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Despilfarro e incuria

Por Carlos Alberto Ospina M.

El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón. Foto El Espectador

No es tristeza, tampoco desengaño, simple y llanamente, es sensación de hedor. En relación con las obras inconclusas, los corruptos, sustraen más de Un (1) billón de pesos por semana, sin contar las comisiones disfrazas por la adjudicación de contratos, las cuales oscilan entre el 10% y el 25% de los diferentes convenios administrativos. La cifra de 50 billones de pesos al año que, dice el Contralor General de la República, Edgardo José Maya Villazón, malversan los corrompidos, supera con creces las expectativas de ingresos por concepto de la actual reforma tributaria; es decir, más de 190 billones en torcidos. En plata blanca, sí los organismos de control fiscal fueran transparentes y competentes, tendríamos suficiente dinero para inversión social, salud, educación, empleo, justicia, medio ambiente, saneamiento, carreteras, agua potable, recreación, deporte, energía, sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo sostenible, entre otros derechos fundamentales afines con el bienestar colectivo.

Maya Villazón, sale al paso, sin sonrojarse, e indica que el 4% del Producto Interno Bruto, PIB, se va por la alcantarilla de la corrupción. Las plantas de tratamiento de esos residuos se instalan en terrenos resbaladizos del sector privado, en razón a que las campañas políticas, por ejemplo, las elecciones territoriales de 2015, se financiaron con recursos de empresas dedicadas a impulsar la infraestructura urbana y rural, desarrollo inmobiliario y publicidad, sumando aportes equivalentes a 118.870 millones de pesos, según el Informe Anual 2016 de Transparencia por Colombia. Extraño, por demás, que “los candidatos financiaron la mayor parte de las campañas con sus propios recursos”, los cuales ascendieron a 64% de los ingresos; en otras palabras, la suma total recibida fue de 483.567 millones de pesos. “¡Quiere cacao!”. Los recursos entregados por el Estado, a manera de anticipos, sumaron $733.923.000. Tan sólo el 0,2% del total de los ingresos reportados por los aspirantes a través del aplicativo Cuentas Claras, resaltó la ONG Transparencia por Colombia.

Es fácil de inferir del dato arriba mencionado, el por qué y dónde germina el cáncer de la corrupción. “Mano, lava mano” y favor con dádivas o mermelada, se paga. La pretendida financiación de las campañas políticas con recursos del erario público, tampoco, es la solución; todo lo contrario, aumentarían las trampas y la sofisticación de las técnicas inmundas. De hecho, los actuales Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación muestran los dientes de los riesgos de corrupción durante el posconflicto. A la fecha se han presentado múltiples delitos que involucran a gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos de varios departamentos donde se ubican los desmovilizados de las Farc.

En el ranking global de la organización Transparencia Internacional, Colombia, obtuvo un puntaje de 37 sobre 100 en el índice de percepción de la corrupción. Superado por países de menor nivel de desarrollo como los son Cuba, Costa Rica y Panamá, los cuales consiguieron mejores calificaciones. Nuestro país, entre 176 naciones, ocupa el deshonroso puesto 90 debido a los escándalos de corrupción y los constantes delitos contra la administración pública.

El ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, está próximo a firmar la resolución sobre nuevas exclusiones de servicios y tecnologías financiadas con recursos públicos asignados a la salud. Esa reglamentación exceptúa la mamoplastia de aumento de senos por tratarse de una intervención estética o cosmética. De antemano, lo cuestionable es no reconocer la cirugía plástica reconstructiva y funcional de implante de mamas a aquellas mujeres con cáncer. El sistema de seguridad social debe brindar condiciones adecuadas a las pacientes que experimentan el procedimiento de mastectomía de acuerdo con los lineamientos del artículo 49 de la Constitución Política: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud…” El jefe de la cartera del ramo, Gaviria Uribe, debe armonizar el derecho fundamental a la salud con el artículo 15 de la Ley estatutaria 1751; en especial, los criterios técnicos y científicos sobre la recuperación funcional o vital de las personas, léase, “El Sistema garantizará el derecho fundamental a la salud a través de la prestación de servicios y tecnologías, estructurados sobre una concepción integral de la salud, que incluya su promoción, la prevención, la paliación, la atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas.” (Ley estatutaria 1751 de 2015, artículo 15).

Con el billón de pesos que se roban en una sola semana los distintos carteles de la corrupción, el Ministerio de Salud y Protección Social, financiaría el nuevo listado de servicios y tecnologías excluidas. Así mismo, en un (1) mes, con 4 billones que rescataran los entes de control fiscal, se superaría la crisis del sistema de atención primaria. ¡Y con los 50 billones que hurtan al año! El gobierno cubriría el déficit presupuestal del sector equivalente a 5,5 billones de pesos, pagaría las deudas de las EPS a los hospitales y clínicas; y finalmente, en una patria ideal, el 100% del territorio nacional tendría el servicio esencial salud sin tener que recurrir a las tutelas, soportar los paseos de la muerte o recibir un trato indignante.

Enfoque crítico – pie de página. El listado de servicios y tecnologías que serán excluidas de la financiación con recursos públicos asignados a la salud, no puede caer en el error de abandonar la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos científicos experimentales, valiéndose del pretexto de evitar el colapso del sistema. Tampoco, sería correcto negarles a los hogares geriátricos ayudas mecánicas e implementos de aseo de uso diario, asignándole la carga presupuestal a los entes municipales y departamentales. Más bien hay que atacar, a fondo, la corrupción; en vez de poner al pueblo en el permanente viacrucis de mendigar una atención decente y oportuna. La fiebre no está en las sabanas, señor ministro.

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