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A Oscar Pérez lo mataron después de la explosión

Por ROSIBEL CRISTINA GONZÁLEZ, Diario El Nacional, Caracas

oto referencial María Torres, abogada del Foro Penal, dijo que solo esperan la autorización para entregar los cadáveres de Pérez y su grupo. El Nacional

Los familiares de los fallecidos manifestaron que los cuerpos no presentan señales de descomposición

Hasta ayer, en horas de la tarde, familiares de Oscar Pérez y del resto de sus acompañantes se mantuvieron en la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, situado en Bello Monte, a la espera de la entrega de los cadáveres luego de haber cumplido con el protocolo administrativo del reconocimiento post mórtem el jueves, que duró tres horas: desde las 7:30 pm hasta las 10:30 pm.

Los motivos: la ausencia de los fiscales militares a quienes les compete la entrega formal de los cuerpos, según instrucciones de los tribunales castrenses.

Se pudo conocer que el acta de defunción de Pérez señala que murió de “traumatismo cráneo encefálico severo por herida de arma de fuego en la cabeza”, lo cual apunta a que recibió un tiro después de la explosión por el lanzamisil.

María Fernanda Torres, abogado del Foro Penal, dijo que “el procedimiento se cumplió sin irregularidades”, en presencia de una fiscal del Ministerio Público, a quien no quiso identificar, y el viceministro de investigación penal, comisario José Humberto Ramírez Márquez.

Agregó además que “a los familiares se les permitió ver el rostro de sus parientes. El proceso se retrasó porque la fiscal del Ministerio Público demoró en llegar. Este protocolo se realizó con el propósito de garantizar que todos los familiares tuvieran acceso a realizar el debido reconocimiento. La entrega de los cuerpos depende de los fiscales militares”, dijo.

Al término del protocolo de identificación de cadáveres, el jueves en la noche, familiares del ex inspector del Cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Oscar Pérez y su grupo llenaron los formularios para la emisión de certificados de defunción que luego serían revisados al día siguiente.

Sobre una posible orden de cremación de los siete cuerpos, la abogado reiteró: “Queda descartado que los cuerpos serán cremados. Ningún familiar firmó esa petición ni les han presentado alguna orden que así lo indique. Hasta ahora el escenario planteado es la inhumación de los cuerpos”, explicó.

Aseguró que los siete familiares que hicieron el reconocimiento facial de los cadáveres manifestaron que no presentan ningún grado de descomposición y que los mismos están resguardados en cavas especiales con un precinto de seguridad para evitar que se filtren videos o fotografías.

Finalmente Torres mencionó que Margaret Baduel, hija del general Isaías Baduel, e Irene Olazo, esposa del capitán Juan Carlos Caguaripano, fueron retenidas el jueves por una hora por la policía nacional. “Ellas vinieron a brindar apoyo a los familiares de Pérez y su grupo. No serán presentadas en tribunales”, concretó.

Denuncian 6 desapariciones a manos de fuerzas del Estado

Familiares de los asesinados en la operación Gedeón, que dio caza al ex policía, acudieron a la comisión especial de la AN que investiga la masacre, para denunciar los hechos

El caracterizado y aguerrido policía asesinado por el gobierno de Nicolás Maduro.
Foto El Nacional

Por ARTURO GUILLÉN AGUILLEN@EL-NACIONAL.COM
Allegados de los asesinados de El Junquito denunciaron la desaparición de 6 personas, 12 allanamientos ilegales en Zulia, Táchira y Distrito Capital, y también amenazas de muerte.

La diputada Delsa Solórzano, presidente de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional y quien está a cargo de la comisión especial que investiga la masacre de El Junquito, informó que seis personas, entre parientes y cercanos del ex inspector del Cicpc Oscar Pérez y de su grupo, están desaparecidos desde que fueron detenidos el 13 de enero por “fuerzas paramilitares” del Estado.

La parlamentaria y otros integrantes de la comisión recibieron ayer a un grupo de allegados a las siete víctimas de la operación policial, denominada Gedeón,  realizada en el sector El Araguaney, en el kilómetro 16 de El Junquito, para instruir la investigación cuyo informe presentarán el lunes 22. Los visitantes se abstuvieron de declarar a los periodistas.

Solórzano advirtió que los desaparecidos pueden estar sufriendo torturas por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno para sacarles falsos testimonios. “Los parientes de quienes fueron asesinados en El Junquito son personas de pocos recursos económicos, no son de la burguesía criolla que está en contra el gobierno obrero de Maduro, son gente pobre, del pueblo”, manifestó Solórzano. La diputada dijo que requieren ayuda para costear los gastos funerarios.

El 16 de enero el ministro de Interior, Néstor Reverol, informó acerca de la detención de seis personas señaladas de prestar supuesto apoyo al ex funcionario policial. Entre ellas se encontraba José Antonio Pérez Cisneros, familiar de una de las víctimas, de quien nada se sabe desde el 13 enero, dos días antes de la masacre, cuando se encontraba en Barquisimeto para acudir a la celebración de la Divina Pastora. Por ello Solórzano citó el caso. Allanaron su residencia ubicada en Santa Rosalía, municipio El Hatillo, en busca de dólares y fusiles militares que estaban en presunto resguardo en la vivienda.

Durante el hecho, aseguró la diputada, los funcionarios del Estado golpearon a un familiar frente a su pequeño de 3 años de edad. No conforme con la agresión, indicó, uno de los atacantes le introdujo al niño un arma de fuego en la boca mientras amenazaba a su padre. El relato de lo sucedido lo dio a conocer Zoraida Cisneros, madre de Pérez Cisneros, a la comisión de diputados a cargo de las averiguaciones del caso.

Las otras cinco personas detenidas son las siguientes: Jonaldy Deyón González, Juan Carlos Urdaneta Marcano, Eva María Lugo, Laura Vanessa Ruiz (mujeres que presuntamente fueron detenidas por violar la Ley contra el odio por mensajes publicados en redes sociales, informó la diputada) y Antonio José Aguado Sequera. Familiares también denunciaron a la comisión especial que han recibido amenazas telefónicas contra su integridad.

Al concluir la reunión que se extendió por más de tres horas, en Pajaritos, Solórzano se dirigió junto con los otros diputados a la morgue de Bello Monte para acompañar a los familiares a “retirar los cuerpos”, dijo. También confirmó que el jueves en la noche los parientes pudieron finalmente identificar los cadáveres, pero no se les permitió tocarlos ni a abrazarlos para despedirlos.

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