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Por Colombian News

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Titulares
18 septembre 2015

1. ¿Santos ha roto con la “revolución bolivariana”?
2. Un “congresito” concebido por payasos
3. Colombia: incongruencias al por mayor
4. El Consejo de Estado condenó a la Nación por la masacre de Bojayá
5. Las Farc se dicen listas para convertirse en “partido político”
6. Condenan a alias ‘Timochenko’ e ‘Iván Márquez’ por reclutamiento de menores
7. Amenazado el exfiscal que denunció irregularidades en contratos de Natalia Springer
8. Uribe califica de “vergonzoso para Colombia” contratos de la Fiscalía
9. Radican queja contra Natalia Springer por lío de contratación con la Fiscalía
10. “Esa platica no se ha perdido”: fiscal Montealegre sobre el escándalo Springer
11. El debate de la vida
12. Colombie. Il se prétend otage pour extorquer une rançon à ses parents

¿Santos ha roto con la “revolución bolivariana”?

Por Eduardo Mackenzie
Periodismo sin Fronteras, Bogotá

En su discurso del 9 de septiembre pasado, el presidente Juan Manuel Santos admitió, por primera vez en seis años, que existen diferencias entre su gobierno y el que maldirige a Venezuela. Santos hizo ese análisis para tratar de responder a las soflamas lanzadas por la vecina dictadura para justificar la crisis humanitaria y diplomática provocada entre los dos países por Nicolás Maduro y sus violentas expulsiones de familias colombianas en Venezuela.

Ese discurso de Santos desde la Casa de Nariño causó no pocas sorpresas pues, de alguna manera, el tono empleado era inédito. Santos afirmó allí que la “revolución bolivariana ha fracasado”, que esa “revolución” se “está autodestruyendo” y que ese fracaso no es culpa de Colombia sino “del modelo” y de sus “resultados” (o de sus no resultados) en materia económica, de inseguridad y el narcotráfico.

Las causas de ese fracaso no sólo son esas pero hay que admitirlo: nunca antes Santos había hablado en forma tan acerva, como jefe de Estado, de la aventura chavista. Las saludables palabras de Santos desataron como se podía esperar la ira de Maduro y del sulfuroso Diosdado Cabello. Ambos arreciaron sus insultos contra Colombia. Sus propagandistas eructaron que en Bogotá manda “el paramilitarismo de la oligarquía”. No satisfecho con eso, Maduro creyó que más valía desafiar militarmente del todo a Colombia con el envío –en dos ocasiones (Vichada y Guajira) hasta el momento de redactar esta nota–, de aviones rusos de combate sobre el espacio aéreo colombiano. Y, para meter más miedo, Caracas hizo saber que estaba recibiendo un “impresionante arsenal de guerra procedente de China”, de una cantidad “no especificada de tanques anfibios VN16 y vehículos blindados anfibios VN18, así como camiones tácticos 4×4 North Benz serie 2629”, destinados, según alertó una página web especializada, “a la Infantería de Marina” de Venezuela.

De nada habían servido pues las frases de Santos en ese discurso destinadas a calmar al energúmeno de Caracas. Santos subrayó allí que, en efecto, él siempre había “respetado” la “revolución” venezolana, que nunca la había atacado y que él no ha participado “en un complot para destruirla”.

Aunque algunos en Bogotá creyeron ver en ese discurso una ruptura, o el comienzo de una ruptura de Santos con el detestable régimen “bolivariano”, la verdad es que Santos, a pesar de las justificadas puyas que lanzó, siguió en la misma línea de obediencia a Caracas y borró con una mano lo que había escrito con la otra al decir que la Venezuela chavista había “ayudado a Colombia” en la “construcción de paz” y que en eso “no hay ninguna discusión”. Y al concluir que en Colombia “estamos en una revolución para buscar más equidad”.

La naturaleza inviable y ruinosa del régimen de Maduro había quedada expuesta ante el mundo. El caos económico en que viven los venezolanos, las deportaciones masivas de colombianos, y la intimidación con los Sukhoi 35, son signos de impotencia. No obstante, Santos siguió sin aceptar que tales actos señalan sobre todo la muerte del proceso “de paz” del cual Nicolás Maduro es hasta ahora “garante”.

Santos no comprende (o lo comprende pero hace como si no viera nada) que Maduro al amenazar a Colombia con sus blindados chinos y sus aviones rusos le puso él mismo una lápida a la pretendida negociación de paz. Maduro destrozó así ese proceso de paz no porque quisiera sino por su conocida incapacidad para llevar a buen puerto las tareas políticas que heredó de Hugo Chávez y las que él mismo se ha impuesto.

Para el difunto dictador, ese proceso de paz en Colombia era el núcleo central de la agenda internacional de la “revolución bolivariana”. Para Chávez y los demás aventureros del castrismo, incluido Maduro, el proceso abierto por Juan Manuel Santos con las Farc en La Habana era la mejor forma, la más insidiosa, silenciosa y letal para perfeccionar un dispositivo de dominación sobre el norte de la América del Sur, dispositivo que se halla hoy en crisis precisamente por la resistencia que ofrece Colombia a esa opción absurda: la de ser embarcada y devorada por esos ambiciosos planes expansionistas.

No, Maduro no ha “ayudado” jamás a Colombia. Tampoco es cierto que la negociación habanera con las Farc sea una “revolución para buscar más equidad”. En un discurso que parecía haber sido redactado para cobrarle a Maduro sus fechorías contra Colombia Santos terminó de nuevo empantanado y a la merced de Maduro.

Las mayorías en Colombia ven ahora lo que antes no veían: que el proceso de paz que consiste en hacerle concesiones exorbitantes a las Farc es, en realidad, la maniobra más audaz y temeraria de la historia reciente del continente americano para trasferir, bajo el disfraz de una negociación política, el poder a una minoría violenta anti capitalista y anti democrática que nunca pudo conquistar, ni por las armas ni por la corrupción, el poder en una nación de larga tradición democrática.

¿Qué relación puede haber entre las gesticulaciones anti Colombia de Maduro, y la actividad simultánea de Rafael Correa quien está impulsando a su vez disturbios en la frontera entre Ecuador y Colombia?

La relación es clara. Esos dos agentes de la subversión castrista creen que cercando a Colombia, bloqueando el comercio fronterizo, represando el carbón de la Guajira, arruinando el comercio de Ipiales, dejando pasar armas y explosivos para el narcoterrorismo por esas fronteras, van a minar la resistencia y la unidad de Colombia. Creen que hay que reforzar el caos en todas partes para que las Farc, ante una opinión aturdida, obtengan el triunfo definitivo en la mesa de La Habana.

Lo que han conseguido es lo contrario. Las agresiones de estas últimas semanas alertaron más a Colombia y reforzaron el sentimiento patriótico contra las ínfulas de Maduro y contra su plan más siniestro en Colombia: el proceso de paz.

Eso explica el tono desesperado que adoptan en estos días los jefes de las Farc en Cuba. Iván Márquez cree saber, por ejemplo, que su organización y el gobierno de Santos están “a las puertas de alcanzar un acuerdo sobre el complejo tema de justicia”. El jefe terrorista trata de hacer creer a los medios que “en sólo siete días” los negociadores resolvieron el punto más delicado, el de la justicia para esos traficantes, un punto que los colombianos no se van a tragar, y que nadie ha podido resolver en tres años de agitadas danzas y contradanzas en La Habana.

El afán de las Farc por creer la imagen de que las negociaciones van a culminar pronto –ante lo cual Santos trata de abolir la Constitución vigente mediante reformas grotescas– hay que invertirlo: esas negociaciones son un cadáver insepulto que apesta por donde pasa y cuya naturaleza monstruosa está cada vez más expuesta ante los ojos de los colombianos.

Asombra que Santos insista todavía en seguir en la línea de las concesiones extremas a las Farc cuando todos sabemos que, como bien lo resumió el matutino cartagenero El Universal en un editorial memorable: “Las Farc ya no son un movimiento guerrillero. Las Farc son el gobierno de Venezuela armado con Sukhoi 35 (aviones de guerra rusos) y misiles de largo alcance”. Es eso lo que trató de decirnos Maduro al enviar sus bombarderos. La respuesta de Colombia debe ser de golpear la parte que más le duele a Maduro: poniendo fin a la operación habanera de las Farc y abriendo un verdadero proceso de paz que comience con la concentración de las huestes depredadoras en un punto preciso de la geografía nacional.

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Fernando Londoño Hoyos Foto fronterainformatica.wordpress.com

Fernando Londoño Hoyos
Foto fronterainformatica.wordpress.com

Un “congresito” concebido por payasos

Por Fernando Londoño Hoyos
La Hora de la Verdad
Radio Red RCN, Bogotá

No sabe qué hacer el presidente Santos y no saben qué hacer sus asesores, con este endiablado proyecto de convertir en leyes de la República y en reformas constitucionales los acuerdos que entre Humberto de la Calle y Timochenko a través de sus asesinos asesores están conviniendo en la Habana. Eso es un adefesio por donde se lo mire.

1. En La Habana no han empezado a discutir los puntos esenciales
2. A las Farc no les interesa que empiece esa discusión
3. La desmovilización y la entrega de armas no han sido discutidas
4. Tampoco el cómo se va a sancionar los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Farc
5. Los puntos que están en discusión suponen un cambio total del sistema político-económico del país
6. Esos puntos pretenden cambiar totalmente la vida de los colombianos
7. La cambiarían por el sistema totalitario que quiere la izquierda latinoamericana.
8. Las Farc no se han comprometido a luchar contra el narcotráfico. Santos miente al respecto.
9. Las Farc quieren que el país acepte una Constitución aberrante
10. Las 29 salvedades de las Farc en las negociaciones tienen paralizada la discusión
11. A la gente en Colombia se le acabó la paciencia ante esas discusiones
12. Por eso Santos propone el esperpento de reforma de la Constitución
13. Pretenden castrar al Congreso colombiano para poder aprobar las órdenes venidas de La Habana
14. Las Farc piden tener la mayoría de una eventual asamblea nacional constituyente

Escuche el editorial completo:

http://www.lahoradelaverdad.com.co/editorial/un-congresito-concebido-por-payasos.html
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Colombia: incongruencias al por mayor

Por Enoris Restrepo
El Colombiano, Medellín

Referendo por la vida de los toros, pero libertad total para el aborto (sin embargo, en ese campo no pueden existir condenas públicas)… Escándalo por consumo de drogas en los colegios, pero libertad total para sembrar hasta 23 matas de marihuana por persona; el glifosato malo para el medio ambiente si es para fumigar droga, aunque es bueno para fumigar cultivos del arroz que nos comemos, desprecio por nuestros vecinos declarándolos Paraíso Fiscal (parias) y extrañados porque votan en nuestra contra.

Billones y billones para las vías y la salud, lo más preciado que tenemos, en ruina total… Cárcel infinita por supuestamente escuchar conversaciones e impunidad casi total por secuestrar, asesinar, violar, extorsionar…

¿Habrá alguien que me pueda explicar qué pasó con la lógica y el sentido común?

Como si los colombianos no tuviésemos memoria, el presidente Santos dijo hace poco que el reciente rifirrafe con Maduro era muy distinto al que Uribe tuvo con Chávez, porque este altercado se ha manejado con mucha altura y diplomacia… y al día siguiente aviones venezolanos violan el espacio aéreo colombiano.

Pero con perdón, creo que la mayoría de los compatriotas vemos esta camorra del vecino muchísimo más peligrosa, empezando porque Maduro quiere postergar o evitar las elecciones y porque es más primario que Chávez, porque ha deportado a miles de compatriotas, manda marcar las casas de los colombianos como en épocas hitlerianas y constantemente advierte sobre una posible “nueva definición limítrofe”, en fin, con una virulencia verbal y amenazas por parte del mandatario venezolano, que no se oyeron en la anterior querella.

Mientras Colombia hace alarde de pacifismo, hay que reconocer que es difícil coexistir con el dictadorzuelo Maduro, ya que él hace frecuentes llamados al nacionalismo, “especie de mística belicosa” para ocultar sus grandes pecados. Ve y denuncia paramilitares colombianos en su país, mientras no ve a las guerrillas colombianas circulando libremente por su territorio. Acusa por todo lo habido y por haber a este país, dice que el presidente Santos lo ha tratado mal y que los medios de comunicación incitan a la guerra, por informar con objetividad la realidad de las fronteras.

Mientras Maduro nos muestra los dientes, nuestra suave y elegante ministra Holguín (algo parecida al canciller Chamberlain, quien antes de la II Guerra creía que Hitler era un niño bueno) cumple la orden presidencial de ser pacificadora.

Afortunadamente, ahora, ante la doble violación del espacio aéreo, por fin este gobierno ha levantado su voz y ordena presentar protesta formal ante Venezuela. Y ante la falta de solidaridad latinoamericana con Colombia, es necesario que el presidente se pregunte cuáles son sus verdaderos amigos: ¿Todos los ex presidentes colombianos o el castro-chavismo en pleno? Llegó el momento de dejarle de rendir pleitesía a la izquierda latinoamericana.

Así mismo, veo incoherencias entre la clase política, especialmente en el partido de la U. Mientras el país clama por definiciones democráticas claras y por un frente común contra los siniestros planes de las Farc, ellos y el Fiscal hacen mutis por el foro.

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El Consejo de Estado condenó a la Nación por la masacre de Bojayá

El Espectador, Bogotá

El Tribunal Administrativo del Chocó le ordenó al expresidente de la República, Andrés Pastrana Arango y a la cúpula militar de la época pagar un porcentaje de la indemnización para los familiares de las víctimas.

Al resolver una acción de tutela la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró no probadas las excepciones planteadas por el Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Policía Nacional y Armada Nacional en contra del fallo del Tribunal Administrativo del Chocó que condenó a la Nación por la masacre de Bojayá registrada el 2 de mayo de 2002.

En la decisión el alto tribunal rechazó además la solicitud para anular los alcances de dicho fallo. En el mismo se determinó que se presentó una omisión por parte de los miembros de la Fuerza Pública que permitieron el ataque de los grupos armados ilegales en contra de la población civil. Por esta masacre fueron hallados responsables tanto las Farc como las Autodefensas Unidas de Colombia.

En diálogo con Noticias Caracol, el magistrado del Tribunal Administrativo del Chocó, José Andrés Rojas manifestó que en la determinación judicial se determinó que tanto el presidente de la época, Andrés Pastrana Arango, los ministros y los comandantes de las Fuerzas Militares “personalmente deben responder con su patrimonio por el daño causado, pero adicional responder desde el punto de vista disciplinario, penal y de responsabilidad fiscal”.

El fallo ordena el pago de la reparación económica a los familiares de 78 víctimas. En los hechos, se calcula, murieron 120 personas quienes se resguardaron en la iglesia. En ese momento fue lanzado un cilindro bomba por miembros del bloque 58 de las Farc. Los hechos se presentaron en el marco de una confrontación de las Farc con paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia para mantener el control de la región.
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Las Farc se dicen listas para convertirse en “partido político”

Correo Confidencial, Bogotá

LA HABANA.- “Estamos listos para abordar y discutir los procedimientos para el tránsito de organización alzada en armas a movimiento político abierto”, precisaron este jueves los cabecillas de las Farc, al concluir un nuevo periodo de negociaciones de paz en La Habana, las cuales continuarán entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre.

En el comunicado final de este ciclo, que titulan “perspectivas de paz”, afirman que sobre el punto de la reincorporación a la vida civil, han “entregado a los plenipotenciarios del Gobierno un paquete de propuestas básicas que esperan concreción”. Además subrayan que “se siguen construyendo consensos sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y se avanza en el análisis del aspecto dejación de las armas”.

Señalan que de manera simultánea en varios frentes avanza la discusión temática en la Mesa de Conversaciones de La Habana y añaden que “el decisivo componente de justicia del Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, está a las puertas de un entendimiento”.

Según los cabecillas de las Farc, la importancia de esta eventualidad radica en que desataría una dinámica positiva de redacción de convenios sobre tópicos pendientes, como la expansión de la democracia, el desarrollo del esencial sub punto 5 fin dl conflicto, donde–advierten– se consigna que: “El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”.

Añaden que “también permitiría tomar en serio el mandato de la Agenda de esclarecer el fenómeno del paramilitarismo, y lo que es más urgente para el futuro de la paz, su desarticulación, porque con guerra sucia el post acuerdo constituiría una mentira. Esa amenaza debe desmontarse si queremos reconciliación”.

De otro lado indican que ha llegado la hora de retomar la discusión sobre “asteriscos” o asuntos cuya discusión fue postergada como por el ejemplo, el establecimiento de la cantidad de hectáreas que conformarán el Fondo de tierras, necesario para la ejecución de la Reforma Rural Integral, y también es tiempo de sacar del refrigerador las salvedades para airearlas y buscar consenso en torno a ellas.

También dicen que está cerca, sin duda, el cierre del acuerdo sobre el punto 5 víctimas, puesto que el insoslayable asunto de la Reparación dispondría en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, de mecanismos para entregar satisfacción a las víctimas del conflicto. Y añaden que el sub punto 1, Derechos Humanos, podría ser evacuado con voluntad política, con una declaración de acuerdo y compromiso sobre principios que reivindiquen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para las mayorías.

Se declaran esperanzados de que se realice el Foro sobre fin del conflicto bajo el auspicio del Centro de pensamiento de la Universidad Nacional y de Naciones Unidas, para que el movimiento social y político vierta su opinión sobre la Mesa, ya que “la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción, incluidas otras organizaciones guerrilleras”.

Finalmente precisan: “Nosotros estamos listos para proseguir la marcha concertada de la voluntad nacional hacia el acuerdo definitivo, punto de partida para las transformaciones democráticas y progresistas. La paz está tocando a la puerta de Colombia y exige que el conflicto armado quede atrás como memoria colectiva de algo que no debe repetirse jamás, de tal manera que aseguremos el futuro de paz y vida digna de las nuevas generaciones de colombianos”.
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Condenan a alias ‘Timochenko’ e ‘Iván Márquez’ por reclutamiento de menores

RCN La Radio, Bogotá

El Juzgado Tercero Especializado de Bucaramanga profirió este jueves una condena de 13 años de cárcel contra de alias Timochenko y alias Iván Márquez, jefes guerrilleros de las Farc, por reclutar menores e incitarlos a cometer delitos. Dentro del proceso contra los subversivos, la Fiscalía reveló que este hecho ocurrió en el año 2000 y argumentó que dicha operación fue planeada por ‘Timochenko’ y ‘Márquez’; junto a otros jefes subversivos; a los que se les impuso la misma condena.

En ese entonces la subversión sostuvo enfrentamientos con el Ejército, especialmente en la zona de Soto Norte, donde varios menores fueron reclutados por las Farc, otros perdieron la vida y otros más se desmovilizaron. Elizabeth Martínez, directora de la ONG Compromiso, aseguró que “En un proceso de negociación como el que lleva el Gobierno Nacional con las Farc es una obligación que se reconozcan y se expliquen delitos como el reclutamiento de menores”. La directora de esta organización señaló a RCN La Radio que esto revive el debate en torno a la justicia transicional, ya que “debe haber un nivel de penas para que los procesos de verdad justicia y reparación se den en este proceso de post negociación del conflicto.” “En un proceso de negociación como el que lleva el Gobierno Nacional con las Farc es una obligación que se reconozcan y se expliquen delitos como el reclutamiento de menores,” aseguró la líder social.
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Amenazado el exfiscal que denunció irregularidades en contratos de Natalia Springer

El Espectador, Bogotá

Foto foroselespectador.com

Foto foroselespectador.com

Alejandro Ramelli denunció que ha recibido mensajes en contra de su integridad personal. Ramelli cree que esos anónimos amenazantes provienen de la misma Fiscalía..

El fiscal General Eduardo Montealegre Lynett ordenó investigar las amenazas que estaría recibiendo el exdirector de la Unidad de Análisis y Contexto (Unac), Alejandro Ramelli Arteaga quien denunció en entrevista con El Espectador que ha recibido mensajes anónimos en contra de su integridad personal. En la entrevista Ramelli aseguró que estas amenazas buscan acabar con su prestigio profesional, su carrera. “Han enviado anónimos diciendo que ya me hicieron echar de otros cargos y que me van a echar del que tengo”.

Aseguró que estos empezaron cuando salió de la Fiscalía General. Ante la pregunta de si teme por su vida, dudando si el ente investigador lo va a proteger o cuidar. A la pregunta “¿Cree que esos anónimos amenazantes provienen de la Fiscalía?” Ramelli respondió: “Estoy seguro”.

La investigación tiene como finalidad determinar el origen y los responsables de amenazas que “dice haber respondido” Ramelli Arteaga. Un fiscal delegado ante la dirección del CTI que recolectará las pruebas frente a este caso. “La Fiscalía considera que las acusaciones formalidades son sumamente graves, por esta razón dispondrá todos los mecanismos necesarios para prontamente establecer la veracidad de los hechos denunciados por Ramelli”, precisó. Igualmente el Fiscal General también le solicitó al director de la Unidad de Protección (UNP) que disponga lo necesario para garantizar la seguridad del exfiscal y su núcleo familiar.
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Uribe califica de “vergonzoso para Colombia” contratos de la Fiscalía

Por Ariel Cabrera
Radio Santafé, Bogotá

“Es vergonzoso para Colombia, queridos ciudadanos”, afirmó el expresidente Álvaro Uribe Vélez al pronunciarse sobre los millonarios contratos distribuidos o adjudicados por la Fiscalía General de la Nación y criticar una vez más el “derroche” en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. “En este Gobierno ha habido muy mal ejemplo de derroche y ese ejemplo ha cundido en muchas partes”, precisó el exmandatario en una declaración que formuló en la ciudad de Medellín.

Al referirse a las denuncias por los millonarios contratos de la Fiscalía General de la Nación que han salido a la luz pública, el expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez expresó: “En este Gobierno ha habido muy mal ejemplo de derroche y ese ejemplo ha cundido en muchas partes. Yo estaba ayer en el Meta, allá les quitaron las regalías y les devuelven unos poquitos a través de mermelada a políticos. El Fondo Paz que maneja la Presidencia de la República tiene alrededor de 150 mil millones en contratos. Todo periodista de izquierda desocupado que pasa por el frente de la Casa de Nariño, lo llaman y le dan un contrato. Y ahora vemos los contratos de la Fiscalía. ¡Es vergonzoso para Colombia, queridos ciudadanos!”, concluyó Uribe Vélez.
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Radican queja contra Natalia Springer por lío de contratación con la Fiscalía

El País, Cali
Colprensa

El presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, radicó ante la Procuraduría y la Contraloría General una denuncia en contra de la politóloga Natalia Springer por supuestas irregularidades en contratación en la Fiscalía General. Bustos argumenta la posible comisión de faltas disciplinarias de orden fiscal, relacionadas con los millonarios contratos que la Fiscalía suscribió con la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S.A.S.

La queja versa sobre la contratación directa por más de 4 mil millones de pesos con dicha firma, sin que al parecer Springer cuente con la idoneidad suficiente para el trabajo que estos requerían, y sin que se realizaran estudios previos que justificaran la contratación por parte de la Fiscalía con esa firma. Igualmente, se mencionan las declaraciones del exdirector de la Unidad de Análisis y Contextos de la Fiscalía General, Alejandro Ramelli, quien indicó en medios nacionales que no avaló dicha contratación y quien salió de la entidad por oponerse a aprobar los informes de Springer, al estimarlos insuficientes.

En ese sentido, la Red de Veedurías solicita tanto a la Contraloría y a la Fiscalía que llame a declarar como prueba a Ramelli y a Mónica María Suárez Moscoso, en su calidad de jefe (e) de la Unidad de Análisis y Contextos. Sobre este caso, Springer dijo este jueves en la W Radio que su firma ofrece un trabajo que “nadie más ofrece” y justificó el monto de la contratación. Además, aseguró que Ramelli “hizo todo lo posible para sabotear mi trabajo” y lo contradijo al indicar que este supuestamente no leyó el trabajo ni sus informes.
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“Esa platica no se ha perdido”: fiscal Montealegre sobre el escándalo Springer

El País, Cali
Colprensa

En declaraciones entregadas a Caracol Radio en la mañana de este miércoles, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, defendió las razones por las cuales contrató por cuatro mil millones de pesos a la politóloga Natalia Springer.

Explicó que los tres contratos con Natalia Springer fueron para investigar violaciones de derechos humanos de las Farc; violaciones de otros grupos en el conflicto armado y uno más para investigar violaciones de los miembros del ELN y bandas criminales. “Esa platica no se ha perdido, esa platica son inversiones por la paz. Voy a seguir impulsando las contrataciones para sacar adelante este proyecto, el proceso de paz y la modernización de la Fiscalía General”, dijo el fiscal.

Montealegre resaltó las capacidades de la periodista Springer al decir que el país conoce de ella y de sus doctorados, maestrías en el exterior en justicia transicional, derechos humanos, sus aportes bibliográficos y su trabajo como columnista de El Tiempo y como periodista en RCN Radio con Vicky Dávila. De igual manera, el fiscal precisó que de suscribir el contrato con funcionarios de la Fiscalía el costo sería mucho mayor. “Todos tienen una cifra promedio de lo que ganan los magistrados de las altas cortes: $25.000.000. El caso de Natalia Springer tuvo ese precio porque ella tuvo que contratar 20 personas y hacer traslados y el Estado se queda con el 40%”, dijo Montealegre.

Según el funcionario, los asesores de la Fiscalía se contrataron para la defensa del ente investigador en este tipo de casos, y para fortalecer el sistema de saneamiento de bienes que tiene incautados la entidad. “No entiendo por qué dicen que Natalia Springer es una impostora. Los periodistas, en general, nunca se han tomado la molestia de investigar los costos de este contrato antes de iniciar este linchamiento mediático contra Natalia Springer y contra mí”, dijo el fiscal Montealegre.

El alto funcionario señaló que él (Montealegre) terminó siendo auditor de uno de los contratos que cumplía la firma de Springer, y señaló la razón por la que fue relevado de su cargo en la Fiscalía el profesor Alejandro Ramelli, quien criticó el modelo de contratación con la periodista. “Ramelli se creyó dueño del modelo que se estaba aplicando, y en ese sentido empezó a bloquear la investigación y la posibilidad de que la propia Natalia Springer interviniera”, señaló el Fiscal General, de quien además Montealegre señaló que “tiene un ego muy alto”.

El funcionario rechazó que no se mida con el mismo rasero los contratos que se hacen con las entidades del Estado que son mucho más costosos, y vinculó este aspecto con las contrataciones que hacen las entidades del estado con los medios de comunicación. En este marco, dijo que a la par de las críticas en su contra no se está teniendo presente la nueva manera como se está investigando en Colombia las violaciones a los derechos humanos. Eduardo Montealegre señaló que la contratación de exmagistrados se debe a que la Fiscalía tiene 35 billones de pesos en denuncias, y precisó que si éstas llegan a hacerse efectivas pueden embargar a la entidad. “Los exmagistrados colaboraran a que dichas denuncias sean bien asesoradas”, puntualizó el Fiscal y precisó que ante la entidad ya existen condenas por 500 mil millones de pesos en condenas.
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El debate de la vida

El Mundo, Medellín
Editorial
Somos defensores de la vida y los derechos humanos, con opción preferencial por quienes son vulnerables y no pueden cuidar la propia, como sucede con los no-natos que carecen de voz.

Como corolario al espectáculo de la Fiscalía General alrededor del aborto ilegal que habría cometido una actriz, Eduardo Montealegre ofreció generoso indulto a la afectada en sus derechos a la intimidad y al buen nombre. Además, anunció que usará el momentum como inicio de un debate que aspira conducir hacia la despenalización cuasi total del aborto y que activistas aprovecharon para volver sobre otras batallas que asocian a la secularización de la sociedad, como la adopción por parejas del mismo sexo. Aunque desearíamos no participar en una discusión cuyo punto de partida lo constituyó una abusiva vulneración a la reserva del sumario con elementos fragmentarios de un caso en el que está involucrada una mujer famosa, el rumbo que fue tomando el debate, más que el hecho mismo, nos obliga a pronunciarnos en tanto que sus conclusiones han puesto en juego el consenso social alrededor de los derechos humanos, la configuración del Estado de Derecho y la ética.

La irregular divulgación de esa información y la posterior actuación del fiscal general demuestran que las filtraciones de piezas procesales siempre responden a intereses particulares de quienes las filtran. En el caso que nos ocupa, ni el fiscal general podría sustraerse de ser investigado por su responsabilidad en el escándalo que vulneró derechos de la persona involucrada, ni puede renunciar al cumplimiento de sus funciones de investigar y si hubiere mérito, acusar a los responsables de conductas tipificadas como delitos en nuestro Código Penal. Esta obligación no es discrecional; la labor de la Fiscalía es investigar y acusar cuando haya indicios suficientes: no le es optativo ofrecer indultos, ni a responsables de crímenes de lesa humanidad, ni a quienes están bajo sospecha por la comisión de cualquier otro delito.

Pero más allá del hecho y las consecuencias que le fija nuestro Estado de Derecho, fue notorio el afán de llevar la discusión a un terreno de máximos emocionales y mínimos argumentales cargados de falacias dominadas por generalizaciones o simplificaciones. Es así como se reclama maximizar el valor de la libertad individual hasta separarlo, contrariando su concepción, de responsabilidades y compromisos. Tal visión llega acompañada con la descalificación por religiosa -¿de cuándo acá la espiritualidad merece condena social?- de cualquier exigencia de que la discusión tenga carácter racional y considere las razones científicas y los argumentos que hacen que 138 de los 193 países miembros de la ONU mantengan la prohibición total del aborto, con la sola y explicable excepción para situaciones en que el embarazo o el parto representan riesgo para la vida de la madre, admitida en cien países y validada por los expertos en bioética.

Una reflexión razonable sobre la protección de una nueva vida, que es diferente a la de sus fecundadores o a la de la madre que la ampara temporalmente, nunca llega a consensos cuando en ella se enfrentan ideologías con posiciones radicales desde la fe o la no-fe. Coherentes con ello, en EL MUNDO nos desprendemos de nuestra visión cristiana católica para invitar, inicialmente, a las consideraciones jurídicas y éticas sobre una iniciativa que distintos sectores pujan por llevar al debate público.

Hasta muy avanzado el siglo XX, en Colombia podría señalarse que hasta la Constitución de 1991, se validaron conceptos que permitieron la violencia intrafamiliar y los abusos de todo orden contra niños, niñas y adolescentes. En el orden jurídico prevaleció la garantía de respeto a la vida privada de las familias y al papel fundamental en ellas de las cabezas de hogar, en la mayoría de los casos los hombres. La humanidad se siente orgullosa de haber construido tantos avances jurídicos en el respeto a la vida, la integridad y la dignidad personal de todas las personas y de haberlos convertido en leyes que facultan al Estado para intervenir en casos de violencia dentro del hogar, sancionar a los responsables e incluso garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes que estuvieren en riesgo por la violencia ejercida por los adultos, a los que la ley les ha notificado que no son, como se permitió por siglos, dueños de las vidas de sus hijos. El aplauso al avance entra en contradicción con la demanda de una legislación que convierta al embrión (¿porque no se ajusta a nuestra imagen de ser humano? ¿Porque es altamente dependiente de otro ser humano?) en parte, o sea propiedad, de la progenitora, negándole que es otra vida, con un alto grado de dependencia y sin capacidad de defenderse a sí misma, pero otra vida al fin y al cabo, que si no es víctima de un accidente natural o una acción humana voluntaria, seguirá su camino existencial único e irrepetible.

Como instituciones adherentes a la Noviolencia, Fundamundo, nuestra propietaria, y EL MUNDO somos defensores de la vida y los derechos humanos, con opción preferencial por quienes son vulnerables y no pueden cuidar la propia, como sucede con los no-natos que carecen de voz, a quienes les reconocemos que así no hayan ejecutado actos autónomos tienen una vida tan precaria y maravillosa como cualquiera de los seres que pretendemos decidir su futuro. En el análisis ético a las consideraciones de los abortistas, el concepto de qué es vida y la defensa de ese derecho fundamental y superior a cualquier otro, debe ser la guía de la discusión que ahora se inicia.
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Colombie. Il se prétend otage pour extorquer une rançon à ses parents

Ouest France, Nantes
http://www.ouest-france.fr/colombie-il-se-pretend-otage-pour-extorquer-une-rancon-ses-parents-3691696
17 septembre 2015

Un quinquagénaire colombien a été arrêté pour avoir fait croire à ses parents qu’il était otage de la guérilla, afin de leur extorquer une rançon. La rançon correspondait au montant de la vente de leur modeste maison, a annoncé l’armée mercredi. Gabriel Anacona Becerra, 52 ans, « a prétendu avoir été enlevé pour que ses parents versent 10 millions de pesos (environ 3 000 dollars – 2 800 euros), produit de la vente récente de leur humble logement » à Florencia, dans le département de Caqueta (sud-ouest), selon le communiqué de l’armée.

Ce fils indélicat a été arrêté en même temps qu’un complice, Jorge Segura Manrique, 65 ans, surnommé « L’Herboriste » et soi-disant contact des guérilleros du Front 49 des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) auxquels il était supposé payer la rançon. Un premier versement devait être effectué lorsque les parents du prétendu otage ont alerté l’armée qui, après enquête, a interpellé les deux hommes et les a mis à disposition de la justice, selon la même source.

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