Al instante

Duque, el Centro Democrático y la indagatoria: donde manda capitán, no manda marinero-presidente

Por Daniela Garzón* (razonpublica.com)

No es apenas la inocencia o la culpabilidad de un ciudadano. Es el futuro de la democracia y del Estado de derecho en Colombia.

Fuera de base

Álvaro Hernán Prada.
Álvaro Hernán Prada.
Foto: Cámara de Representantes

El llamado a indagatoria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a Álvaro Uribe y Hernán Prada, y la tormenta que desató el tuit donde el senador anunció su renuncia fueron la primera y prematura  “prueba de fuego” para el nuevo presidente.

Aunque Uribe se retractó de su renuncia, el proceso en la Corte continúa y en medio del enredo entre testigos, acusaciones, ires y venires de una cárcel a otra, los pronunciamientos del presidente electo y los de su partido dicen mucho sobre cómo ven las instituciones y la justicia colombiana, y dan luces acerca del lado de la cancha donde van a jugar los próximos cuatro años, cuando ya no serán oposición.

Puede leer: La indagatoria a Uribe, sabemos poco… y mucho.

Una encrucijada del alma

Acompañado de Marta Lucía Ramírez, el presidente Duque emitió un corto comunicado donde textualmente afirma que:

“Conocemos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, somos testigos de su honorabilidad, su rectitud, su patriotismo y su incuestionable servicio al país y al Estado de Derecho. Somos respetuosos de la Constitución y sus instituciones, el expresidente Uribe y todos los colombianos deben contar con las garantías para ejercer plenamente su derecho a la defensa, gozando de la presunción de inocencia en el marco del debido proceso. Expresamos nuestra solidaridad al expresidente Uribe y su familia en estos momentos, y estamos seguros que (sic) su honorabilidad e inocencia prevalecerán”.

Del comunicado se extraen en su orden:

  1. La caracterización de Uribe como un hombre honorable, recto, patriota y servicial al Estado de derecho.
  2. El respeto a la Constitución y a sus instituciones, por tanto, a la decisión de la CSJ de llamarlo a indagatoria.
  3. El pedido de plenas garantías para el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso.
  4. Solidaridad con el expresidente y su familia por el proceso que se lleva a cabo y una declaración de que, en todo caso, no es culpable de lo que lo acusan.

Así Duque comienza a hacer malabares entre la lealtad a su mentor y jefe natural de su partido, y el respeto a las instituciones que le es obligatorio como presidente electo. El no estar aún en la Casa de Nariño le permite jugar en una zona gris donde es posible la ambigüedad -de la que le quedan apenas unos días u horas-.

Al ser el presidente de la República, Duque “simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y las libertades de todos los colombianos”. Todo esto parece cumplirse en su comunicado.

Sin embargo, los grises se hacen evidentes en la defensa que hace de Uribe, porque:

  1. Por respeto a la separación de poderes y a la independencia de los jueces, el presidente no debe pronunciarse sobre la inocencia o culpabilidad de ninguna persona; el proceso no ha concluido y no hay un fallo que declare la verdad judicial sobre Uribe.
  2. Al decir que “su inocencia prevalecerá”, Duque indica de antemano que Uribe no es culpable y por tanto descalifica el proceso si este acaba en una sentencia condenatoria.
  3. Tampoco garantiza el presidente entrante que hará recaer todo el peso de la ley sobre su mentor, si la CSJ determinara su culpabilidad. Una posibilidad que contradice su promesa de campaña y su plan de gobierno, donde la legalidad ocupa un lugar central.

Esa contradicción ha sido una pista de hielo para Duque desde que anunció su aspiración a la Presidencia. Durante la campaña fue evasivo frente a la pregunta recurrente sobre qué haría si Uribe fuese condenado. En el programa “El país de los jóvenes”, de Caracol, dijo refiriéndose a Uribe: “he visto como siempre le ha puesto la cara a la justicia y a cualquier infamia, (…) yo creo ciegamente en la honorabilidad de él” y expresó que no respondería “una pregunta hipotética sobre la culpabilidad de una persona que considero es honorable”.

Ahora se encuentra frente un escenario que apresuradamente se volvió posible y sus respuestas siguen siendo titubeantes. El nuevo presidente se debate entre respetar y defender la Constitución -por lo tanto la independencia judicial-, y mantener las buenas relaciones con Uribe y su partido, quienes denuncian una presunta persecución política -casi como si conocieran de antemano un resultado desfavorable para el indagatoriado-.

Asumiendo su papel de presidente, Duque se bajó del discurso de la persecución política. Pero en febrero pasado -cuando era un candidato sin mayores opciones- y cuando se conoció la apertura de la investigación por soborno y fraude procesal, el hoy presidente se refirió en distintas ocasiones a la persecución contra “ciudadanos honorables”, o a que “con infamias se trate de enlodar la honorabilidad de Álvaro Uribe Vélez”.

Concretamente en los tuits del 18 de febrero escribió que “Estamos ante una persecución que pareciera (sic) tener un tinte político para tratar de incidir en las próximas elecciones”, y que “El acuerdo no escrito con las FARC es encarcelar a Álvaro Uribe (…) los colombianos debemos defender a quien con compromiso patriótico nos protegió”

twitter-ivan-duque-daniela-garzon.jpg - 217.01 kB

Si esas insinuaciones que parecen relacionar las decisiones de la CSJ con los acuerdos entre Santos y las FARC se manifestaran hoy por hoy, el nuevo presidente habría revivido el peligroso conflicto que el uribismo ha mantenido con la rama judicial. Su aspiración de llevar la fiesta en paz con los jueces y reformar la justicia -una tarea pendiente del gobierno Santos que Duque tenía como prioridad- se enreda porque cualquier intento será interpretado como una revancha o una búsqueda de favores para Uribe.

La celebración de su triunfo y el intento de desmarcarse de la sombra del expresidente le duraron poco. El tira y afloje entre sus posiciones actuales, las pasadas y las de sus copartidarios son muestra de las complicaciones que resultan de ser el jefe de Estado y a la vez solo uno más en su partido. Duque no tiene el control sobre su bancada ni sobre las decisiones del Centro Democrático (CD), cuyo “máximo líder y orientador” sigue y seguirá siendo Uribe.

El capital político de Duque es prácticamente nulo fuera del uribismo, y por eso el juego a dos bandas entre las obligaciones de su cargo y la fidelidad con quien lo llevó a ese cargo será una constante en estos cuatro años de gobierno.

La traición no se ve como una alternativa porque su habilidad para hacer alianzas con otros partidos no se acerca a la que Santos tenía cuando empezó el proceso de paz –aunque la mermelada ha probado ser buena fuente de gobernabilidad- y porque su partido, a diferencia de la U hace ocho años, no está cohesionado alrededor del apetito burocrático.

Le interesa leer: El Partido de la U: crónica de una muerte anunciada.

Además, la oposición del CD ha probado ser inclemente e indeseable para cualquier mandatario. Dentro de este partido no parece haber fisuras, y sin el apoyo de la numerosa bancada uribista el nuevo presiente se quedaría sin un solo parlamentario de su cuerda.

No deja de ser paradójico que la cabeza del Ejecutivo sea incapaz de ser la voz de mando de su colectividad, que por lo mismo pudiera negociar una posición moderada hacia las instituciones que ahora tiene el deber de defender.

 Encuentre en RP: Uribe y Prada: la palabra es de los jueces.

Todo es un montaje

Iván Duque y Marta Lucía Ramírez.

El partido de Duque y Uribe respondió al anuncio de la CSJ con un feroz comunicado donde sostuvo que “la inocencia del presidente Uribe es indiscutible” y aseveró tener “pruebas que demuestran que este proceso (…) es un montaje de sus enemigos políticos”. Aludiendo a la persecución política cerró diciendo: “Quién sirve con honestidad y amor a la patria no merece ser perseguido por la justicia”.

No sobra decir que la investigación sobre Uribe estuvo precedida y surgió del proceso que el mismo puso en marcha al denunciar al senador Iván Cepeda por su presunta manipulación de testigos, una denuncia que a su vez se derivó del debate sobre paramilitarismo que tuvo lugar en 2014. En ese debate Cepeda, con testimonios de algunos ex paramilitares, acusó a Uribe de participar en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas.

La apelación a la patria y al patriotismo es una de las marcas registradas del uribismo, que en este caso se opone a la confianza en la justicia -que por supuesto es parte necesaria de esa patria-.

De allí viene la otra marca registrada, el discurso de persecución política de Uribe y sus copartidarios, que han cerrado filas en su defensa. No han escatimado esfuerzos ni ventanas para manifestar el apoyo a Uribe y fortalecer las hipótesis de la persecución política y montaje judicial.

Paloma Valencia, José Obdulio Gaviria, Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Fernando Araújo, Fernando Londoño, Rafael Nieto, Ruby Chagüi y Carlos Felipe Mejía- entre otros congresistas y voceros del partido- se han pronunciado de manera efusiva contra el llamado de la Corte -ya lo hacían desde febrero-, esgrimiendo múltiples razones por las cuales el proceso sería un montaje.

Un partido con una disciplina férrea y un discurso aprendido que se repite sin mayores variaciones:

twitter-joseobdulio-paolasenadora-daniela-garzon.jpg - 267.35 kB

twitter-carlosfmejia-alvarouribevel-daniela-garzon.jpg - 300.42 kB

El CD inicia su gobierno con una distancia marcada de las instituciones y las decisiones de los jueces. Más allá de abogar por el debido proceso o las garantías procesales para Uribe, está convencido -y convenciendo a sus militantes- de que todo se reduce a una retaliación de origen difuso (Santos- las FARC- Daniel Coronell- Iván Cepeda- la izquierda…). Para algunos de los miembros del partido es obra de la propia Corte y para otros, de poderes oscuros que tratan de confundir a los jueces.

Esta manifestación de solidaridad colectiva no concibe que Uribe pueda haber incurrido en alguna conducta delictiva o que sea investigado, aun cuando la investigación no es per se una condena.

Una muestra de que para la mayoría de los colombianos -y en especial para los integrantes del CD- hay una sola verdad consolidada e irrefutable detrás de la vida de Uribe Vélez: la de un patriota perseguido. No hay cabida para la duda, es decir, no hay cabida para el sistema judicial.

Sin embargo, la diferencia sustancial entre el ciudadano de a pie, el partido de gobierno y el nuevo presidente, consiste en que los últimos tienen la mayor y más clara obligación de respetar las reglas de esta democracia, que incluyen acatar el orden constitucional, la separación de poderes y la autonomía de cada rama del poder público.

La desconfianza hacia las cortes pone en riesgo la ya frágil democracia colombiana, y hace prever un constante choque de trenes durante el próximo cuatrienio que difícilmente resultará beneficioso.

*Politóloga y coordinadora editorial de Razón Pública.

 

Acerca de Revista Corrientes (1988 artículos)
Revista Corrientes es un propósito periodístico respetando los puntos de vista y la libertad de opinión de quienes aporten sus colaboraciones, análisis,artículos y columnas para su publicación. También se publican todos los comentarios respetuosos por desacuerdos con los contenidos de las colaboraciones publicadas.
Contacto: Sitio web
Ir a la barra de herramientas