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Alta cirugía para el cartel de los togados

(Por la Unidad Investigativa de EJE 21 y REVISTA CORRIENTES)

Los togados tocados por la corrupción Foto El Espectador

 El Cartel de los Togados de la Corte Suprema de Justicia va más allá de cuanto hasta ahora se ha divulgado por los medios nacionales e internacionales. Nosotros nos preguntamos: ¿En que puede terminar este vergonzoso escándalo?

Los abuelos nos enseñaron que el trabajo es aburridor, el estudio difícil, el gobierno malo y la Corte Suprema buena. Este aforismo en el último apéndice cambió, pues el máximo tribunal judicial está salpicado de corrupción hasta los ojos y se extienden las irregularidades a diversos tribunales, a la JEP, y al Consejo de Estado, ya que esta última corporación ordenó, en sala plena reciente, separar a algunos magistrados del conocimiento de diversos negocios jurídicos. ¿En manos de quién estamos?

La Corte Suprema, debido a su morosidad, aceleró la corrupción a niveles impredecibles, dado que se comenzaron a pagar coimas millonarias  para evitar apertura de investigaciones y asegurar el manejo y la manipulación de juicios.

La Corporación tiene en su haber todavía, totalmente engavetados, un buen número de negocios jurídicos de carácter penal por paramilitarismo, concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho, entre otras conductas delictuosas.

Figuran en el listado las situaciones jurídicas del senador liberal de Barranquilla, Álvaro Antonio Ashton Giraldo, quien según la Fiscalía General de la Nación habría pagado $1.200 millones, dineros que recibieron el magistrado Gustavo Malo Fernández, en cuyo despacho se encontraba el caso, –el jurista del no renunciaré– los ex magistrados Francisco Ricaurte, –preso en la Picota– Leonidas Bustos y el ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno.

Entretejido con el caso de Ashton Giraldo, aparece el cuaderno penal de David Char Navas, quien apoyó a Ashton para el Senado en la fórmula en la que fue elegido como Representante a la Cámara en el año 2006, y quien es sindicado del homicidio de alias “Capulina”, lugarteniente del extraditado “Don Berna”, en la costa atlántica.

Igualmente, el caso de Héctor Julio Alfonso López, hijo de la empresaria de chance, Enilce del Rosario López Romero, conocida como “La Gata”. Los dos procesos de Zulema Jattin, primeramente, por parapolítica y, en segundo lugar, por contratos de la Universidad de Cartagena suscritos para la instalación de sistemas de sonido e iluminación en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional.

A su vez, fueron demorados en su trámite procesos que han venido encartando judicialmente a la ex representante cesarence, Carmen Cecilia Gutiérrez Matos, por paramilitarismo, concierto para delinquir y desplazamiento en Urabá; a Dilian Francisco Toro (actual gobernaora dl Valle)  por parapolítica; al ex ministro y ex gobernador antioqueño Luis Alfredo Ramos Botero por paramilitarismo y al exgobernador del Cauca, Juan José Chaux Mosquera, –investigado por supuestos nexos con el Bloque Calima de las Autodefensas– y  quien ha fingido enfermedad. No está privado de la libertad ni ha designado un vocero que asista legalmente a la audiencia. Esta investigación no se deja consultar en la página web, pese a que se encuentra en la etapa de juicio que es de conocimiento público y cuyo ponente es el presidente de la Sala Penal, Eugenio Fernández Carlier, a quien podría alcanzar el escándalo de corrupción, en razón de los negocios que ha tenido su despacho y, además, porque realizó encuentros subrepticios, sin escoltas, con políticos investigados por la Corte, en el Hotel Opera, ubicado al frente de la Cancillería.

Últimamente, suele afirmarse, en los laberintos del Palacio de Justicia, que Fernández Carlier se ha dedicado a dictar seminarios sobre ética y moral, abandonando los temas de gran calado penal que le competen.

Dentro de este contexto, muy seguramente, las investigaciones alcanzarán a muchos de los actuales magistrados de las altas cortes, a ex magistrados, a auxiliares de la Sala de Casación Penal y a funcionarios que ahora desempeñan altos cargos en la Fiscalía como delegados ante las cortes, en uso de la poderosa puerta clientelista giratoria organizada y liderada por los exmagistrados Bustos, Ricaurte, Tarquino, Ruth Marina Díaz y el ex fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera. Se incluye, además,  al senador vargasllerista, German Varón Cotrino y al abogado Gerardo Torres, “Yayo”. (Aquí nos faltan más datos).

Se espera que le digan la verdad al país sobre sus actuaciones, en este intrincado carrusel de corrupción, además de los exmagistrados acusados por el ventilador develado por la DEA, Luis Gustavo Moreno, -quien permanece en el bunker de la Fiscalía- Luz Mabel Parra Echandía, -esposa precisamente del abogado externadista, Gerardo Torres Roldán, quien recomendó al Fiscal Néstor Humberto Martínez a Moreno Rivera, -su socio de negocios jurídicos- como cuota de German Vargas Lleras y quien también fue apoderado del actual presidente del Partido Conservador Hernán Andrade-. Doña Luz fue magistrada auxiliar designada para la parapolítica, abogada del bufete de Bustos. Jorge Velásquez Niño, delegado ante la Corte, quien trabajó como magistrado auxiliar del magistrado de la Sala Penal, José Luis Barceló. De análoga manera, los fiscales, Jorge Hernán Díaz Soto, exmagistrado auxiliar del titular Luis Antonio Hernández Barbosa, magistrado que está adelantando la investigación a los congresistas Hernán Andrade, Musa Besaile y al ex ministro Luis Alfredo Ramos; Eberto Salomón Rodríguez, quien es cercano al magistrado Eugenio Fernández Carlier, también recomendado por Bustos. Los nexos de Salomón Rodríguez son tan cercanos que se ha declarado impedido en casos que adelanta el fiscal Rodríguez. Alfredo Bettin, ex magistrado auxiliar del actual magistrado Gustavo Malo, quien a su vez guarda relación de amistad con el expresidente de esta corte Francisco Ricaurte.

Asimismo, los fiscales, Luis Acero, quien fue promovido hace poco a fiscal ante el tribunal y trabajó con Bustos y Julio Ospino Gutiérrez, quien habría sido beneficiado con el nombramiento de su esposa; Carlos Iván Mejía -ex magistrado auxiliar con nexos de subordinación con Bustos- quien manejaba investigaciones sobre parapolítica y reemplazó al magistrado auxiliar Iván Velásquez, quien denunció en 2012 que había sido víctima de persecución.  Tenía razón Martinez Neira cuando declaraba que el pais tiene que acostumbrarse a ver presos a sus fiscales.

Se agrega a esta lista el delegado de la Corte Suprema ante la JEP, Francisco Acuña, quien ha propiciado el ingreso de María Juliana Escobar Gutiérrez, antigua relatora de la alta corporación a quien Bustos nunca pudo imponer como secretaria general aun cambiando el reglamento, -para habilitar requisitos incluyendo hablar inglés-, en procura de descartar otros postulados y quien actualmente funge como asesora del despacho del Fiscal General. El Padre de María Juliana Escobar, -Camilo Escobar-, contador de profesión, se graduó de manera relámpago como abogado y fue nombrado en la Fiscalía de inmediato, (caso de nepotismo) y es una persona de entera confianza de la gran mayoría de los magistrados, pues desde años atrás elabora las declaraciones de renta. “Es estafeta de Bustos”, se comenta en el Palacio de justicia.

¿Qué nos espera? Entendidos aseguran que para darle peso a las investigaciones y mandar a la cárcel a tanto corrupto en la rama judicial colombiana, se terminará imponiendo la puesta en marcha de una Comisión Internacional contra la Impunidad como la que actualmente opera en  Guatemala (CICIG), la cual fue creada el 12 de diciembre de 2006 por medio del acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de esa nación centroamericana.

El comisionado es el fiscal colombiano Iván Velásquez Gómez, quien podría volver a Colombia, se dice entre bambalinas, increíblemente, a adelantar las investigaciones del cartel de los togados, quienes antes fueron sus jefes. Esto apenas comienza. ¿Cómo la ven?

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