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MI CAFÉ: Corrupción en Saludcoop, ahora por cuenta del Gobierno

Por William Giraldo Ceballos

congresovisible.com

Saludcoop que en manos de Carlos Gustavo Palacino se convirtió en una “holding” de más de 26 empresas con activos que la convirtieron en una de las empresas  multinacionales más grandes de América Latina en la prestación de servicios de salud, fue intervenida hace cuatro años por el presunto, entre otras irregularidades,  desfalco al Estado mediante el cobro y recobro de cuentas por la atención médica de sus pacientes.

Ahora, en manos del interventor de la EPS Guillermo Grosso, nombrado por la Superintendencia de Salud, las irregularidades llevan sello oficial, el sello del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y de su Ministro de Salud Alejandro Gaviria.

Grosso no solo “manda” en la EPS sino en las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud, clínicas y hospitales) y demás empresas del “holding” y las víctimas ahora son los empleados y los pacientes o afiliados.

sajandro.wordpress.com

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Sin licencia del Ministerio de Trabajo para hacerlo, Grosso ordenó a los demás funcionarios interventores del grupo Saludcoop en todo el país un  recorte en las nóminas de empleados  con el ánimo de reducir costos, atendiendo supuestamente directrices del gobierno nacional ante la nueva realidad económica que afecta al país.

Saludcoop, maneja no solo la Empresa Promotora de Salud, EPS, sino hospitales, farmacias, laboratorios, lavanderías hospitalarias, etc.

A las denuncias recientes sobre los multimillonarios contratos celebrados por Grosso con asesores jurídicos como el ex contralor de Cundinamarca, Uriel Alberto Amaya, con honorarios que podrían superar los $7 mil millones, provenientes de la plata de la salud de los colombianos afiliados a esa EPS, se suma ahora una nueva fuente de ingresos que no se reflejan en la contabilidad de la entidad.

Se llama “URGENCIA NO VITAL” y el paciente que hace uso de ella debe pagar una multa de  $15.000 -sí, quince mil pesos- por internarse en los servicios de urgencia sin estar chorreando sangre, sufrir una fractura, peritonitis o infarto.

Un dolor de cabeza fuerte, que alarme a un paciente y a su familia ante un eventual derrame cerebral, pero que en manos de los facultativos termine con diagnóstico de “cefalea aguda”, tratable con medicamentos, implica el pago de la multa.

El valor recaudado diariamente por las urgencias no vitales, no aparece en los registros contables, comentó uno de los empleados no despedidos hasta ahora, pero que también teme por su futuro.

Y qué pasó con las denuncias de la entonces Contralora Sandra Morelli sobre los multimillonarios contratos que celebra Guillermo Grosso?

El Procurador  Ordoñez y el Ministro Gaviria, no han hecho nada. Al menos no se sabe nada.

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