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CIDH y ANPDH certifican que aumentaron los crímenes por la represión de Daniel Ortega

Diario La Prensa, Managua

Managua, Nicaragua. 12/06/2018. Paramilitares del gobierno fuertemente armados de fusiles de guerra custodian la salida de El Crucero donde la madrugada de hoy desalojaron a los autoconvocados y se los llevaron a 8 detenidos a Managua. Oscar Navarrete/ LA PRENSA.

El incremento de la represión contra la población se ve expresado en el repunte de crímenes perpetrados por fuerzas paramilitares y la Policía Nacional

El incremento de la represión desatada por el Gobierno contra la población a lo largo de 86 días de protesta en Nicaragua se ve expresado en el repunte de crímenes perpetrados por fuerzas paramilitares y agentes de la Policía Nacional.

Las últimas actualizaciones de organismos apuntan a que los asesinatos oscilan entre 264 y 351.

Un comunicado de prensa emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Managua, denuncia “el deterioro, profundización y diversificación de la represión en Nicaragua en la última semana”.

El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, también se refirió en similares términos el mismo miércoles, ante la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.

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“En consideración del deterioro y profundización de la grave crisis de derechos humanos que tiene lugar en Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie y exija al Estado nicaragüense poner fin de inmediato a la represión y las detenciones arbitrarias, así como a todas las demás violaciones a los derechos humanos que se vienen registrando”, dijo Abrão.

En su comunicado de prensa para referirse a la segunda semana de trabajo del equipo técnico del  Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), que llegó a Managua el 24 de junio de 2018, la CIDH refirió que “observó en terreno nuevas formas de represión contra las personas participantes en las protestas y opositoras al Gobierno y una afectación particular en niños, niñas y adolescentes”.

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Abrão se refirió al trabajo relativo al Meseni en su informe, que una vez más fue descalificado por el canciller orteguista Denis Moncada, que tildó de “golpe de Estado” lo que ocurre en Nicaragua. Moncada no tuvo respaldo en el seno de la OEA.

Según registro de la CIDH desde que iniciaron las protestas en el país en abril pasado a la fecha, 264 personas han sido asesinadas y más de 1,800 heridas.

Simpatizantes del Gobierno en Carazo recibieron con insultos a los obispos de la Arquidiócesis de Managua.
LA PRENSA/AFP

Mientras en Managua, el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, informaba que esa organización ya contabiliza 351 muertes. En tanto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) reportó 300 asesinatos, 258 identificados y dos aún sin identificar que están en el Instituto de Medicina Legal (IML).

Abrão dijo que en la segunda semana, el Meseni observó con preocupación la represión contra manifestantes y contra quienes permanecen en los tranques, período durante el cual ha conocido de otros nuevos 52 asesinatos.
De esos nuevos crímenes, Abrão dijo que unos 20 ocurrieron el fin de semana pasado en tres municipios de Carazo, entre estos dos agentes de la Policía Nacional. La muerte de uno de los policías su madre la atribuye a la misma institución para la cual trabajó su vástago y de la cual había pedido su baja.

Condenan agresiones a sacerdotes

Abrão resaltó en su informe las agresiones perpetradas por grupos paramilitares el lunes en la Basílica de San Sebastián, en Diriamba, en contra del nuncio apostólico en Nicaragua, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag; el cardenal Leopoldo Brenes, el obispo auxiliar, de Managua monseñor Silvio Báez, así como contra sacerdotes y periodistas.

También denunció la campaña que ha sido mantenida en contra de los representantes de la Iglesia católica, pese a fungir como mediadores del diálogo nacional y la estigmatización contra defensores de derechos humanos.
El canciller Moncada prefirió calificar lo ocurrido en Carazo como actos terroristas donde, dijo, ocho militantes de su partido han sido asesinados.

“La CIDH le recuerda al Gobierno su obligación de garantizar la integridad de todas las personas y la protección contra cualquier forma de represalia”, dijo Abrão.

Igualmente insistió en demandar que el Gobierno informe sobre datos oficiales de personas asesinadas y heridas durante el período de represión gubernamental, que sean identificados los responsables, al tiempo que expresó que aún esperan información de los detenidos y al acceso a los centros de detención.

En su amplio reporte ante el Consejo Permanente de la OEA, Abrão reiteró la continuación de detenciones sin orden judicial, sin informar las causas de las mismas ni que la persona detenida haya sido puesta a la orden de los jueces correspondientes y la falta de acceso a la defensa, lo que constituye violación a sus derechos. Igual expresó preocupación por la marcha organizada para este jueves, en Managua, dado los resultados de marchas anteriores, como la del 30 de mayo en homenaje a las Madres de Abril que terminó en un baño de sangre.

ANPDH denuncia fosas clandestinas

El secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva Sánchez, aseguró que ha recibido denuncias de la existencia de supuestas fosas clandestinas en las inmediaciones de los estadios de los municipios de Diriamba y Jinotepe.

Al igual que reiteró la existencia de cárceles clandestinas en diferentes puntos del país.

Del total de 351 muertes que reporta en su informe la ANPDH, incluye a seis personas fallecidas que sufrían enfermedades naturales, por falta de asistencia médica, por no recibir atención médica a tiempo, por negligencia médica o por los obstáculos en los tranques.

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Entre los departamentos donde más asesinatos ha cometido el Gobierno con su represión han sido Managua con 162; seguido por Masaya con 35; León con 26 y Carazo que registra 25 muertos, señala la ANPDH.

En el caso de las personas que han sido liberadas luego de arrestos arbitrarios, tras gestiones de ANPDH junto con la Iglesia católica, el secretario de la ANPDH explicó que han sufrido maltrato y tortura por parte de la Policía y paramilitares.

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