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De acusadores a acusados: Néstor H. Martínez y sus siete antecesores

Por Farid Samir Benavides* (razonpublica.com)

Martínez no es el primer fiscal que se ve a gatas para conservar la legitimidad en medio de escándalos vergonzosos. ¿Qué hay detrás de esos escándalos?  

Un fiscal muy poderoso

La Fiscalía General de la Nación fue creada por la Constitución de 1991 como un modo de hacer frente a los graves problemas criminales que tenía —y que sigue teniendo—Colombia.

Los miembros de la Asamblea Constituyente pensaron en una institución fuerte y unificada para dejar atrás los problemas de los viejos juzgados de instrucción criminal. Si bien existía una Dirección de Instrucción Criminal, esta no tenía el poder que se entregó a la Fiscalía.

La Constitución le dio amplios poderes a la Fiscalía y por eso se esperaba que quienes la dirigieran contarían con los méritos profesionales y morales necesarios para llevar a cabo las tareas delicadas que se les habían confiado.

Y por supuesto se esperaba que esta persona tuviera el más alto nivel de independencia y de transparencia, alejado de consideraciones políticas o de la sombra de grandes intereses privados.

Pero una serie de las actuaciones de los fiscales generales a lo largo de los años ha echado sombras sobre la institución.

Los tres primeros fiscales, o el fantasma de los narcos

El primer fiscal fue el exconsejero de Estado y exrector de la Universidad del Rosario Gustavo de Greiff, elegido para el período 1992-1994. De Greiff organizó la Fiscalía y puso en operación el modelo de juzgamiento establecido en la Constitución del 91, que incluía mecanismos de negociación con los narcotraficantes.

Pero también bajo la administración De Greiff, algunos miembros del cartel de Cali le pidieron a la Fiscalía una constancia de que no tenían investigaciones pendientes, y esta les fue entregada. De Greiff fue severamente criticado por este hecho, e igualmente lo fue por el cierre prematuro de las investigaciones sobre los “narco-casetes” que luego servirían como base del proceso 8000.El primer fiscal fue el exconsejero de Estado y exrector de la Universidad del Rosario Gustavo de Greiff, elegido para el período 1992-1994. De Greiff organizó la Fiscalía y puso en operación el modelo de juzgamiento establecido en la Constitución del 91, que incluía mecanismos de negociación con los narcotraficantes.

De Greiff también fue criticado por aceptarle la embajada de Colombia en México precisamente al presidente Samper, a quien debía investigar.

Sus críticas a la política de drogas del gobierno de Bill Clinton y su apoyo a la legalización de la droga llevaron al gobierno de Estados Unidos a retirarle la visa, con el argumento, nunca demostrado, de vínculos con el narcotráfico.

Se esperaba que quienes la dirigieran tuviera el más alto nivel de independencia y de transparencia, alejado de consideraciones políticas o de la sombra de grandes intereses privados.

Un episodio fundamental en el deterioro de las relaciones entre la Fiscalía y el gobierno de Estados Unidos fue la carta que De Greiff envió al juez que conocía la causa de Dandennis Muñoz, alias la Quica, por el atentado al avión de Avianca. De acuerdo con De Greiff, no existía evidencia de su responsabilidad en ese acto. El gobierno de Estados Unidos interpretó esto como obstrucción a la justicia. Sin embargo hoy se puede afirmar, teniendo en cuenta informes como el publicado por El Espectador, que la evidencia en contra de este miembro del cartel de Medellín no era concluyente.

El fiscal De Greiff fue reemplazado por Alfonso Valdivieso Sarmiento, quien llevó a cabo una de las investigaciones más importantes sobre nexos entre narcotráfico y política en la historia de Colombia: el proceso 8000.

La popularidad de Valdivieso lo llevó a creer que su aceptación como fiscal lo podía llevar a la Presidencia. Renunció antes de terminar su período y en su reemplazo fue nombrado Alfonso Gómez Méndez. Sobra decir que los resultados electorales de Valdivieso dieron la razón a quienes le aconsejaron no dar ese paso.

Gómez Méndez se propuso transformar integralmente el sistema penal colombiano, pero al final se quedó en una reforma de los códigos Penal y de Procedimiento Penal. Sin embargo, esta fue la primera intervención de la Fiscalía en el diseño de la política criminal colombiana.

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Luis Eduardo Montealegre
Luis Eduardo Montealegre
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Paras, brujo, mal matrimonio y contratos

Gómez Méndez fue reemplazado por quien fuera tal vez el peor director que ha tenido la institución: Luis Camilo Osorio. Este fiscal no logró su propósito de reducir la congestión de la justicia y fue además objeto de acusaciones de negligencia al investigar los delitos cometidos por los paramilitares.

En diversos testimonios ante Justicia y Paz se ha afirmado que la Fiscalía protegió a los paramilitares durante la administración de Osorio. Por ejemplo, en la sentencia del caso Mancuso, emitida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá, se afirma que Osorio mantuvo a la directora de la Fiscalía de Norte de Santander, Ana María Flórez, pese a que era evidente su apoyo a los paramilitares. Al parecer, Osorio se encargó de acabar con las investigaciones que demostraban los nexos entre la Fiscalía y los paramilitares, como lo denunció en su momento Santiago Villa.

Pero las cosas no fueron mejores para la Fiscalía con el nombramiento del reemplazo de Osorio, el viceministro del Interior del gobierno de Álvaro Uribe, Mario Iguarán, quien fue elegido de manera sorpresiva a partir de una terna en la cual estaba también el hoy procesado Jorge Pretelt.

La administración de Iguarán estuvo a cargo de aplicar la Ley de Justicia y Paz y el Código de la Infancia y la Adolescencia. Sin embargo, su paso por la Fiscalía se recuerda también por el escándalo que produjo la intervención de un brujo, asesor de Iguarán, en casos importantes dentro de la entidad. Este escándalo no llevó a la renuncia de Iguarán, pero sí a la de su vicefiscal, Jorge Armando Otálora, y a la de su directora nacional de Fiscalías, Janny Jalal.

Después fue nombrada Viviane Morales, quien recibió críticas por no ser penalista y por ser mujer. Inicialmente se le criticó la falta de conocimiento del derecho penal, pero Morales pronto demostró una alta capacidad de trabajo que la llevó a tener intervenciones serias ante la Corte Suprema de Justicia. Quizá su mayor escándalo se debió al hecho de estar casada con Carlos Alonso Lucio, a quien se acusaba de intervenir en las labores de la entidad con la anuencia de su esposa. Estas acusaciones nunca fueron demostradas, pero Morales debió dejar la Fiscalía debido a que su elección fue declarada nula por el Consejo de Estado.

Morales fue reemplazada por el abogado penalista Luis Eduardo Montealegre, quien efectuó una transformación radical de la Fiscalía. Creó nuevas direcciones, intervino de manera más directa en la política criminal del Estado, en ocasiones más allá de lo que correspondía a la Fiscalía. Además, creó una nueva universidad, que pronto fue eliminada por conflictos entre el fiscal y su único rector.

Montealegre fue criticado por la lentitud en las investigaciones de Saludcoop, entidad a la cual asesoraba con jugosos honorarios antes de ser fiscal. Pero sus mayores escándalos se derivan de los contratos millonarios para tareas que a menudo eran hechas por la misma Fiscalía. El más grande de todos los contratos se le dio a la politóloga Natalia Springer, quien fue llamada para realizar ciertos trabajos que, al parecer, fueron muy deficientes.

La vigilancia de este contrato llevó a la renuncia del fiscal encargado de su auditoría y a una investigación disciplinaria, pues parece que el trabajo realizado se limitaba a repetir lo ya hecho por la unidad de contexto de la propia Fiscalía. Aún hoy no sabemos con claridad qué hacía Springer, cómo se benefició la entidad por su trabajo, y por qué se justificaba su contratación pese a que había toda una unidad para el desarrollo de tareas similares.

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…y la sombra de Odebrecht

Fiscal Martínez y Presidente Duque
Fiscal Martínez y Presidente Duque
Foto: Facebook Fiscalía

Del fiscal Martínez ya sabíamos que tenía demasiados impedimentos para desarrollar una tarea libre de críticas. El octavo fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, fue superintendente bancario y codirector del Banco de la República con Gaviria, ministro de Justicia de Samper y ministro del Interior de Pastrana, cofundador aparente de Cambio Radical y asesor de cabecera de Luis Carlos Sarmiento, antes de ser postulado por la Corte Suprema de Justicia y elegido por el Congreso para el período 2016-2020.

En los últimos días, sin embargo, el octavo fiscal ha venido enfrentado acusaciones que lo relacionan con el escándalo Odebrecht, tal vez el caso más grave de corrupción en la historia de América Latina. No es la primera vez que se pone en duda su independencia, y por eso es necesario que Martínez dé las explicaciones claras, convincentes y bien documentadas acerca de estos hechos bochornosos, de manera que los colombianos podamos respetar el trabajo suyo y —aún más importante— el de la Fiscalía.

Como lo muestra este breve recuento, Martínez no está solo en la tradición de causar vergüenza a la Fiscalía General de la Nación. Su actuación, como la de sus predecesores, ha minado la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia. Y a esto se suma la crisis ya existente en la Corte Suprema de Justicia y el denominado “cartel de la toga”.

Esperamos que rinda cuentas de sus actuaciones y que —independientemente de si actuó de buena fe— comprenda que aferrarse a su cargo hace daño a una institución que debe estar por encima de las vanidades.

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Y esperamos que el presidente Duque proponga candidatos y candidatas por encima de toda duda, cuya transparencia nos permita volver a confiar en la justicia.

*Ph.D., profesor asociado de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Ramón Llull-Blanquerna, faridsamirbv@blanquerna.url.edu

 

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