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Alcalde de Popayán apela suspensión de la Procuraduría

César Cristian Gómez Castro, alcalde de Popayán. Foto CARACOL Radio

César Cristian Gómez espera objetividad y

autonomía en fallo de segunda instancia

El alcalde de Popayán, Cesar Cristian Gómez Castro apeló formalmente la suspensión por 11 meses que le impuso la Procuraduría General de la Nación y confía en que tras la revisión del proceso, el fallo de segunda instancia se adopte con autonomía y objetividad, en el criterio de que no ha incurrido en ninguna transgresión de la ley.

“Tengo la fe intacta y la certeza de que no he cometido ninguna falta. Respeto rigurosamente las decisiones de las entidades de control y confío en que se tengan en cuenta ahora todas las pruebas que hemos presentado. Soy un gobernante honesto que no bajará la guardia para responderles a las comunidades y seguiremos entregando obras y cumpliendo los compromisos adquiridos con los ciudadanos”, afirmó el alcalde.

El fallo de primera instancia tiene que ver con presuntas irregularidades relacionadas con la celebración y ejecución de un convenio de asociación por valor de 176 millones de pesos con la Fundación “La Tortuga Triste”, para ejecutar la agenda artística y cultural del municipio de Popayán en la Semana Santa de 2016.

El abogado defensor, David Roa Salguero, interpuso el recurso correspondiente el pasado 26 de julio, ante la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación estatal, con la solicitud de que se valoren objetivamente todas las pruebas presentadas ante los investigadores y se corrijan los errores del fallo.

Roa Salguero, especializado en derecho disciplinario, agregó que en el fallo inicial no fueron valoradas todas las pruebas y se plantearon situaciones no mencionadas en el auto de citación a audiencia, “lo cual afecta el derecho de contradicción y defensa del investigado”.

 

Destacó que la Fundación mencionada sí es idónea para efectuar el objeto contratado, pues la defensa aportó ante el delegado de la procuraduría 30 convenios de contratación de “La tortuga Triste” con entidades públicas del orden nacional e internacional.

 

“Las pruebas no fueron valoradas de manera objetiva. La subcontratación que se hizo estaba legalmente permitida y el Alcalde nunca transgredió el ordenamiento jurídico”, añadió el abogado.

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