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¿ Caerá alguien por los papeles de Panamá?

Por Wilson Alejandro Martínez* (razonpublica.com)

Bien puede ser que muchos colombianos estén utilizando este centro financiero para lavar activos, pero una mirada a investigaciones anteriores de la Fiscalía muestra que muy probablemente no pasará nada con las cuentas sospechosas.

Una cuestión de Estado
La revelación del listado de clientes de la firma Mossack Fonseca en Panamá ha puesto sobre la mesa muchos interrogantes sobre la naturaleza y propósito de las operaciones realizadas por las personas que figuran en la lista.

Está claro que no en todos los casos estamos ante el ocultamiento de actividades ilícitas, y que para saberlo con certeza hay que esperar los resultados de las investigaciones que adelanten las autoridades judiciales. Pero, de entrada, esta situación plantea una pregunta central: ¿qué tanta capacidad tiene el Estado colombiano para perseguir el lavado de activos, especialmente cuando se comete a través de instrumentos financieros internacionales (como las sociedades offshore) en jurisdicciones no cooperantes (como algunos paraísos fiscales)?

La difícil vigilancia

 

Marco Galasso
Luxemburgo es considerado un Paraíso Fiscal.
Foto: Marco Galasso

Comencemos por aclarar que el lavado de activos, entendido como el proceso que busca dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de actividades ilícitas, puede ser llevado a cabo de infinidad de maneras y a través de todo tipo de actividades mercantiles. Por eso se dice que en la actualidad todos los sectores de la economía están expuestos al riesgo del lavado.

Para poder perseguir eficazmente el delito de lavado hay que empezar por detectar su existencia, y esto es sumamente difícil porque el Estado no puede controlar todas y cada una de las operaciones que ocurren dentro del circuito económico colombiano.

Con el propósito de detectar y prevenir este fenómeno en alguna medida, los gobiernos en general han optado por obligar a los empresarios a adoptar sistemas de administración de riesgo de lavado de activos. Pero en Colombia no todos los sectores económicos están obligados a tener esa clase de sistemas, y aun dentro de un mismo sector la obligación existe solo para las empresas de mayor tamaño.

Todos los sectores de la economía están expuestos al riesgo del lavado.
Un ejemplo ayudaría a comprender el problema. El sector más avanzado y exigente en materia de detección y prevención del lavado de activos es el financiero, puesto que todas las entidades de los mercados financiero, cambiario, bursátil y asegurador están obligadas a tener complejos sistemas de administración del riesgo de lavado de activos. Esto se debe a que desde hace más de 20 años el Estado colombiano ha venido concentrado sus esfuerzos de vigilancia sobre este tipo de empresas u operaciones.

Sin embargo al revisar las sentencias judiciales durante los últimos diez años, constatamos que solo en el 41 por ciento de los casos el lavado de activos ha pasado por el sistema financiero. En el 59 por ciento restante de los casos, la operación nunca pasó por un banco o entidad financiera. Paradójicamente esto se debe a que a medida que el Estado logra aumentar el control sobre las actividades financieras, los delincuentes van buscando la manera de hacerlo a través de operaciones menos reguladas o menos bien vigiladas.

Dicho de otra manera – y en el mejor de los casos- el Estado colombiano solo puede detectar las operaciones que pasan por los sectores obligados a tener sistemas efectivos de gestión de riesgo de lavado de activos.

Pocas condenas

Peor todavía: el hecho de que una operación sea detectada y reportada a las autoridades no garantiza que vaya a ser judicializada y sancionada con las penas respectivas.

Las empresas obligadas a tener sistemas de prevención tienen que reportar operaciones sospechosas a la entidad competente del Estado, llamada la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Y aquí sucede que muchas empresas reportan basura, congestionan a la UIAF y así reducen su capacidad operativa.

Una vez que a través de la UIAF o por cualquier otro medio llega la información a la Fiscalía, aparecen otros problemas, de los cuales el más grave es la reducida capacidad de este organismo para investigar y judicializar casos complejos de lavado.

En efecto, el 52 por ciento de los casos que fueron judicializados durante los últimos diez años y donde se lograron sentencias condenatorias, corresponden a flagrancias: correos humanos capturados en el aeropuerto cuando trataban de ingresar o sacar divisas escondidas, o personas detenidas por portar grandes sumas de dinero en efectivo en su vehículo. Solo en el 37 por ciento de estos casos, la Fiscalía pudo identificar claramente a la organización criminal detrás de la operación.

El 52 por ciento de los casos que fueron judicializados durante los últimos diez años corresponden a flagrancias
Como si lo anterior no fuera suficiente, en el 41 por ciento de los casos que concluyeron con sentencia condenatoria durante esos diez años, los recursos provenían del narcotráfico. En los demás procesos no puedo establecerse el delito concreto del cual prevenían los recursos, de modo que la persona fue condenada por lavado de activos provenientes de “enriquecimiento ilícito”.

No pasará nada

Las estadísticas disponibles muestran entonces que la Fiscalía está en condiciones de judicializar casos de flagrancia, pero no de procesar casos donde las operaciones sean más sofisticadas, o cuyos responsables – más allá de la persona capturada- sean grandes organizaciones criminales, o cuando se trata de delitos como la corrupción.

Por todo lo anterior no es posible albergar mucho optimismo acerca de los resultados de las investigaciones que las autoridades colombianas deben iniciar o muy probablemente han iniciado ya a raíz de los llamados “papeles de Panamá”, porque no estamos ante casos de flagrancia sino de operaciones de lavado altamente sofisticadas desde el punto de vista financiero, cometidas por organizaciones criminales de lavadores profesionales.

En este escenario los recursos lavados pueden provenir de cualquier tipo de delito realizado en jurisdicciones que no son cooperantes a la hora de entregar información, de compartir pruebas o de facilitar la persecución de activos. Ojalá que me equivoque, pero yo no esperaría resultados positivos en esas investigaciones en el corto o mediano plazo.

* Los datos presentados en este texto son producto de investigaciones realizadas por el Observatorio de Lavado de Activos de la Universidad del Rosario.

** Doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales, director del Observatorio de Lavado de Activos de la Universidad del Rosario, exvicefiscal general de la Nación y consultor internacional en prevención del lavado de activos.

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Wilson Alejandro Martínez Sánchez

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