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De tú a tú: el debate pendiente

Por Octavio Quintero, El Satelite

Humberto De La Calle y el ex presidente Alvaro Uribe. Foto pulso.com.co

 

Humberto de la Calle, el colombiano que más alcance debe tener sobre los acuerdos de La Habana, retó recientemente al expresidente Uribe a un debate público con el fin de medir fuerzas entre el SÍ y el NO al plebiscito del 02 de octubre.

Taca burro el jefe de la Calle. No es el expresidente Uribe el más indicado para enfrentar a un tipo que como él, lleva cuatro años explorando con sus juristas propios y los de las Farc los alcances jurídicos de los acuerdos de La Habana.

¿Por qué no reta a pares suyos en jurisprudencia?, y le sugiero estos personajes:

Los exmagistrados José Gregorio Hernández y Jaime Araujo Rentería; el exconstituyente del ’91 Jaime Castro o el exministro, Jorge Humberto Botero, guardianes sociales de las tradiciones e instituciones democráticas del país, a cuyo juicio, los acuerdos de La Habana atropellan la Constitución y desbordan los poderes preestablecidos en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Ya el exmagistrado Hernández cantó su voto negativo en el plebiscito del 02 de octubre, sustentando su NO con sobrados y razonables argumentos jurídicos en su tradicional columna, “Certidumbres e inquietudes” (VER), que le publican varios medios impresos, radiales, televisivos y virtuales del país.

En lo que respecta al magistrado Araujo, ha venido desarrollando a través de GES (Grupo Editorial El Satélite) una excelente crítica pedagógica, especialmente basada en los derechos de la sociedad civil en general y de la gente en particular; los mecanismos propios de plebiscito, referendo y constituyente; los alcances jurisprudenciales de la legislación nacional e internacional con respecto a los acuerdos de La Habana, concluyendo en que son inaceptables, y propone votar en el plebiscito, no por el sí de Santos o el no de Uribe sino por una Constituyente con derechos.

El exconstituyente Jaime Castro, igualmente, ha censurado los acuerdos sobre el fin del conflicto con las Farc y desplegó su mayor crítica al hecho de que se le hubieran dado el carácter de “acuerdo especial” con lo que han quedado haciendo parte del bloque de constitucionalidad y, de paso, elevando a constituyentes a los negociadores del gobierno y las Farc en La Habana.

Castro afirma que ese referente “condiciona y limita las atribuciones del Congreso y la Corte Constitucional…”. También discute el poder que se le confiere a la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz VER), un tema que por pertenecer al ámbito de la alta costura jurídica, solo ellos (Hernández, Araujo, Castro y Botero), y unos cuantos más, se han ocupado de tan delicado asunto que deja de espectadoras del desarrollo de los acuerdos en ese campo a las altas cortes, inclusive con el poder de arrebatarles casos ya juzgado para volver a juzgar.

El exministro Botero en su artículo de Semana.com “Revolcónen la justicia” (VER), es incisivo en torno a la JEP de la que dice:

(…) “Ha sido diseñada haciendo tabula rasa de la Constitución y las leyes de Colombia. La intención de las partes consiste en que las fuentes jurídicas aplicables sean el propio Acuerdo y las normas internacionales pertinentes, como si el derecho nacional no existiera o careciera de toda jerarquía moral o técnica. Por ejemplo, en contra de la Constitución, que asigna la definición de las normas que desarrollan el debido proceso al Congreso, la JEP definirá sus propias reglas. Será, pues, legislador y juez al propio tiempo, simbiosis inaceptable como lo ha señalado el Fiscal Martínez Neira”.

Fin de folio.- Seguir dándole palique al debate político del plebiscito, escurriéndole el bulto a un cimero debate jurídico, es echar atajo por lo más populista en un asunto de tanta monta.

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