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El 16.000

Por Ramiro Bejarano Guzmán, Diario El Espectador, Bogotá

Foto El Heraldo

Obvio que Roberto Prieto no se  iba a guardar lo que es evidente: que Odebrecht sí hizo aportes cuantiosos a la campaña de Santos en 2010. Se veía venir ese tsunami, como también el “me acabo de enterar” del presidente.

Prieto por ahora solo reveló esta “irregularidad” porque, seguramente, alguno de sus asesores le advirtió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no podía investigar por haber operado la prescripción. Pero no contaba el gerente de las campañas santistas con dos detalles de última hora: el primero, que la cuestionada Interbolsa al parecer le entregó en una de sus cuentas una importante suma de dinero para la campaña que no está declarada, hecho que hoy Prieto no reconoce; la segunda, que aunque el CNE llegare a concluir que todo está prescrito, lo mismo no ha ocurrido penalmente, pues el delito de enriquecimiento ilícito en favor de terceros está vivito. Si bien Prieto está acostumbrado a que lo exoneren por la vía de la prescripción —pues recientemente fue favorecido así en un sonado proceso penal en su contra por fraude procesal—, bajo ninguna circunstancia Santos puede arroparse con esa impresentable cobija. Es más, el presidente debería tramitar un proyecto de ley que permita renunciar a la prescripción y/o la caducidad para este caso. Cuando el 8.000 existía la reserva sumarial, pero el Gobierno tramitó una ley para suprimirla de manera que todo el mundo conociera las pruebas recaudadas en el proceso contra Samper.

Que el uribismo y los goditos no se hagan los inocentes porque si Odebrecht hizo aportes a la campaña de Santos en 2010, fue porque era candidato de la seguridad democrática. La multinacional del soborno no era ajena al proceso electoral de entonces, y eso explica, por ejemplo, el video de la reunión de Uribe en la “Casa de Nari” con Odebrecht y el precandidato Andrés Felipe Arias. Es decir, Odebrecht acechaba desde entonces al candidato que representara la continuidad de un gobierno de uribistas y conservadores, que fue contractualmente generoso con esta empresa.

Y como los primeros en saltar del barco que presenta dificultades son las ratas, el diletante Angelino Garzón se lavó las manos, pues muy orondo declaró que no cree que Santos hubiere

sabido de aportes de Odebrecht, como si él no hubiese sido la fórmula vicepresidencial. Mientras Angelino fue vicepresidente reclamaba que los nueve millones de votos por Santos también eran suyos, pero ahora, ante el escándalo, le pone distancia a la campaña electoral. Se entiende por qué Santos no quiso que Angelino repitiera, por traidor y oportunista.

Los directivos de la campaña Santos en 2010 se ven erráticos, pues de las declaraciones del tesorero Santiago Rojas, y de un comunicado de un pomposo Comité Financiero —del que hace parte Orlando Sardi, otro momio caleño de los consentidos y favorecidos por este Gobierno—, surgen muchas dudas. Estos personajes pretenden ayudar al presidente Santos en la crisis, sin duda la más severa por la que haya atravesado su gobierno, dando declaraciones encontradas: el tesorero, alegando que jamás supieron que era Odebrecht quien cancelaba los famosos afiches; y los voceros del Comité Financiero afirman que tampoco fueron enterados. Los afiches se pegaron en todas las paredes del país, no hubo compatriota que se quedara sin verlos, pero quienes tenían que saber cómo se habían pagado y por quién o quiénes, incluido el propio presidente, nunca se enteraron.

Santos contará los días que faltan para el 7 de agosto de 2018, porque lo que resta de su mandato será un infierno, que tendrá que enfrentar solito porque la mayoría de sus ministros fueron o quieren volver a ser uribistas y salvarse del desprestigio. Así no solo no se puede gobernar, sino ni siquiera vivir.

Adenda. Qué vergüenza. La Fiscalía no ha visto la corrupción de las dos últimas administraciones en Buga; en cambio, a través de la fiscal sexta local, Luz Ángela Acevedo, ha iniciado contra el único periodista independiente de la ciudad, Willian Vianey Solano, una investigación por supuesta violación ilícita de comunicaciones, porque reveló grabaciones de conversaciones lícitas que comprometen al Cartel de Buga, con la que pretenden obligarlo a revelar sus fuentes.

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