorarios.

El Gobierno Pastrana no pagó de inmediato y ya en la administración Uribe, el nuevo mandatario puso al exdefensor de Recchi en el ministerio del Interior. En 2003, el ministro le envió una carta al embajador de Italia en uno de cuyos apartes se lee: “he estado muy pendiente de la evolución que tenga en el ministerio de Obras la muy legítima aspiración del Consorcio Recchi – GLP para que se le pague la deuda pendiente…” Y añadió: “el señor ministro de Obras me ha hecho saber que ha agotado todos los esfuerzos a su alcance para cubrir la obligación… mucho le agradecería que me hiciera saber si la firma italiana se encuentra satisfecha con los resultados de estas gestiones (y) no tendré inconveniente en persistir en ellas…”. Las “gestiones” de Londoño tuvieron éxito.

Si nos atenemos al concepto del magistrado Hernández, el fiscal Néstor Humberto Martínez podrá orientar las investigaciones penales que afecten a clientes de su bufete DLA Piper Martínez Neira si los representó hace más de cinco años. A esta monstruosidad nos enfrentamos por el calambur que hizo el magistrado con un artículo del Código Disciplinario del Abogado, que se refiere a cinco años de prescripción de la acción disciplinaria, pero con respecto a la investigación de la falta cometida y no como término de caducidad del conflicto de interés del que conoce un asunto particular como apoderado y después interviene para apoyarlo como funcionario público. Esto lo entiende hasta un niño. Pero, desde luego, estamos en Colombia, un país sin límites éticos.

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