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¿Bogotá D. C. no tiene gobierno?

Por William Giraldo Ceballos

Motociclistas quieren imponer su autoridad al alcalde Peñalosa. Foto El Nuevo Siglo

Para qué leyes si no hay quien las haga cumplir?

El caos en todos los ordenes desbordó hace tiempo la capacidad administrativa de la ciudad.

Los delincuentes armados, los de cuello blanco, los  invasores de tierras, andenes, vías,  los infractores del tránsito, los estafadores, las fábricas instaladas en sectores residenciales y  en las de los estratos sociales más bajos, la inmovilidad que con “trancones”  reducen el ritmo productivo de la ciudad,en fin la desobediencia generalizada bajo el argumento de la crisis social, han puesto de manifiesto que Bogotá necesita gobernantes con autoridad.

Ahora que la delincuencia usa las motocicletas para herir y matar ciudadanos para arrebatarles celulares y vehículos, el alcalde Enrique Peñalosa prohibe el “parrillero” como potencial atracador ante la incapacidad de la Policía Nacional para cumplir sus funciones, los motociclistas decidieron no acatar la medida.

Es hora de meter a los motociclistas en cintura no solo por el aumento de la delincuencia sino por los abusos y su mal comportamiento en las vías, porque no se trata sólo de una medida de seguridad, sino porque no saben manejar de acuerdo a las normas del Código de Tránsito que ni siquiera la policía hace cumplir.

Los llamados “moteros”  en la jerga de  los periodistas locales, acusan a Peñalosa de “abusador” y de inmediato da su brazo a torcer, convoca al diálogo a los “afectados” y anuncia que la medida ya no será aplicada en la ciudad sino en “algunas zonas”. Y los delincuentes actual en todos los barrios.

La Policía Nacional y sus generales deberían sentir vergüenza por lo que está pasando en Bogotá. Las calles y sectores en donde los delincuentes son fuertes, son los mismos desde hace muchos años y los policías no han hecho nada.

Los jueces tampoco hacen, pero tienen la ventaja de responsabilizar al Congreso de haber expedido  el Código Penal que, como principio rector, garantiza la libertad del individuo. Y el juez  al tener que aplicar las disposiciones complementarias en el Código de Procedimiento Penal, deben cumplir con su plena aplicación.

¿Las autoridades se sientan a negociar sus decisiones con los infractores?

Lo que está en juego hoy es la autoridad del gobernante.

 

 

 

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